El abogado penalista Guillermo Mulet cruzó fuerte al exvicegobernador y actual diputado provincial José Orlando Cáceres por la defensa que hizo de la gestión del exgobernador Sergio Urribarri, que desde el 27 de septiembre está siendo juzgados por cinco causas en lo que se ventilan supuestos hechos de corrupción en su gobierno.
Dijo Cáceres: «Son acciones de gobierno, que están debidamente registradas y se basan en decisiones de gobierno habilitadas por nuestra Constitución. Porque en definitiva, lo que sale a la superficie es que lo que se está juzgando y también condenando socialmente, son los actos administrativos de un gobierno peronista y eso hace muy difícil el debate».
“En realidad, el juicio no es solo Urribarri. También, a un grupo de sus colaboradores, algunos empresarios y algunos parientes, que desviaron fondos y supuestamente se beneficiaron con retornos de contratos públicos, como su cuñado (Juan Pablo) Aguilera, y la esposa de su cuñado, y una contadora que habría participado. No es solamente un juicio a Urribarri, sino a varias personas más. Pero no se lo juzga porque haya sido gobernador, eso solamente califica el delito. Se lo está juzgando como a cualquier persona”, expresó el abogado.
En declaraciones que formuló a Radio Mitre, Mulet también respondió los dichos del diputado Cáceres y, de modo irónico, aseguro que “a veces no tiene los patitos en fila”. Y le reprochó su rol en la investigación penal que lleva adelante por la existencia de contratos truchos en la Legislatura en tiempos en que ocupó la presidencia del Senado. Cáceres no está imputado en esa causa, hecho que según el letrado se debe a una decisión de “política criminal” adoptada por el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García.
Luego rechazó los dichos del legislador y negó que en el megajuicio se esté juzgando al peronismo. “Acá no se juzga al peronismo. Se juzgan, sí, determinados actos administrativos pero que tienen esencia penal”.
“Yo soy respetuoso de las sentencias, cuando me salen a favor y cuando me salen en contra. Cuando me salen en contra, voy en apelación ante un tribunal superior. Pero lo importante de esto es el hecho histórico de que por primera vez en la historia de Entre Ríos un exgobernador y sus ministros están sentados en el banquillo. Y esto es importante porque la Justicia lentamente está avanzando y va dejando de lado que a los poderosos no se los juzga. Después, qué pasará con el juicio, es una cuestión de pruebas. La Fiscalía dice que tiene todas las pruebas”, aseveró.
Respecto del argumento de que todas las acciones del gobierno de Urribarri que están siendo sometidas a juicio atravesaron los filtros de los organismos de control, Mulet recordó que quien estaba al frente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos era Guillermo Smaldone, “un ladero de Urribarri que no reunía condiciones constitucionales para ocupar ese cargo”.
La unificación
El 13 de agosto de 2020, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná integrado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón -el posible, luego de una catarata de inhibiciones de excusaciones de otros magistrados para intervenir en el caso- resolvió que no habría tres juicios en contra del exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, sino uno solo.
De ese modo, la Justicia llevó a Urribarri al banquillo con tres grandes causas unificadas en un único expediente: el megajuicio incluye tres causas de corrupción acumulados, y de ahí el nombre: N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.
La decisión se adoptó cuatro días antes del inicio, el 17 de marzo del año último, del juicio por la causa del Sueño Entrerriano.
Entonces, como ahora -que estaba previsto que el megajuicio se iniciara este jueves 16 de septiembre y no pudo ser-, la piedra de toque que derivó en el aplazamiento del proceso a Urribarri -el segundo que se suspendió en 2020- fue a propósito de un planteo de los defensores, que argumentaron riesgos sanitarios por la pandemia de coronavirus y la imposibilidad de llevar adelante un proceso que involucra a personas con factores de riesgo. Pero además argumentaron la «conexidad subjetiva»: esto es que se tramitan tres causas en juicio oral con el mismo imputado y los mismos delitos. La primera, la «causa de la vaca», que se iba a concretar en 2020 pero se suspendió; «el Sueño Entrerriano», y el proceso que tiene fecha para octubre, en el que se investiga la distribución amañada de publicidad oficial, que también se suspendió.
Cada una de esas causas se tramitaron en forma separada y, durante 2020, se fijaron los días de juicio. Pero en forma sucesiva fueron suspendiéndose. El jueves 13 de agosto, el tribunal que finalmente quedó para juzgar a Urribarri, conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón –se habían excusado Alejandro Grippo, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo, primero; y Pablo Andrés Vírgala y Gervasio Pablo Labriola, después- decidió suspender, por razones sanitarias, el inicio del juicio, el “Sueño Entrerriano”, y resolvió la unificación: la primera, la «causa de la vaca», que se iba a concretar ese año pero se suspendió; «el Sueño Entrerriano», también suspendido; y el proceso que tenía fecha para octubre del año pasado, en el que se investiga la distribución amañada de publicidad oficial, que también se suspendió.
El 6 de septiembre de 2019, el juez de Garantías Ricardo Bonazzola decidió elevar a juicio la megacausa del Sueño Entrerriano, en la que están imputados por los supuestos delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública el exgobernador Sergio Urribarri, los ex ministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el cuñado del exprimer mandatario, Juan Pablo Aguilera.
La megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano
Las audiencias del juicio se habían fijado para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre de 2020.
Pero no hubo juicio por el Sueño Entrerriano. Fue, como se dijo, el segundo juicio que se suspende a Urribarri. El primero que se iba a sustanciar contra el hoy embajador en Israel, el que se denomina mediáticamente como «Causa de la Vaca», ya lleva tras aplazamientos.
En abril de 2020, la Justicia suspendió el primero de los tres juicios que iba a sentar en el banquillo a Urribarri. Se trata la denominada «Causa de la vaca», con fecha de inicio de las audiencias previstas para 27 de abril del año pasado y que se extenderían por un mes: hasta el 27 de mayo.
Aquella vez, la suspensión se fundamentó en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
El juicio debió comenzar el 20 de noviembre de 2019, pero diez días antes se suspendió a pedido de un grupo de abogados defensores por cuanto las audiencias se iban a superponer con la sustanciación de las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta que se tramitaba en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, juicio en el que finalmente terminó condenado el exintendente de Paraná, Sergio Varisco. La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la denominada «causa de la vaca», que investiga el pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la que están imputados, entre otros, Daniel «Tavi» Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores.
Fue el segundo aplazamiento. En realidad, el juicio tenía fecha de inicio para el 29 de julio de 2019, pero la petición de dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que argumentaron problemas de salud, derivó en la primera suspensión.
Restaba, sin embargo, un tercer juicio de Urribarri.
En febrero último se conoció la resolución judicial que fijó fecha a un nuevo juicio, el tercero, que iba a enfrentar este año el exgobernador y designado embajador en Israel Sergio Urribarri: los días 26, 28, 28 y 30 de octubre de 2020 fueron las fechas que se fijaron para los debates en la causa en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública en la que también están involucrados el exministro de Cultura y Comunicación y exlegislador provincial Pedro Ángel Báez, y el empresario pizzero Germán Buffa.
La resolución de los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo se dio en el marco de la causa en la que Urribarri y Báez están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario.
En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.
Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente , un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. Todo fue extraño, a decir verdad: la orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.
La imputación precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez Director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.
El primero fue bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil.
Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva las firmas de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.
Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.
Buffa está sindicado por el Ministerio Público Fiscal de ser «testaferro» de Báez. “Claramente esta empresa pertenece a Báez”, llegó a decir en una audiencia la fiscal Matilde Federik en relación a Global Means.
Pero ese juicio ni siquiera se pensó realizar: en agosto, dos meses antes del inicio de las audiencias, se dispuso la unificación de las tres causas en el ahora megajuicio.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora