El abogado Miguel Ángel Cullen pidió este jueves la absolución de cinco imputados en el megajuicio que tiene como principal acusado al exgobernador y embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri.
El letrado solicitó la absolución por falta de pruebas para sus defendidos Gustavo Tortul (exCoordinador contable de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur), Corina Cargnel (contadora de TEP y Next), Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi (de las firmas Tep y Next) y de Alejandro Almada (empleado legislativo). Todos están acusados de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, en diferentes grados de responsabilidad.
El discurso final del defensor se extendió durante tres audiencias, en las que abordó las diferentes causas en las que están involucrados sus clientes: la causa Imprentas o de la vaca; la de las contratación de cuatro spots para la Cumbre dle Mercorus de Paraná en 2014; y la causa por la instalación de un parador playero en Mar del Plata en enero de 2015.
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La tesis fiscal es que se usaron fondos públicos para posicionar la precandidatura a presidente de Sergio Urribarri, y que las firmas Tep y Next, tuvieron un manejo “cartelizado” de la publicidad del Estado en vía pública, mecanismo de la que habrían tomado parte también las empresas Fernando Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamente, de Paraná. Se aseguró que una pieza clave en el entramado fue la contadora de Corina Cargnel.
Cullen continuó su alegato con la causa Parador -las audiencias anteriores alegó sobre los expedientes Imprentas y Mercosur-. «Nos encontramos con una remisión a juicio que hablaba de desviación de fondos para instalación de un parador con el objeto de instalar la figura a presidente de Sergio Urribarri y luego la descripción del hecho fue mutando hasta el posicionamiento de Urribarri. Ese cambio en la plataforma fáctica afectó gravemente el desempeño de la posible defensa. Precisamente uno de los ejes defensivos fue mostrar que no existió una precandidatura a presidente de Urribarri», señaló.
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En la causa Parador, la imputación dice que Urribarri y su ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron de la partida presupuestaria la suma de $ 14.561.870,00 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador een la playa Perla Norte, de Mar del Plata, durante el mes de enero de 2015, para promocionar, con fondos públicos la precandidatura a presidente en 2015.
Al respecto, Cullen señaló que «llama la atención el ensañamiento hacia la contadora por realizar actos de su profesión» y aseveró que «ante la imposibildiad de tejer el puente entre el hecho y la pena» la Fiscalía creó «un monstruo, la figura de la bruja».
En esa línea, sostuvo que los fiscales «infieren que (Cargnel) estaba realizando un hecho ilícito, porque Tep compraba merchandising. La empresa Tep hace eso. Dentro de la publicidad está el mercadeo, que son simplemente aquellos objetos de bajo costo que se reparten con el fin de promocionar determinada actividad o producto. Puede ser privada o estatal. A eso se dedica Tep. La confusión en que incurre el Ministerio Público Fiscal es creer que Tep hacia sólo carteles».
«Hay una investigación sesgada, un direcionamiento claro para generar la peligrosidad al no poder constatar un hecho concreto e imputable a los imputados. La prueba muestra lo que hacia Tep», agregó.
Respecto de los corrreos electrónciso exhibidos por Fiscalía en los que figura Cargnel y los contadores de El Juego en que Andamos y Megaprint, el abogado defensor remarcó que de ellas no se revela un hecho delictivo, sino que sólo muestra el trabajo habitual de un contador. «No existe conversación que nos haga presumir siquiera o inferir un hecho ilícito. Se estaba cumpliendo con un negocio lícito. Son conversaciones entre empresas privadas. No hay otra posibiliad que la absolución de Corina Cargnel», manifestó.
Luego hizo un repaso de las tres causas -Imprentas, Mercosur y Parador- y refirió que la Fiscalía no realizó una investigación racional, sino sesgada. Al finalizar, expresó que «en la impensada hipótesis de que exista una sola condena, esta no podrá sustenarse sin violación a las normas constitucionales. Por lo tanto, hago expresa reserva de caso federal suficiente».
Las penas que pidió Fiscalía
En su alegato de clausura, la Fiscalía pidió las siguientes penas para los cinco acusados defendidos por Cullen:
A Gustavo Javier Tórtul, funcionario del Estado provincial, se lo acusa de partícipe necesario del delito de peculado y de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal. Piden 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Corina Elizabeth Cargnel, contadora de las empresas Next SRL y Tep SRL, que se adjudican al cuñado Aguilera, se la acusa como partícipe necesaria de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en 2 hechos. La Fiscalía pidió para Cargnel 8 años de cárcel, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Emiliano Oscar Giacopuzzi, acusado por Fiscalía de ser “testaferro” de Aguilera, se le imputa como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal y se pidió para él la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Alejandro Luis José Almada, cuñado de Aguilera, Fiscalía le achaca como partícipe secundario el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, y le pide la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. También, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Actualmente, es funcionario de la Cámara de Diputados.
A Maximiliano Romeo Sena, , otro “prestanombre”, según Fiscalía, como partícipe secundario del delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, pidieron 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.