En 1899, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, escribió su Interpretación de los sueños, y en ese libro se explayó sobre lo que desde entonces se denomina el complejo de Edipo: ese sentimiento ambivalente que existe en los niños, de mucho apego hacia la madre y de competencia hacia el padre en la disputa del amor maternal. Edipo es un personaje de la mitología griega, que mata a su padre Layo y, luego, se casa con su madre. Yocasta, según la premonición del oráculo de Delfos.
El abogado José Raúl Velázquez, codefensor del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez, y defensor del empresario Germán Buffa, acudió en varios tramos de su alegato de este jueves a la teoría psicoanalítica del complejo de Edipo para referirse a la teoría acusatoria del Ministerio Público Fiscal, que se sentó a Báez, Buffa y a otros 11 imputados en el megajuicio, acusados de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública por el supuesto direccionamiento de publicidad del Estado en beneficio de las empresas Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; y también por haber ordenado pagar una pauta de publicidad a la empresa Global Means SA, de Buffa, antes siquiera de que esa firma tuviera existencia real.
Los hechos, según el Ministerio Públifoc Fiscal, ocurrieron durante la segunda administración del exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri: entre 2011 y 2015.
“Esta defensa probó que no se ha acreditado el direccionamiento. Tiene que probarse que tuvo Báez tuvo interés en contratar a las empresas Tep y Next, y eso no se ha probado”, dijo Velázquez. “Además –añadió- esas irregularidades administrativas de las que habla Fiscalía son irrelevantes para el Derecho Penal”.
Entonces, acudió a las citas bibliográficas. “La política criminal del Ministerio Público Fiscal padece del complejo de Edipo”, señaló.
Defendió Velázquez las actuaciones de dos empleadas del exMinisterio de Cultura que declararon en el juicio, Florencia Della Ghelfa y Rina Deymonaz, y reprochó el tono del interrogatorio de Fiscalía en el juicio. Habló del “salto metafísico” que planteó el Ministerio Público Fiscal para plantear que Della Ghelfa conocía a Aguilera y sus supuestas empresas. “Era solo una chica que armaba expedientes”, calificó.
Refutó la aseveración de Fiscalía respecto a que Della Ghelfa cobraba en dos ventanillas: por su tarea en el exMinisterio de Cultura y también como empleada de la empresa Tep SRL. “No está acreditado. La Fiscalía presenta expresiones de deseos como hechos acreditados”, fustigó. Dijo que Della Ghelfa sólo realizaba “changas” para Tep.
Megajuicio: perito ratificó el esquema de retornos y los vínculos con el cuñado
“El Ministerio Público Fiscal no le mostró a Florencia Della Ghelfa esa planilla donde ella figuraría como empleada de Tep. Esperaban que Florencia diga que no trabajó con TEP. La idea era ponerla incómoda. Esa estrategia parte de la idea de que todos los agentes públicos son tolerantes a la corrupción”, analizó.
Entonces, apeló a la teoría del complejo de Edipo: “Evito la verdad, y dejo la laguna: que el tribunal cubra esa laguna”.
Respecto de la aseveración de la acusación en relación a que Aguilera era el verdadero dueño de Tep SRL y Next SRL, Velázquez aseveró que “esto no está acreditado. Es un chisme. Tiran chismes, y esto no es una construcción propia del Derecho Penal”.
Tampoco, dijo, el Ministerio Público Fiscal pudo probar que las contrataciones de publicidad en vía pública con la empresa Nest SRL hubiera existido “direccionamiento” de parte del exministro Báez. “Sólo lo vinculan a Báez por su vínculo político. Esto denota falta de evidencia”, planteó.
Entonces, lanzó un tiro por elevación y citó la implicación de la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche con uno de los investigados en la causa de los contratos truchos en la Legislatura. En particular, el allanamiento al estudio del cual es socio el contador Pedro Opromolla, con quien Goyeneche supo tener relación comercial y de quien es amigo su marido, Sebastián Orlando Bertozzi. “En el ámbito penal, no puedo suponer que por el solo vínculo familiar entre la fiscal y su esposo o con el socio del estudio contable, por ese solo hecho no puedo deducir que le contó el marido al socio para que no vaya al estudio contable el día del allanamiento. El día del allanamiento Opromolla no estuvo en el estudio. Imagínense, si se secuestraba el celular de Opromolla se pudría todo, habrán pensado. Pero eso es de literatura. Si queremos sostener eso en el ámbito penal, hay que probarlo”, dijo.
Vuelta a la teoría del Complejo de Edipo: “El Ministerio Público Fiscal evita la verdad y avanza por donde no corresponde para justificar una acusación basada en los intereses políticos de la cúpula del Ministerio Público Fiscal”.
“Nunca se corroboró que esto era a cambio de retornos con distintos porcentajes”, aseguró Velázquez al refutar uno de los principales argumentos de la acusación: direccionamiento y sistema de retornos entre las empresas que participan del negocio de las contrataciones de publicidad del Estado en vía pública.
Dijo que las contrataciones se enmarcaron en un “procedimiento conforme a la normativa. La acusación tiene que ver con críticas a una metodología de trabajo. Estas mismas críticas que Fiscalía hace a un Ministerio se pueden aplicar a irregularidades del propio Ministerio Público Fiscal: dejaron de publicar resoluciones, no llaman a concurso desde 2014 para secretarías administrativas. Pero eso no son irregularidades. No podemos deducir ilicitud en eso. Es parte de la política criminal de la Procuración”.
Al final, pidió al tribunal “una decisión ajustada a derecho”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora