Héctor Eduardo Enrique, contador del Ministerio Público Fiscal, declaró por segunda vez este jueves en el marco de la vigésima audiencia del megajuicio al exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri. En su primera comparecencia, el lunes, aseguró que existió un esquema de retornos de dinero de empresas contratadas por el Estado a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario, y que las imprentas investigadas eran de su propiedad, en línea con la acusación fiscal.

Este jueves, el profesional volvió a Tribunales para responder la requisitoria de los abogados defensores,  Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, por Urribarri; Miguel Cullen, defensor de la contadora Corina Cargnel, y los empresarios Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Alejandro Almada (también empleado de la Cámara Baja), Gustavo Tamay, funcionario de certificaciones de cartelería en vía pública del ministerio de Comunicación; y Gustavo Tórtul; José Velázquez e Ignacio Díaz, en representación del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; Marcos Rodríguez Allende, defensor de Aguilera y su pareja Luciana Almada; y Emilio Fouces, defensor del empresario Gerardo Caruso.

Megajuicio: expusieron los retornos de contrataciones al cuñado

Los letrados lo consultaron sobre los dos informes técnicos que produjo en la etapa investigativa. En uno de ellos, habla de un complicado esquema de devolución de dinero de contrataciones en la causa “Parador de Mar del Plata”. La instalación estuvo a cargo de la firma «El Juego en que Andamos», de Gerardo ‘Foia’ Caruso, acusado en la causa, y costó $14.561.870,00. Según la Fiscalía, «Caruso había acordado que debía retornar gran parte del dinero pagado por el gobierno».

En las innumerables respuestas que dio, Enrique ratificó lo dicho el lunes. Primero, sostuvo que Juan Pablo Aguilera figuraba como Gerente General de la empresa Cinco Tipos, y que vio su vinculación con las demás imprentas (Tep, Next y Formato Urbano) por la información extraída del disco rígido secuestrado en un allanamiento en una de ellas en 2016. Luego, dijo que está probado el esquema de retornos de dinero desde El Juego en que Andamos.

«En el detalle de las empresas se indica cómo se organiza la administración y los vínculos jerárquicos. Adentro de eso está la política del Gerente General y en este caso era Juan Pablo Aguilera», afirmó cuando se le exhibió un documento de Cinco Tipos.

Marcos Ródriguez Allende le preguntó si la firma Cinco Tipos tenía alguna vinculación con Tep y Next, a lo que el perito afirmó que «la vinculación surge del disco externo secuestrado. Cinco Tipos era una de las firmas».

Luego, en cuanto al esquema de devolución, el letrado quiso saber si «le consta que el esquema de devolución efectivamente se haya producido».

El perito Enrique fue contundente: «El esquema de devolución tiene dos vías concretas, una por dinero en efectivo y otra por emisión de factura. El dinero que está fuera de la estructura difícilmente deje huella. Tengo una afirmación del 5 de febrero (de 2015) donde Foia Caruso les dice ‘total devuelto a la fecha $460 mil’. Practicamente las facturas se comprobaron, pero existen otros indicios donde se ha generado dinero a través de la emisión de cheques de la empresa el Juego en que Andamos».

En ese marco, el especialista explicó que se montó una especie de «operación comercial simulada» en la que la firma que instaló el parador, para justificar la salida de dinero, consignaba que pagaba servicios a otras firmas. Contó que se detectaron cinco cheques emitidos «a nombre de personas que pudieron haber prestado un servicio pero cuando fueron consultadas lo desconocieron. Los cheques no fueron cobrados por el destinatario, sino por otros”.

 

La megacausa

La causa megacausa del Sueño Entrerriano incluye los siguientes expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $28 millones; la difusión en diferentes medios de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones, y la presunta contratación amañada de la firma “Global Means”, en 2011.

La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”. Los delitos que se le imputan a Urribarri son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

Además de Urribarri, también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de aquel y exsecretario del bloque de senadores del PJ; Gustavo Javier Tórtul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera; Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y al empresario Germán Buffa, de Global Means. Durante el juicio falleció el imputado Hugo Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.