La 17º audiencia del megajuicio al exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, a quien se acusa de haber financiado su aspiración a precandidato a presidente en 2015 con fondos públicos, abrió con el testimino del bioingeniero Juan Francisco Rossi, perito del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y unos de los especialista que realizó cotejos comparativos entre las imágenes relativas a la campaña de Urribarri y las contrataciones pagadas por el gobierno provincial.
Rossi declaró respecto a su actuación en dos investigaciones: las conocidas mediáticamente con el nombre “La causa de la vaca” y la del «Parador», que trata sobre la promoción que se realizó en Mar del Plata a comienzos de 2015. En la primera, la Fiscalía sostiene que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago se hacía utilizando una misma foto o fotos adulteradas; mientras que, en el segundo legajo, afirma que se utilizó el parador para promocionar la figura de Urribarri.
En la «causa de la vaca», Rossi aseguró que junto al perito Carlos Orzuza comprobaron que la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado–. Además, ratificó que en el informe concluyeron que se utilizaron fotografías truchas –retocadas con algún photoshop–. Esa situación fue detectada en certificaciones de empresas que Fiscalía vincula con Aguilera, tales como Formato Urbano, Tep SRL y Next SRL, y las de los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana.
Cabe mencionar que en este expediente el volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal.
El perito indicó que la misma vaca se repitió en varias certificaciones de contratación de cartelería.
Sobre las fotos que se presentaban para certificar la publicidad en la vía pública, el perito Rossi señaló que «encontramos más de 1.900 imágenes que verifican compatibilidad» y que «hay imágenes que han sufrido alteración».
«En la causa de la vaca encontramos como 15 expedientes iguales y el tiempo de comparación se redujo muchísimo», sostuvo el perito. Luego la fiscal Patricia Yedro le mostró fotografías de publicidad que aparecían en diferentes expedientes de contratación.
El perito corroboró fotos similares en la contratación de cartelería a favor de Formato Urbano en los meses de octubre y noviembre de 2012, en la Ruta 14, a la altura de los kilómetros 148. 212, 212,5 y 318; y que las mismas fotos aparecen en la certificación presentada por Montañana en la contratación de abril, mayo y junio de 2012, en la ruta 14, en los kilómetros 318, 215 y 101.
Luego también reconoció como iguales las fotos correspondientes a la empresa Montañana de enero a diciembre de 2009, de cartelería ubicada en la Ruta 14, en los kilómetros138, 215, 101 y 36; con otra foto de la misma empresa de enero a diciembre de 2010; y otras presentadas por Formato Urbano en enero y a marzo de 2012; y de Montañana de julio a septiembre de 2012.
«En todas tenemos los mismos elementos: el mismo lugar, la misma arboleda, altura, matorral, condiciones de iluminación, la misma sombra, pasto y piedrita en el camino. Esto nos da la pauta que las fotos fueron sacadas en el mimso momento y lugar», manifestó.
Luego indicó que cotejó imágenes de la causa Parador, en la cual encontró «elementos comunes» entre publicidad de gobierno y las de la campaña de Urribarri.
Más adelante, al ser interrogado por el abogado Miguel Ángel Cullen, el perito Rossi admitió que no conocía que un funcionario del área de Comunicación y Cultura se encargaba de certificar in situ que la cartelería estaba colocada. De esa tarea se encargaba Gustavo Tamay, quien se enceuntra imptuado y es defendido por Cullen.
Cuando el letrado le preguntó si tenía alguna especialidad con respecto al Marketing o la Publicidad, el perito Rossi respondió que no tiene conocimiento en nignuna de esas áreas. «En los carteles tomamos a la palabra Urribarri como logotipo y al sol como isotipo, pero no somos diseñadores gráficos. Quizás un diseñador gráfico pueda explicarlo de otra manera», dijo.
Un imprentero relacionado a Aguilera
La agenda de testigos continuó con la testimonial de Carlos Vitagliano, presidente de la empresa “Visual Ilusion S.A.”, quien fue contratado por «El Juego en que Andamos», la firma que instaló el parador en Mar del Plata en enero de 2015.Durante su comparecencia, el testigo se mostró reticente de responder las preguntas de los fiscales y el Tribunal le advirtió en varias oportunidades que la Fiscalía puede abrirle un expediente por el delito de falso testiminio.
En una extensa declaración, el empresario dijo que realizó diferentes trabajos para «El Juego» y reconoció haber mantenido contactos con Juan Pablo Aguilera, para realizar cartelería de campaña para el PJ, entre 2014 y 2015, y que la interlocutora entre ambos también era la contadora Corina Cargnel, acusada en el caso.
«Los fondos eran del partido peronista, pero a mí no me consta. Yo hice un negocio entre privados, yo no iba a fiscalizar si la plata era del partido peronista. Yo le hacía a Juan (Aguilera) un detalle pasacalle por pasacalle», manifestó. Asimsimo, sostuvo que le reclamó a Aguilera plata adeuda de las contrataciones y que caundo el PJ perdió las elecciones de 2015, se quedó con mucho material adquirido sin poder cobrarlo.
Sin embargo, el empresario no supo explicar unos documentos y correos electrónicos que aparecieron en la investigación que demuestran una relación más fuerte con las firmas Tep y Next, que se vinculan a Aguilera: llamó la atención un documento del 9 de septiembre de 2015 donde figura la intención del empresario Emiliano Giacopuzzi de comprar la firma Visual; y en otro aparece un contrato de mutuo entre ambos empresarios.
La megacausa
La causa megacausa del Sueño Entrerriano incluye los siguientes expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $28 millones; la difusión en diferentes medios de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones, y la presunta contratación amañada de la firma “Global Means”, en 2011.
La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”. Los delitos que se le imputan a Urribarri son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.
Además de Urribarri, también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de aquel y exsecretario del bloque de senadores del PJ; Gustavo Javier Tórtul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera; Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y al empresario Germán Buffa, de Global Means. Durante el juicio falleció el imputado Hugo Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.