La contadora Natalia Gallo declaró este lunes en la undécima jornada del megajuicio que se sigue al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, bajo la lupa de la Justicia por tres grandes causas de corrupción en su gobierno. La profesional se desempeño entre 2014 y 2019 en el área contable de las empresas Tep SRL y Next SRL, que funcionan en bulevard Racedo al 400, en Paraná, y que la Fiscalía atribuye al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.
En los papeles, Tep SRL es propiedad de Emiliano Giacopuzzi y de Luciana Almada, esposa de Aguilera; en tanto que Next SRL es propiedad de Maximiliano Sena y de Alejandro Almada, cuñado de Aguilera. Ambas funcionan en el mismo lugar y con idéntico nombre de fantasía: Formato Urbano. La acusación del Ministerio Público Fiscal, contenido en uno de los expedientes que llevaron a juicio a Urribarri, la denominada “causa de la vaca”, sostiene que Giacupuzzi y Sena son “prestanombres” de Aguilera, quien sería el dueño en las sombras.
La acusación sostiene que hubo un manejo “cartelizado” de las contrataciones de publicidad del Estado en vía pública, y que esas maniobras fueron centralizadas por las empresas de Aguilera, que actuaba en tándem con las firmas José María Bustamante, de Paraná, y Fernando Montañana, de Concepción del Uruguay, y que en medio existía un sistema de pago de retornos (“coimas”) para asegurar el negocio.
La imputación fiscal sostiene que durante el gobierno de Urribarri y Báez. en “el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública”.
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En el marco de esa causa, el 24 de mayo de 2018, la Justicia condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional al empresario publicitario Jesús José María Bustamante, acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública en una causa en la que están seriamente comprometidos el exgobernador Sergio Urribarri, su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y el cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
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La Fiscalía había pedido 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para Bustamante -la audiencia de remisión a juicio de esa causa está prevista para el viernes 1° de junio-, pero en un acuerdo abreviado, el empresario aceptó una pena de dos años y ocho meses de cumplimiento condicional. Los términos de ese acuerdo fueron presentados por el Ministerio Público Fiscal en una audiencia pública 15 de mayo, y ratificados por el juez de Garantías, Ricardo Bonazzola.
El juez le impuso el pago de una multa de $90 -en cuotas de $15 mil-, la realización de trabajos comunitarios durante un plazo de tres años, a razón de 96 horas por año, “abstenerse de realizar actos molestas a testigos de la causa”, y como parte del acuerdo de juicio abreviado se decretó el levantamiento del embargo preventivo dispuesto por la Justicia el 2 de febrero último.
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Hoy, cuando declaró, la contadora Natalia Galló aceptó que había un manejo centralizado, y que su rol era manejar los números tanto de las empresas Next SRL y Teps SRL como también ocuparse de la facturación y el cobro de publicidad oficial de Montañana y Bustamante, y también de Publicitar, la empresa de Gustavo Pereyra, el empleado del Partido Justicialista que también estuvo ligado a las empresas que se adjudican a Aguilera. Consciente de lo que podría contar hubiera resultado inconveniente para sus ex patrones, la profesional dudó en algunas respuestas, y fue advertida por el presidente del Tribunal, José María Chemez, de que estaba bajo juramento de decir verdad.
Gallo contó que ingresó a Tep y Next por su relación con la contadora Silvina Ferreyra, del Estudio Contable Ferreyra, que llevaba los números de esas empresas. La conoció cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas. Luego de identificar a qué personas correspondía cuáles empresas, aceptó que hacía trabajos para otras empresas. “Recuerdo haber trabajado con Publicitar y con Bustamante. También con Montañana, que eran nuestros clientes. Ellos compraban lonas y vinilos, creo”, dijo.
Cuando le tocó explicar una serie de correos electrónicos y conversaciones de whatsapp con detalles de sus gestiones de cobro de órdenes de publicidad en el Estado a nombre de Bustamante y Montañana, dio una explicación contable: ellos eran clientes, y debían facturas, y entonces se compensaban deudas con créditos. Pero la explicación no dejó conformes a las fiscales Cecilia Goyeneche y Patricia Yedro, que siguieron interrogándola.
Gallo indicó que había “una administración conjunta” de las empresas Tep SRL y Next SRL, y se factura en función de la venta de producto o de servicio que brindaban a terceros.
-¿Usted gestionaba órdenes de publicidad de Tep, de Montañana y de Bustamante? –preguntó la fiscal Yedro luego de leerles una serie de correos electrónicos obtenidos en uno de los allanamientos realizados en 2016 en las empresas del cuñado Aguilera.
-Yo mandaba a pedir alguna factura a Bustamante. O Corina (Cargnel, la contadora de las empresas) por lo que veo en el correo. No sé si por gestionar se refiere a eso. Puede ser que haya facilitado algunas facturas. No era mi trabajo. Pero si me lo pedían Corina o Emiliano (Giacopuzzi), lo hacía.
-¿Trabajaba como contadora para Bustamante?
-No.
-¿Trabajaba para la empresa de Montañana?
-No.
-¿Era común que desde Tep se pidiera transferencia de dinero para otras empresas?
-Estimo que es por una cuestión del IVA. Bustamante tenía una administración chica y no tenía organización de liquidación de IVA. Estaba excedido en cuanto a IVA y a veces se compensaba así Nos pedía que facturemos nosotros para él poder descargar IVA.
Gallo admitió que Corina Cargnel era también contadora de una empresa de la competencia, Publicitar, de Gustavo Pereyra. “Era un amigo de la empresa. Realizaba un montón de trámites y nos avisaba si había facturas por cobrar en Casa de Gobierno”, señaló. Y dijo que desde Tep SRL y Next SRL se hacían compra para esa firma. También aceptó que en las empresas Tep SRL y Next SRL había personal con media jornada en blanco, y el resto en negro, y que en los pagos se pedía facturar el 50% y el resto «se pagaba en negro».
La declaración de la profesional tuvo dos interrupciones por distintos planteos de los abogados defensores, principalmente de Miguel Cullen, que reprochó el interrogatorio de la Fiscalía.
Al cabo de uno de los cuarto intermedio, la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche justificó la requisitoria en función de la tesis de la acusación, que da cuenta de «todo un sistema de retornos que existía en las imprentas de calle Racedo».
Cullen hizo una observación, que fue corroborado por la testigo: Tep SRL y Next SRL «no tenían como único cliente al Estado», y enumeró una serie de empresas.
Los últimos testigos del día
Por último, en la jornada declararon como testigos Virginia Lisnofsky, actual empleada de la Secretaría de Turismo y que se desempeó en el exMinisterio de Cultura y Comunicación, desde 2008 a 2016; y el abogado Pablo Dimier, Director de Asuntos Jurídicos del Minsiterio de Comuncación.
En primer lugar, Lisnofsky señaló que trabajaba en el Registro de Medios de la provincia, organismo donde los medios se inscribían para luego poder pautar con el Estado. Al respecto, explicó que «los medios hacían una preinscripción online y luego llevaban la documentación que se le solicitaba para darle la inscripción formal. Se inscribían en la página oficial del Gobierno de Entre Ríos».
La fiscal Yedro exhibió documentación del Registro de Medios en el que se leía los legajos de registros de las firmas Tep SRL, de Hugo Montañana y Jesús María Montañana. En los legajos se observaba que no llevaban fechas, pero sí la firma de la funcionaria. Luego se le mostró el legajo de la fima Global Mean, del empresario Germán Buffa, también acusado, en el que sí se observa la fecha en el expediente.
«Ahi empecé a poner fecha, dice 01/11/11. No recuerdo de haber puesto la fecha, pero está ahí. Supongo que se ponía cuando se ponía el alta, pero puede que me lo hayan pedido después. Podíamos reescribir las actas, eso sí recuerdo», señaló Lisnofsky.
Más adelante, ante la consulta del abogado José Velázquez, respondió que ante alguna duda consultaba al asesor legal Walter Carballo, quien hoy es juez en La Paz. «Sé que hubo diferentes personas en lo jurídico pero no sé en qué año. Si tenía algún tipo de duda lo consultaba con los asesores. También hubo muchas idas y vueltas, con el tema de actividades que figuraban en Afip y Ater, eso se fue limando y como todo proceso se fue afianzando, agilizando un montón de cosas. Al principio ponía firma y en otras no», explicó.
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A su tiempo, el abogado Pablo Dimier, Director de Asuntos Jurídicos del Minsiterio de Comuncaicón. Informó que de 2008 a 2011 trabajó en el Concejo Deliberante de Paraná y desde mayo de 2011 a julio de 2015 en la Secretaria de Gestión Pública de la Gobernación; y desde julio de 2015 es Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación.
El funcionario explicó como era el proceso adminsitrativo de su área en cuanto a la contratación de publicidad. Al respecto, dijo que «en el Estado tenemos una normativa específica con respecto a contratación a espacios publicitarios. arranca en 1972 con la Ley nº 5140 que establece mecanismos de contrataciones del Estado y en el artículo 26 se enumera algunos, como la licitación pública y privada, cotejo de precios, y en el inciso H establece contratación directa por vía de excepción».
«A esto se le suma el reglamento 795 de la Gobernación, que establece dos requisitos que hay que cumplimentar, que es el artículo 142 en el inciso A, apartado 10 u 11, la contrataciones que obliga la Ley, como un edicto y el B habla de las manifestación que tengan como interés general el turismo, educación y seguridad. Luego, en 2009 el exdirector de Información Pública sacó dos resoluciones que establecen un Registro de Medios y pautas objetivas para contratación, en ese marco el Estado puede contratar espacios publicitarios para difundir todas manifestaciones ya sean culturales, turísticas educacionales», agregó Dimier.
Consulta si la solicitada contra los Fondos Buitre, firmada por Urribarri, de 2014, era información pública o partidaria, el funcionario evitó dar una opinión al respecto. «No me corresponde a mí determinarlo, sino a la autoridad que es la que define qué va a publicar y qué conducción de comunicación plasma en el gobierno al ser electo por el pueblo», dijo.
Luego señaló que había un área de contenidos que se ocupaba de observar y definir qué se difundía y que su área no era tenía esa competencia.
El juicio continuará con la declaración, el martes y jueves, de los testigos Rubén Omar Ciscato, titular de la Imprenta Ciscato de Santa Fe; Jorge Nigro, director de la firma Punto Art Comunicación S.A; Rina Deymonaz, empleada del exMinisterio de Cultura y Comunicación; Guillermo y Germán Berger, de la empresa El Buey Solo SRL; Raúl Galarza, empleado de las empresas investigadas; Víctor Antonio Malvota, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Lisandro Minigutti, que va a declarar sobre su vinculación con Juan Pablo Aguilera y las empresas involucradas en la investigación.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.