Pedro Ángel Báez, el exsuperministro de Cultura y Comunicación durante la administración de Sergio Urribarri, declaró hoy en el megajuicio que se sustancia desde el 27 de septiembre último y negó de forma enfática haber cometido delitos. Más aún: relacionó la imputación que le hace el Ministerio Público Fiscal en 4 de las 5 causas penales que conforman el megauicio a «antiguos prejuicios sobre gobiernos populares, democráticas y especialmente de un determinado signo políltico».
Báez habló en tercera persona la mayor parte de su larga exposición, y en ese tonó se preguntó: “¿Por qué solo nosotros somos merecedores de grandes imputaciones. La apertura de estas causas por actos de gobierno tienen el objetivo de enlodar una determinada gestión de gobierno”. En la apertura de su declaración de imputado -en la que no aceptó preguntas del Ministerio Público Fiscal-, dijo, en un monólogo extenso: «No he cometido ningún delito, tampoco los que se imputan».
Pero la Fiscalía entiende otra cosa: está imputado en 4 de las 5 causas que se tramitan en el megajuicio.
La declaración de Báez se vio demorada más de media hora por problemas técnicos en la transmisión de la audiencia a través del canal de YouTube del Poder Judicial. Cuando los percances técnicos pudieron sortearse, el exministro y exdiputado provincial, que fue 4 años director de Información Pública y 4 años ministro de Cultura y Comunicación, dio su versión de los hechos que se investigan respecto de su gestión. “Desde que iniciamos la gestión han transcurrido 14 años. En 14 años no hay un solo pago detectado por los organismos de control que merezca la calificación de irregular, no hay una sola acción de lesividad, un solo juicio de cuentas”, afirmó.
Respecto de la así llamada “causa de la vaca” o de las imprentas, y que según la Fiscalía se trata del “direccionamiento” de las pautas publicitarias en cartelería del urribarrismo hacia empresas ligadas al cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, descartó que hubiera ocurrido algo así. Dijo que a Aguilera lo conocía de la militancia política, y negó haber tenido relación alguna vez con la contadora de esas firmas, Corina Cargnel, también imputada en el megajuicio.
Realizó un detallado resumen de sus ocho años de gestión y de las reformas aplicadas en las políticas de contratación de publicidad desde el Gobierno, sobre todo en materia de controles. “Había controles más laxos que los que nosotros establecimos luego. Nosotros revertimos esa situación”, afirmó.
Luego, agregó: “Si hubiésemos querido hacer aquellas cosas que se nos imputan, no hubiésemos tomado decisiones que en la práctica significaron limitar la discrecionalidad para la asignación de pauta publicitaria ni hubiésemos establecido controles estrictos”. Defendió, no obstante, el sistema de contratación directa en materia publicitaria desde el Estado. “Los procedimientos a través de los cuales se contrataban servicios publicitarios fueron los correctos, amparados por la normativa vigente y no es cierto que hayamos sorteado los mecanismos legales vigentes”, aseveró.
Sólo mencionó una “recomendación” formulada por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, que, dijo, fue receptada y contestada. “Fue el único aporte escrito y firmado que durante todos estos años nosotros recibimos”, apuntó Báez.
Negó “rotundamente” haber direccionado contrataciones publicitarias hacia determinadas firmas. “No direccionamos publicidad. Lo que hicimos fue contratar a las empresas prestadoras de servicios de publicidad en vía pública que reunían los requisitos para prestar ese servicio”, dijo respecto de las imputaciones por los contratos que firmó con las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera. “No tenía alternativas. Eran esos prestadores o la nada. Y esa misma falta de alternativas la tiene hoy quien tiene la responsabilidad de llevar adelante la comunicación gubernamental”, añadió.
Respecto de Aguilera, dijo: “Compartíamos un mismo espacio político. Debo decir que, a pesar de esa relación y conocimiento, nunca hablé con él. No hablé con él sobre las campañas publicitarias y tampoco hablaba con él de las campañas publicitarias partidarias. Era el responsable de la publicidad institucional del Gobierno; y Aguilera de la publicidad partidaria”.
“Así como no hablé con Aguilera, tampoco hablé con Fernando Montañana, a quien no conozco, y no hablé con (Emiliano)Giacopuzzi. A Giacopuzzi sí lo conocía, y seguramente muchas veces habré hablado por la actividad política –explicó-. Tampoco la conocía a Corina Cargnel. La conocí el primer día de este juicio. Sí hablé una sola vez con (Jesús) Bustamante, cuando me pidió una audiencia que le concedí. Pero no hablamos de este tipo de trabajo, sino que la charla discurrió respecto a la organización de un festival de boxeo en el Echagüe. Fue a pedir un auspicio”.
“Sí hablaba y con mucha frecuencia con muchos otros actores del escenario mediático”, concedió Báez, y ese dato puso de relieve un sello de su gestión: la excesiva injerencia en la política editorial de muchos medios, como fue el caso de El Diario, de Paraná.
Dio un ejemplo de la relación comercial con una de las firmas que se adjudican a Aguilera, Tep SRL, que recibió, entre 2010 y 2014, un total de $7,3 millones en pauta publicitaria en vía pública, cuando la contratación había sido por más de $8 millones. Dijo que se descontó más de 1 millón por una serie de incumplimientos detectados.
Después, defendió la tarea de control y certificación de la publicidad en vía pública, que, dijo, “nos permitió detectar incumplimientos”. En ese sentidio, afirmó: “Nunca se pagó nada que no se hubiera hecho”.
Fondos buitre y paraísos fiscales
Respecto de la contratación de espacios en varios medios del país para publicar una solicitada contra los fondos buitre –y que es parte de la imputación en el “Sueño Entrerriano”- defendió esa decisión. “Reflejaba la posición del Gobierno provincial frente a la crisis desatada con los fondos buitre a partir del fallo del juez Griesa. Nosotros formábamos parte de la fuerza política que en ese momento gobernaba la Argentina –justificó-. Nuestro gobierno estaba jaqueado por operaciones globales que financiaban esos fondos buitre a través de grandes medios. Incluso, financiaban a buena parte de la oposición política, a través de fundaciones o transferencia de cuentas a paraísos fiscales”.
Báez dijo ante el tribunal que “las mismas empresas que administran Twitter y Facebook reconocieron que a partir del pedido de esos fondos buitre, llevaron adelante campañas políticas antiargentina” desde las redes sociales. “La historia nos enseña que cuando los pueblos y sus dirigentes no logran acuerdos amplios y profundos, terminan sucumbiendo frente a estos poderes fácticos. El gobernador de Entre Ríos tenía méritos ganados –para publicar esa solicitada-, trascendía la provincia y se había ganado el respeto y la confianza del Gobierno nacional y eso le confería autoridad para levantar una voz y ser escuchado por sus pares. La solicitada es un reflejo de un ejercicio responsable de la autoridad provincial federal que reclama y que trasciende la provincia para defender la integridad territorial frente al embate de un poder externo”, pontificó el exministro.
Más adelante, apuntó: “La acusación de que esta solicitada formaba parte de un dispositivo de instalación política electoral se desmorona por la mera lectura de su texto”.
Los spots del “Corcho” Rodríguez
Báez también justificó la contratación, por unos $28 millones, de la empresa Nelly Entertainment SA, del exmarido de Susana Giménez, Jorge “Corcho” Rodríguz, para la difusión nacional de 4 spots publicitarios, dizque promocionar la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, pero que según Fiscalía sirvieron para instalar el “Sueño Entrerriano” en todo el país.
Dijo que esos videos, los cuatro, mostraron “las obras que estaban transformando el paisaje” de Entre Ríos. También argumentó a favor de la contratación directa y la rapidez en la aprobación de la contratación de obras y servicios para la Cumbre que ocurrió en aquel 2014. “Hubo que hacer todo en menos de 40 días –señaló-. En ese marco, había en la provincia un convencimiento generalizado de que la decisión de que Paraná fuese sede de ese evento no era decisión adoptada por descarte o por casualidad. Tenía que ver con ese proceso de desarrollo”, dedujo. “Ese convencimiento lo tenían amplios círculos dirigenciales”, agregó.
Respecto de la contratación de Nelly Entertainment evaluó que “comenzaba a conformarse la idea amplia de que los motivos que habían llevada a que Entre Ríos fuese distinguida con esa decisión merecía ser comunicada a todo el país”. Pero dijo que nunca habló con el “Corcho” Rodríguez ni supo de la existencia de su empresa, “de manera que mal pude haberme interesado en su contratación, como se me acusa”.
“Si el reproche es por el contenido de los spots. Es un tema distinto. Un spot es un tema opinable. Pero es opinable tanto como subjetivo”, razonó el exministro.
“Queda claro que los reproches que se nos formulan están, en buena medida, sustentados en suposiciones, en el desconocimiento de cómo funciona la Administración en el día a día, y también en antiguos prejuicios sobre gobiernos populares, democráticos y especialmente de un determinado signo político. Como todo prejuicio carece de racionalidad, y obedece al campo de lo cultural y emocional”, evaluó.
El megajuicio comprende 5 causas penales por hechos de corrupción, unificados en una única causa: el Sueño Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución amañada de publicidad oficial. El «Sueño» agrupa, a su vez, tres causas penales. Pedro Báez está imputado en 4 de las 5 investigaciones penales.
Esas tres causas de corrupción acumulados derivan en el hecho de que este juicio reciba el mote de megajuicio: N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.
Foto: Gentileza Análisis Digital
De la Redacción de Entre Ríos Ahora