Luciana Belén Almada, esposa de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, abrió las audiencias de declaración como imputada en la jornada de este martes en Tribunales para dar su versión de los hechos que Fiscalía imputa como delitos en la contratación de avisos oficiales de publicidad en vía pública y negó haber cometido delitos. «No entiendo qué hice yo para que ustedes digan que cometí un delito. Quiero preguntar a Fiscalía qué hice para que digan que hubo delito. Teniendo las pruebas. Es inentendible. Me voy a seguir desnudando delante de ustedes, porque quiero que se sepa la verdad. Esto no tiene nada que ver, no aporta absolutamente nada y lo mostraron recortado», dijo en un tramo de su extensa declaración en la que mostró chats con conversaciones con su marido que pondrían de manifiesto su distancia con Aguilera.
En el alegato de apertura, la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche detalló de qué modo se operó con las publicidades estáticas en vía pública para beneficiar a dos empresas que adjudicó al cuñado de Urribarri, Tep SRL y Next SRL, y de qué modo actuaban en forma “cartelizada” con las firmas Fernando Montañana y Jesús Bustamante para la distribución de las pautas publicitarias, en maniobras delictivas “en continuado” entre 2010 y 2015.
En esas maniobras de cartelización, se sustrajo del erario público la suma de $21,5 millones, que dolarizada al valor de entonces representaba 3.250.000 dólares.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de más de $20 millones a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”.
Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
El 24 de mayo de 2018, apareció el primer arrepentido de la causa: el publicista Jesús José Bustamante. El empresario admitió en un juicio abreviado haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
Goyeneche mencionó a Aguilera como «el dueño de las empresas». Al respecto, apuntó: «Vamos a demostrar que las contrataciones con Next y Tep fueron posible durante esos cinco años, y pudieron escapar el control de los organismos de control porque se mantuvo oculta para los organismos de control un aspecto central, la identidad del verdadero dueño de estas empresas. Lo que permitió sortear el filtro de los controles fue el hecho de que Báez, como ministro, y Urribarri, como gobernador decidían discrecionalmente qué empresas contratar. Y siempre eran Tep, Next, Montañana y Bustamante Las dos primeras, manejadas desde las sombras por Juan Pablo Aguilera. Montañana y Bustamante, con acuerdos espúreos de cartelización con Aguilera, Tep y Next, creadas en 2009 para centralizar las contrataciones. Pero ambas eran una misma empresa. Su dueño era Juan Pablo aguilera, que de ninguna manera podía aparecer explícitamente como tal. De haber aparecido hubieran impedido el negocio ilícito. Aguilera era funcionario público en la la Cámara de Senadores. Y por otro lado, porque además de ello era cuñado del gobernador de entonces. La ambición de Aguilera por acaparar la publicidad oficial hizo que tuviera intereses no solo en estas empresas, sino en todas las que tenían cierta competitividad en las licitaciones de publicidad».
Desmentida
Pero Almada se dedicó a refutar a la Fiscalía. Pero aclaró desde el vamos: «No voy a responder preguntas de la Fiscalía porque me han dañado de manera irremediable».
Sólo respondió preguntas de su defensor, Marcos Rodríguez Allende. «Siento que es una injusticia y lo voy a probar. Es muy difícil en este momento estar sentada ante tantas personas y tantos años de estar callada. Espero poder desatar todos los nudos que tengo en mi garganta», prometió.
Historió su relación con Aguilera, y dijo que se conocieron en 2001 en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde ambos estudiaban abogacía. No fueron abogados. Se enamoraron, formaron pareja y rápidamente tuvieron su primer hijo, que hoy tiene 20 años. El cambio de rumbo en su vida la llevó a trabajar en LT14, primero como recepcionista y telefonista, más tarde como productora –lo hizo junto al conductor Cristian Bello, entre otros- y más tarde, secretaria personal del entonces director de la radio estatal, Néstor Rodríguez.
Blanqueó parte de su historia y sus dos bodas suspendidas con Aguilera: primero por un ballotage, en 2015, luego, por una inundación en Concordia.
En 2004 inician con Juan Pablo Aguilera la carrera de Licenciatura y Gestión de las Empresas en la sede Paraná de la Universidad Nacional de San Martín. En ese lugar conoce a Silvina Ferreyra, que sería la primera contadora de Cinco Tipos, la firma que formaron Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi. “Iniciamos una relación con Silvina Ferreyra, que después se convierte en el estudio contable de las empresas Tep y Net, que han sido tan cuestionadas”, señaló.
Pero eso no duró mucho tiempo: era mamá primeriza, trabajaba en la radio de 7 a 15 y por la noche estudiaba en la Universidad. Tuvo dos años ese ritmo, hasta que abandonó. Dos años después, en 2006, inicia una relación comercial con Sena y Giocapuzzi, amigos de la infancia de Aguilera en General Campos, de donde son oriundos. “En 2006 comienzo a trabajar como recepcionista telefonista. Pero la realidad es que realizaba de todo. No era ese mi rol. Conocí todo un mundo desconocido para mí hasta ese momento”, señaló.
Dijo que el crecimiento de Cinco Tipos fue vertiginoso, y fue así que asesorados por la contadora Analía Rodríguez deciden escindir el negocio y conformar Tep (Todo en Publicidad) SRL y Next SRL. En Tep, Emiliano Giacopuzzi tenía un 90%, y Luciana Almada, el 10%, reveló. Pero negó que su esposo Aguilera participara o tuviera participación en alguna de esas firmas.
Contó que su esposo vivió siempre absorbido por la política, algo con la que nunca se sintió atraída. “De 2001 a 2003, (Aguilera) viajaba seguido a concordia porque atendía la oficina de su cuñado, de Sergio Urribarri. En 2003, Urribarri –para mí, Pato- asume como ministro de Gobierno y presidente del PJ, así que Juan Pablo tenía oficina en el partido. Ha trabajado siempre, desde que lo conozco, para el partido y para las campañas. Hay años clave, 2005, 2006, en los que tiene un rol muy fuerte, porque lleva adelante lo que tiene que ver con el armado político, la campaña política, el reparto de boletas, se ocupaba de todo eso. Es muy fuerte el rol que Juan Pablo cumplía en el partido y en las campañas. Recuerdo esos años porque fueron de mucha intensidad laboral para nosotros, Cinco Tipos.
Luego, centró su relato en su relación con Aguilera, y sus diferencias.
«A mí la política nunca me gustó, siempre me hizo ruido. Quería (que Aguilera) viera que lo privado era interesante. Siempre lo quise traer para mi lado. Pero él tiene amor a la política. En ese momento era mi ilusión. Pero quedaba solo en una ilusión», dijo.
Luego, se refirió la imputación que le hizo Fiscalía. «Es un daño terrible que han hecho al hablar de ´verdadero dueño´(de Aguilera de las empresa Next y Tep). Es desconocer que nosotros tenemos las pruebas y gracias a Dios ya la tiene el tribunal a las pruebas. Van a ver que eso es totalmente mentira. La persona que más ha querido que Juampi esté en lo privado he sido yo, y eso jamás ocurrió», aseveró.
«No entiendo qué hice yo para que ustedes digan que cometí un delito. Quiero preguntar a fiscalía qué hice para que digan que hubo delito. Teniendo las pruebas. Inentendible. Me voy a seguir desnudando delante de ustedes, porque quiero que se sepa la verdad. Esto no tiene nada que ver, no aporta absolutamente nada y lo mostraron», aseguró luego.
Finalmente, Luciana Almada manifestó unas últimas palabras al Tribunal donde contó que su padre, Héctor ‘Pitín’ Almada –exsubcomisario de la Policía con historial judicial– se encuentra internado atravesando un cáncer y que no podrá ver a sus hijos defenderse en el megajuicio.
«Mi padre está internado en este momento porque atraviesa un cáncer severo. Tiene 65 años y se está muriendo. Yo sé desde lo más interno de mi ser que tiene que ver con esto que viene atravesando. Estamos imputados en esta causa totalmente injusta Ale y yo, sus hijos; y Juan Pablo (Aguilera), que es un hijo para él. Esto lo destrozó. Además, Ale y Juan Pablo están en la causa de los contratos (de la Legislatura), que es otro golpe terrible y es una herida abierta porque Juan Pablo estuvo privado de su libertad de una manera espantosa, terrible e injusta. Mi papá soñaba con vernos defendernos y no va a poder ser. Hoy estar acá era un desafío. Sé que voy a renacer y que se va a hacer justicia», finalizó.
Foto: Análisis Digital
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.