Gustavo Pereyra brindó este jueves un pormenorizado testimonio en el megajuicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, y detalló de qué modo operaban, con una lógica cartelizada, según la acusación de la Fiscalía, las firmas Cinco Tipos, Formato Urbano, Tep SRL y Next SRL, todas que se adjudican a Juan Pablo Aguilera, cuñado del extitular del Poder Ejecutivo, en la contratación de publicidad estática en vía pública otorgada por el Estado provincial. Pereyra es empleado del Partido Justicialista (PJ) en el área administrativa, y desde ese lugar trabó relación con las empresas de publicidad, y él mismo se lanzó a ese negocio.
Entre 2014 y 2017, Pereyra tuvo una agencia de publicidad, Publicitar, y utilizó su lugar privilegiado de empleado administrativo del PJ, encargado de pagar las contrataciones de campaña, para ofrecer sus servicios publicitarios a los municipios. Pero también dio un dato llamativo: fue empleado de Cinco Tipos, la empresa predecesora de Tep SRL y Next SRL, y compartió uno de los locales donde funcionó su firma, en calle Irigoyen 885, para que sus “competidoras” en el negocio de la publicidad estática en vía pública la convirtieran también en su cuartel general.
Incluso, admitió que Juan Pablo Aguilera, quien ha sido sindicado por la Fiscalía como el verdadero dueño de Tep SRL y Next SRL, pagó parte de los gastos de los servicios de ese local de calle Irigoyen donde funcionó su empresa Publicitar antes de mudarse a calle Monte Caseros. Al tratar de explicar el porqué de sus redes de contacto con Cinco Tipos, la antecesora de Tep SRL y Next SRL, mencionó que todo se origina en la relación que el Partido Justicialista tenía con el estudio contable Ferreyra. En ese estudio contable se desempeñaba como pasante Corina Cargnel, luego convertida en contadora de las empresas Tep SRL y Next SRL.
El eje
El megajuicio incluye tres grandes causas unificadas en un único expediente: e N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.
Sobre esas investigaciones, este jueves el debate se centra, a partir del testimonio del empleado del PJ, en la denominada «causa de la vaca». En el alegato de apertura, el 27 de septiembre último, la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, detalló de qué modo se operó con las publicidades estáticas en vía pública para beneficiar a dos empresas que adjudicó al cuñado de Urribarri, Tep SRL y Next SRL, y con qué dinámica actuaban en forma “cartelizada” con las firmas Fernando Montañana y Jesús Bustamante para la distribución de las pautas publicitarias, en maniobras delictivas “en continuado” entre 2010 y 2015.
En esas maniobras de cartelización, se sustrajo del erario público la suma de $21,5 millones, que dolarizada al valor de entonces representaba 3.250.000 dólares.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de más de $20 millones a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro de Cultura Pedro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”.
Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
En la tramita de la causa, la Fiscalía ha relatado de modo pedagógico la conformación de una organización delictiva para la captación de forma exclusiva de la publicidad oficial en vía pública entre Tep y Next, de Aguilera, más Bustamante y Montañana, que ello sucedió así entre 2010 y 2015, y que para garantizar la permanencia en ese círculo cerrado era condición sine qua non el pago de sobornos. Señala que en ese período se perpetró una “maniobra irregular”, “sorteando la libre competencia”, y que el Estado pagaba contra la presentación de “ficticias constataciones” del trabajo realizado. O sea: se pagó por publicidad que jamás se hizo, y que se justificó su realización con, por ejemplo, fotos trucadas.
El encargado de chequear que la publicidad contratada efectivamente se hiciera era Gustavo Tamay, exfuncionario del Ministerio de Cultura, dependiente directo de Báez.
“Bustamente y Montañana participaron de ese mecanismo, siendo beneficiados en un porcentaje de la publicidad oficial, acordando previamente que, una vez cobrado el monto de la publicidad otorgada por el Estado, de ese total, un porcentaje era reembolsado a Aguilera, a través de la contadora Corina Cargnel, quien tenía a su cargo la gestión, seguimiento y control de los contratos, y la percepción de los retornos”, aseguró en algún momento el fiscal Gonzalo Badano.
En la investigación penal preparatoria, dijo el fiscal, quedó comprobado que Urribarri y Báez “sustrajeron fondos públicos mediante la contratación de publicidad que se direccionaba hacia Aguilera, Bustamante y Montañana. Esta maniobra se realizó por medio de una organización cuyo fin era beneficiar a Aguilera y a sus testaferros. Las empresas Tep SRL y Next SRL se atribuyen a Aguilera. Encontramos evidencia suficiente para sostener que son de Aguilera”.
Pero la participación de Bustamante y Montañana en esa distribución direccionada de la publicidad entre 2010 y 2015 se hizo mediante un acuerdo previo: el pago de retornos. “Montañana y Bustamente se comprometieron a retornar parte del dinero que ganaban al señor Aguilera. Para eso tuvo intervención directa Corina Cargnel, que es contadora de Aguilera. Cargnel era el nexto entre el Ministerio de Cultura y las distintas empresas”, aseveró Badano.
Los secuestros llevados adelante en las oficinas de Tep SRL y Next SRL, en bulevard Racedo al 400, en agosto de 2016, permitieron incautar material y documentación que probarían, según la Fiscalía, el modus operandi de la organización y el pago de los sobornos. Lo más relevante resultó la información hallada en la oficina de la contadora. “Corina Cargnel estaba al tanto de los pagos del Ministerio de Cultura. Y le indicaba a Bustamante cómo debía presentar las facturas. A raíz de ese hecho, de saber cuándo Cultura abonaba las facturas a las empresas, apenas salía un pago, Corina Cargnel se comunicaba con Bustamante para que éste efectúe los retornos a la empresa de Aguilera. Ellos le denominaban el sistema de compensación”, detalló.
Las coimas que pagaba Bustamente a las empresas de Aguilera eran mediante la presentación de facturas por prestaciones “ficticias”. Dijo el fiscal Badano que las coimas no sólo iban a las cuentas de Tep SRL y Tep SRL, sino también a las de los proveedores de éstos.
La estructura de funcionamiento de ese mecanismo de pago de coimas quedó probado, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal, a partir de mails y comunicaciones vía whatsapp.
La logística implicaba que, por ejemplo, Bustamante dejaba en las oficinas de las empresas de Aguilera hojas membretadas en blanco, con su firma, para que la contadora Cargnel las completara, y presentara la oferta ante el Ministerio de Cultura en una determinada contratación que se sabía de antenamno que iría a cualquiera de los tres participantes.
Las pericias contables llegaron a determinar que entre 2010 y 2015 la empresa de Bustamente recibió contrataciones de publicidad en vía pública del Gobierno por un monto superior a los $6 millones, pero de esa cifra total, $3,3 millones habría sido pagado en forma irregular. Aunque al aceptar su participación en los ilícitos, el empresario publicitario sólo deberá hacer frente al pago de una multa de $90 mil, en cuotas de $15 mil.
Para determinar esas maniobras fue clave la información hallada en un disco rígido que fue eje de la audiencia del último martes.
Pero este jueves la relevancia estuvo en el testimonio del empleado del Partido Justicialista.
Qué dijo
Gustavo Pereyra brindó este jueves un pormenorizado testimonio en el megajuicio, y detalló de qué modo, siendo empleado administrativo del Partido Justicialista y a la vez proveedor y socio de las empresas Cinco Tipos, Tep SRL, Next SRL, todas adjudicadas a Juan Pablo Aguilera, realizó gestiones con el Estado provincial en los trámites de contratación de publicidad estática en vía pública.
“Conozco a Aguilera, Cargnel y a Giacopuzzi. A Corina la conozco del Estudio Ferreyra. Soy empleado del Partido Justicialista. El Estudio Ferreyra es el estudio contable del Partido Justicialista. La conozco de cuando era pasante de su carrera. De ahí la conozco a Corina. A Aguilera, por el Partido. Ha sido miembro del consejo provincial y ha tenido algún que otro cargo dentro del Partido. Fue secretario político administrativo del Partido. Y con los otros chicos –se refiere a Emiliano Gioacopuzzi y Maximiliano Sena, dueños en los papeles de Next SRL y Tep SRL, señalado por la Fiscalía como “prestanombres” de Aguilera, NdelR- tengo confianza por ser proveedores, todos ellos, alguna vez del Partido Justicialista dentro de sus campañas políticas que habitualmente hace para cualquier elección”, relató.
En la séptima jornada del megajuicio el tema se centró en una de las tres causas que sentó a Urribarri en el banquillo: la denominada “causa de la vaca”, que el Ministerio Público Fiscal reprocha como manejo cartelizado de la publicidad estática en vía pública que contrató el Gobierno de Urribarri entre 2010 y 2015. Según la acusación, de esas contrataciones participaban cuatro empresas: Tep SRL, Next SRL, Jesús Bustamante y Fernando Montañana. Entre esas firmas absorbían todas las contrataciones, y había un circuito de pago de coimas que beneficiaban a las empresas que se adjudican a Aguilera.
Gustavo Pereyra contó que es empleado del Partido Justicialista en el área administrativa desde el año 1992. En 2014, buscó un segundo ingreso y se metió al negocio de las agencias de publicidad, y ahí afianzó su relación con Aguilera, Giacopuzzi, Sena y Cargnel. Además, reveló que tuvo un contrato en el Senado, cuando José Cáceres ejerció como vicegobernador, entre 2011 y 2015. “Era un contrato político. Estaba a cargo de José Cáceres, que era el vicegobernador. Me pidió que le dé una ayuda. Era un trabajo tranquilo. No tenía horario ni función específica. Simplemente ayudarlo con cuestiones políticas en su tarea de vicegobernador”, explicó.
Contó, además, que en 2014 formó la empresa Publicitar, de modo que entre 2014 y 2015, cuando terminó su contrato en el Senado, tuvo tres actividades: empresario publicitario, empleado de la Vicegobernación con un contrato político y su tarea más extensa, administrativo del Partido Justicialista.
Pereyra hizo un relato candoroso de ese período como empresario publicitario, pero pronto cayó en su propia trampa: la Fiscalía fue mostrándole documentación y correos electrónicos que demostrarían que trabajó de modo cartelizado con Tep SRL, Next SRL, antes Cinco Tipos, Montañana y Bustamante. Dijo que Publicitar primero funcionó en su casa, luego en calle Irigoyen 885 y al final se mudó a Monte Caseros 241/245, y allí terminó su etapa como empresario: cerró su empresa en 2017.
La “empresita” –así la llamó- dio un primer salto de envergadura: logró un contrato con la Municipalidad de Paraná para colocar “carapantallas” en distintas esquinas de la ciudad con cartelería publicitaria. Era entonces una sociedad unipersonal, y por exigencias contractuales debió contratar dos empleados que, según documentos de la Fiscalía, figuraban también a nombre de Tep SRL y Next SRL.
Para alquilar la segunda sede de Publicitar, admitió Pereyra, debió conseguir garantes. Uno de ellos fue Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri; el otro, Sergio Cardoso, exdirector administrativo contable de la Cámara de Diputados, imputado en la causa de los contratos truchos en la Legislatura. Y su contadora fue Corina Cargnel.
“Conocí a Corina en el Estudio Contable de José Ferreyra, que era el contador externo del Partido Justicialista. Primero fue el padre, y después a cargo de ese estudio contable quedó la hija, Silvina Ferreyra, que es la actual contadora externa del Partido. Era la contadora también de las empresas Tep y Next”, relató.
-¿Alguna vez realizó tareas para las empresas Tep o Next? –preguntó la fiscal Patricia Yedro.
-Yo he pedido favores en todos lados para mi empresa; también he podido ayudar, porque he sido agradecido. Los he ayudado a los chicos en su parte administrativa. Tanto a Tep como a Next he ayudado. Hay todo una cuestión de tramites en Casa de Gobierno, preguntar por un pago, y obviamente, yo pasaba por los servicios administrativos contables para recibir aportes de funcionarios al Partido así que tenía contactos con todos. Me ofrecía para seguirles expedientes o consultar pagos. Eso hacía para Giacopuzzi, dueño de Tep, y para Sena, dueño de Next, que antes fue Cinco Tipos. Los conocía porque trabajaban para el Partido Justicialista y yo era el encargado de recibir las facturas y tramitar los pagos por los servicios al Partido.
Dijo además que esa “ayuda” que les brindaba surgió por la relación que entabló a partir de un mismo nexo: el estudio contable de todos ellos era el de Silvina Ferreyra. “La contadora Ferreyra me pidió que yo les dé una mano en la parte de administración”, aseguró. Luego, ante una pregunta de Fiscalía, aceptó que trabajó para Cinco Tipos, la antecesora de las firmas que vinieron después, Formato Urbano, Tep SRL y Next SRL. “Mi idea fue crecer económicamente. La idea fue buscar otro trabajo. En algún momento surgió el proyecto de estos chicos que se estaban reorganizando como empresa. Teníamos pensado que yo pudiera ser parte de ese trabajo. Formé parte de Cinco Tipos, pero siempre en un potencial trabajo, que después no se desarrolló”, contó.
-¿Cobraba por ese trabajo en Cinco Tipos? –preguntó Fiscalía.
-Yo en aquel momento sí cobraba. Pero como el estudio contable era el mismo del Partido, lo iba haciendo como favor, porque yo iba aprendiendo. Yo quería aprender y tener otro trabajo. Sí cobraba pero no algo legal Nunca fui empleado legal.
Detalló que en Cinco Tipos “colaboró” entre 2009 y 2010; en 2014 fundó su propia empresa publicitaria, Publicitar, que la mantuvo hasta 2017.
Pero por su rol en el área contable del Partido Justicialista podía conseguir clientes en los distintos estamentos del Estado. De ese modo, se fue convirtiendo en nexo privilegiado para conseguir contratos y cobrar una retribución por esa tarea. “Al tener contacto desde mi función en el Partido Justicialista, podía venderles servicios y obtener rédito para mí. Como cualquier vendedor, me quedaba un porcentaje. No facturaba yo. Lo facturaba Tep. O Next y después ellos me daban una comisión de venta”, reveló.
La Fiscalía llevó el interrogatorio al testigo para determinar el nexo de Aguilera con Tep SRL y Next SRL. Gustavo Pereyra buscó eludir las preguntas. “A Aguilera lo conocía del Partido”, admitió. “Su esposa era socia en las empresas”, agregó.
-¿Qué vinculación tenía Aguilera con Tep?
-Por amistad, calculo
-¿Cumplía algún rol?
-No que yo sepa.
Después, le consultaron por qué Aguilera y miembros de Tep SRL y Next SRL utilizaban las oficinas que Pereyra había alquilado en calle Irigoyen para el funcionamiento de su empresa Publicitar. Al respecto, explicó: “Le presté a Aguilera la oficina por una cuestión política. Juan Pablo era miembro del consejo del Partido, tenía a su cago el área administrativa . Para poder desarrollar esas actividades, la sede del Partido es complicada por la cantidad de gente que hay. Yo se la prestaba por una cuestión de afinidad y causa común del Partido. No había nada de otra cosa”.
-¿Se hacían reuniones de la empresa Tep en su oficina de calle Irigoyen?
-Sí, porque teníamos esa conexión. Y porque además el taller de calle Racedo más de una vez hacía ruido, y podíamos estar en mi oficina de calle Irigoyen más tranquilos.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora