Durante más de dos horas, el fiscal Gonzalo Badano alegó este jueves en el marco de las audiencias de revisión de las condenas aplicadas en el megajuicio, que sentó en el banquillo al dos veces gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri. Pidió al tribunal de Casación -que integran las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo- que rechace todos y cada uno de los planteos hechos por la defensa, en los que observaron inconsistencias en la acusación no resueltas por el fallo que emitió, el 7 de abril de 2022, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Además, peticionó que todas las condenas sean confirmadas.
El fiscal Badano negó que la aprobación por parte de los organismos de control del Estado de cada una de las contrataciones que fueron puestas bajo la lupa de la Justicia haya sido un obstáculo para frenar el avance de la causa penal. “Ninguno de estos organismos tienen facultades de investigar delitos penales, que es potestad de la Justicia”, aseguró y dijo que así también quedó planteado en el fallo condenatorio.
También rechazó el reproche de la defensa respecto de que el disco rígido –“la caja negra de la corrupción”, según el Ministerio Público Fiscal- secuestrado el 1º de agosto de 2016 en la empresa que se adjudica al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, haya sido adulterado por parte de los peritos que lo inspeccionaron y, luego, produjeron los informes. Al respecto, planteó que ese argumento no fue planteado en el juicio, durante los alegatos de clausura por la defensa, “por eso entendemos que debe ser rechazado”.
Badano defendió las figuras penales que se utilizaron para condenar a Urribarri & cía: negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, y negó que sean incongruentes. También defendió el “cambio” en la imputación en la causa Parador, Solicitada y Mercosur: cuando primero se habló de la precandidatura de Urribarri a presidente y luego se mencionó “posicionar” la figura del exgobernador. “Posicionarse e instalarse son conceptos que no se contraponen sino que van de la mano”, arguyó el fiscal.
Las defensas han venido cuestionando varios aspectos del megajuicio y en particular de las condenas.
La primera intervención, del defensor Marcos Rodríguez Allende, apuntó a invalidar como prueba el disco rígido secuestrado en 2016.
“Fue arbitraria la condena, y no se han tenido en cuenta los argumentos de la defensa”, alegó.
Pidió el defensor la “exclusión probatoria” del disco rígido que se encontró en el allanamiento del 1º de agosto de 2016. La información aportada por Fiscalía, aseguró, fue “la matriz de la sentencia condenatoria”.
Pero no sólo cuestionó la prueba del disco rígido como tal por cuanto puso en dudas la forma en que se realizó el allanamiento. También cuestionó los informes periciales que realizaron sobre ese disco rígido los bioingenieros del Gabinete Informático Forense del Ministerio Público Fiscal. “Hubo una grave violación al Código Procesal Penal de Entre Ríos”, aseveró por cuanto los profesionales que realizaron la pericia no tenían título habilitante, y porque además por acordada del STJ sólo pueden hacer pericias los peritos del alto cuerpo de justicia.
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Entre sus planteos, el defensor Miguel Cullen cuestionó la violación del principio de juez natural al haber convocado a la Policía Federal para aquellos allanamientos de 2016, y no a la Policía de Entre Ríos. Dijo que de ese modo se dio una «intervención» del gobierno federal en la Provincia, algo prohibido por la Constitución. Pero además recordó que la jefa de la Federal, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es enemiga declarada del kirchnerismo y del urribarrismo .
Uno de los codefensores de Urribarri, Raúl Barrandeguy, reprochó el hecho de que la condena fue una copia «a carbónico» de la acusación de Fiscalía.
Megajuicio: la condena es una copia «a carbónico» de la acusación fiscal
«Para llegar a la sentencia, el tribunal, inexplicablemente, ha tomado la acusación fiscal y, repitiendo a carbónico hasta en el mismo orden las conclusiones acusatorios del Ministerio Público Fiscal, termina condenando a Urribarri en un contexto de gran arbitrariedad y gran injusticia”, opinó Barrandeguy.
Ante Casación, los abogados defensores del exministro de Comunicación Pedro Báez, y de los empresarios Germán Buffa y Gerardo Caruso, quienes fueron condenados el año pasado en el marco del megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri.
Los abogados Ignacio Díaz y José Velázquez pidieron la revocación de la condena de Báez, quien recibió una pena de 6 años y 6 meses de prisión por peculado, negociaciones incompatibles con la función pública e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto, Velázquez también solicitó se revoque la condena a Buffa, quien recibió 1 año y 2 meses de condicional por partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles.
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Por último, Emilio Fouces pidió que su cliente, Caruso, sea absuelto. En primera instancia fue declarado culpable de ser partícipe necesario del delito de peculado y negociaciones incompatibles y le aplicaron una pena de 3 años de prisión condicional.
Al final de la audiencia de este jueves, volvieron a intervenir los defensores. Emilio Fouces, defensor de Caruso, puso en cuestión el acta del allanamiento realizado en 2016, y Juan Méndez, a cargo de la defensa de Gustavo Tamay, planteó sus dudas respecto de la eventual “manipulación” del acta de allanamiento por parte de la Federal y del dispositivo secuestrado, que quedó en poder de Fiscalía. También defendió la actuación de su defendido, y pidió su absolución.
Las audiencias se retomarán el próximo miércoles 29, a las 9, con la alegación del resto de los defensores .
De la Redacción de Entre Ríos Ahora