En la tercera audiencia de revisión del fallo que dictó el 7 de abril de 2022 el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná en el marco del megajuicio, el defensor Miguel Cullen alegó como defensor del empresario Emiliano Giacopuzzi, señalado como “prestanombre” del cuñado Juan Pablo Aguilera, y la contadora Corina Cargnel, cuyo rol fue duramente cuestionado en los alegatos del Ministerio Público Fiscal. Cullen abordó una de las causas que integraron el megajuicio, la denominada “causa de las vacs”, y que reprochó el “direccionamiento” de las órdenes de publicidad del Gobierno hacia las empresas Tep SRL y Next SRL, que se adjudican a Aguilera, también condenado.
Se trata de una de las cinco causas que sentó en el banquillo de los acusados al exgobernador de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri. En forma corriente se la conoce como «la causa de la vaca», y alude a la tesis de Fiscalía respecto a que, en el períod0 2010 a 2015, hubo un direccionamiento en las pautas de contratación de publicidad en vía pública por parte del Gobierno de entonces: todas quedaban en manos de la empresas Tep SRL y Next SRL, que se adjudican a Juan Pablo Aguilera. Tep y Next habrían tenido una participación dominante en el mercado, mediante un sistema «cartelizado» a través del pago de coimas con otras dos firmas, Hugo Montañana y Jesús Bustamante.
No sólo eso. También reprochó que no había certificación de que la cartelería en vía pública que se contrataba por parte de la Provincia. La tesis de la Fiscalía es que la simulación era así: una vez que se conseguía la contratación, se realizaba un diseño digital sobre el cartel donde debía aparecer la publicidad, y luego se presentaba el “photoshop” como comprobante para cobrar la orden de publicidad. El encargado de certificar dichos trabajos era Gustavo Tamay, quien estaba a las órdenes del ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez.
En el alegato de apertura, en septiembre de 2021, cuando arrancó el megajuicio, la entonces Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche se refirió a la “causa de la vaca”: el direccionamiento de las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento “cartelizado” en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios “prestanombres”, en palabras de Goyeneche, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano.
“Un delito continuado”, calificó la fiscal a la maniobra, que ocurrió entre 2010 y 2015. Durante esos años, señaló, “se desarrolló una maniobra sistemática destinada a favorecer a un grupo de empresas dedicadas a realizar publicidad estática en vía pública”. En esos años, y con esas maniobras, se manejaron pautas de publicidad por $21.500.000, cifra que dolarizada, da la suma de 3.250.000 dólares. Goyeneche habló de “el dueño” para referirse al cuñado Aguilera, cuestión que “siempre se mantuvo oculta” para los organismos de control. “Tep y Next manejadas desde las sombras por Juan Pablo Aguilera, mientras que Montañana y Bustamante lo hacían con un previo acuerdo espureo de cartelización con el señor Aguilera”, lanzó.
¿Cómo es que la causa de las imprentas comenzó a llamarse mediáticamente como «la causa de la vaca»?
Durante una audiencia que tuvo lugar en Tribunales el 18 de noviembre de 2o16 se depuró la prueba colectada, y el fiscal Santiago Brugo hizo un comentario hilarante que, con el tiempo, resultó ser una prueba incontrastable de las irregularidades en esas contrataciones. «Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”, dijo Brugo.
Desde entonces, la investigación penal la Fiscalía estableció que el volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponían: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
En su alegato de este viernes, Cullen desarmó la condena y apuntó a dos «agravios» que consideró clave para derrumbar la tesis acusatoria.
Mauro Urribarri y Patricia Bullrich
Cullen reprochó la utilización de dos figuras penales contrapuestas, “negociaciones incompatible con la función pública” y la de “peculado” en la acusación de la “causa de la vaca”.
“Acá hubo una violación del principio de congruencia”, planteó. “Cuando nos imponen sobre un hecho que se va a investigar, también se nos da calificación legal. Se nos habla de negociaciones incompatibles sobre 144 contrataciones. Y del delito de peculado. Pero esos delitos son incompatibles. Tenía que elegirse una o cambiarse la calificación legal”, arguyó.
Luego, aseguró que en la condena se incluyó otra figura en la “causa de la vaca” y tiene que ver con la “cartelización”, figura que no está clara, dijo, sobre la cual no tienen competencia los tribunales entrerrianos.
Pero a ese reproche técnico, le agregó otro de índole más “política”, la violación del principio de “violación del juez natural”, planteo que extendió a la convocatoria que se hizo a la Policía Federal para llevar adelante el allanamiento ordenado el 1º de agosto de 2016 en las instalaciones de las empresas Tep SRL y Next SRL, donde se encontró un disco rígido arrojado por “azar” a una casa vecina, y que fue considerada por Fiscalía como “la caja negra de la corrupción”.
En ese procedimiento se apartó a la Policía de Entre Ríos con el argumento de que en ese momento el jefe político, a cargo del Ministerio de Gobierno, estaba el hijo del exgobernador, Mauro Urribarri, En vez de la fuerza provincial, se apeló a una fuerza federal que entonces estaban bajo el mando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificada por Cullen como “enemiga declarada” del kirchnerismo y del urribarrismo.
El defensor observó que esa decisión, convocar a una fuerza federal para un procedimiento en la Provincia, supuso una “intervención” del Gobierno Federal, algo prohibido por la Constitución.
“La Policía de Entre Ríos es la capacitada para perseguir los delitos. Es la habilitada para recibir las órdenes de los jueces”, argumentó. “Nosotros entendemos que la garantía del juez natural alcanza no sólo al juez sino también a los auxiliares, como la Policía. El argumento por el cual nos desechan el agravio es un razonamiento forzado, débil, y no nos dio las razones por las cuales se justificaba, o por las cuales era imperioso o era necesario o existía absoluta imposibilidad que actúe la Policía de Entre Ríos. Dijeron que la Policía no podía participar porque el ministro de Gobierno era Mauro Urribarri y que entonces podía tener algún tipo de injerencia en la investigación”, planteó.
El defensor de Giacopuzzi y de Cargnel cuestionó que se haya desechado a la Policía entrerriana y se haya convocada a la Federal, bajo el mando de Patricia Bullrich, “enemiga declarada del kirchnerismo, del urribarrismo, y de todas las expresiones populares. Patricia Bullrcih está en una línea política diferente a la que propugnamos algunos, y en especial a quien estaba siendo investigado”.
Dijo que así se echó “un manto de sospecha” sobre la Policía de Entre Ríos, y se apeló a la Policía Federal para realizar el allanamiento en 2016, “cuya jefa es Patricia Bullrich, dirigente del partido del PRO, que es claramente adversaria en términos muy duros respecto de todas las expresiones populares no son acordes a su partido”. En ese punto, dijo que así como se podía convocar a la Policía de Entre Ríos por las mismas razones jamás se debió apelar a la Federal.
Cullen después puso en cuestión las órdenes judiciales en la causa que habilitaron la intervención de teléfonos de las personas investigadas. Dijo que se violaron garantías y precedentes judiciales. “No se puede solicitar el listado de llamadas para saber con quién se comunicó un ciudadano, cuánto duró la llamada, a qué hora se comunicó y qué hizo después. Eso está en la esfera de la intimidad”.
Por eso, pidió la exclusión del informe producido por la contadora Victoria González Brunet, dependiente del Ministerio Público Fiscal, que analizó un entrecruzamiento de llamadas entre Aguilera, el empresario Gerardo «Foia» Caruso, que se adjudicó el montaje del parador de Mar del Plata en 2015, y, entre otros, el exgobernador Urribarri, y que probaría que hubo «direccionamiento» en la contratación.
También reclamó que se excluyan los informes elaborados por el bioingeniero Guilllermo Fritz, que peritó el disco rígido hallado en el allanamiento a las empresas Tep SRL y Next SRL. Dijo que no estaban capacitados para realizar esa tarea.
Con esa argumentación, Cullen pidió «absolver de culpa y cargo» a Giacopuzzi, por cuanto se lo condenó con «prueba ilegalmente producida», y porque además «se probó con total certeza de que es el titular real del 90% de las acciones» de la empresa Tep SRL, y no un «prestanombre».
Respecto de Corina Cargnel, contadora de las empresas que se adjudican al cuñado Aguilera, Cullen aseveró que «debió haber sido absuelta» porque solo cumplió su rol profesional. Por eso, pidió su absolución en un alegato que duró tres horas.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora