El megajuicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel cerró una primera etapa este jueves con los alegatos de clausura de la acusación, que durante tres días tuvieron a su cargo los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.
Las audiencias habían arrancado el 27 de septiembre, con los alegatos de clausura, y a lo largo de estos meses desarrollaron testimonios y la exhibición de material probatorio. Fiscales y defensores argumentaron, preguntaron, repreguntaron, cuestionaron y defendieron posiciones. Ahora, llega la etapa en la que cada parte arguye a su favor. Le tocó a Fiscalía entre lunes y jueves. La próxima semana, será el turno de los defensores.
A esta instancia el megajuicio se llegó luego de la decisión adoptada por la Justicia el 13 de agosto de 2020 cuando decidió agrupar las tres grandes causas contra Urribarri en un solo expediente y así dar lugar al megajuicio: el primer caso es el otorgamiento de una pauta publicitaria del Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; la “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, se quedó durante 5 años con la torta del negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; y la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra los fondos buitre; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millones; y el pago a la productora Nelly Entertainment de $28 millones para difundir tres spots en apariencia para difundir la Cumbre del Mercosur de 2014.
La tesis acusatoria es que en esas contrataciones se sortearon controles, se benefició a amigos y parientes y se utilizaron fondos del Estado para lanzar la precandidatura a presidente del exgobernador Urribarri. Según la cifra que contabilizó la Fiscalía, todas esas contrataciones distrajeron de las arcas del Estado 8,6 millones de dólares.
Ese fue el esquema del razonamiento que los fiscales expusieron ante el tribunal, conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón.
Al megajuicio llegaron 15 imputados, pero desde el vamos se bajó el empresario publicitario Hugo Montañana, que adujo problemas de salud y por eso será juzgado en forma separada; también en medio de los debates ocurrió el fallecimiento de Hugo Félix Céspedes, excoordinador de la Unidad Operativa Mercosur. De ese modo, serán 13 los imputados en el inicio de los alegatos de clausura.
De ese modo, a la instancia de los alegatos llegarán el exgobernador Sergio Daniel Urribarri, sus exministros Pedro Báez, de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, de Turismo; el cuñado Juan Pablo Aguilera, su esposa, Luciana Almada, y el hermano de ésta, Alejandro Almada, la contadora Corina Cargnel, y los empresarios Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, fundadores de Cinco Tipos y después de Tep SRL y Next SRL, el armador del pelotero en Mar del Plata, Gerardo Caruso, el empleado del Estado Gustavo Tamay, el empresario Germán Buffa y el excontador de la Unidad Operativa Mercosur, Gustavo Tórtul.
El megajuicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel cerró una primera etapa este jueves con los alegatos de clausura de la acusación, que durante tres días tuvieron a su cargo los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.
Las audiencias habían arrancado el 27 de septiembre, con los alegatos de clausura, y a lo largo de estos meses desarrollaron testimonios y la exhibición de material probatorio. Fiscales y defensores argumentaron, preguntaron, repreguntaron, cuestionaron y defendieron posiciones. Ahora, llega la etapa en la que cada parte arguye a su favor. Le tocó a Fiscalía entre lunes y jueves. La próxima semana, será el turno de los defensores.
A esta instancia el megajuicio se llegó luego de la decisión adoptada por la Justicia el 13 de agosto de 2020 cuando decidió agrupar las tres grandes causas contra Urribarri en un solo expediente y así dar lugar al megajuicio: el primer caso es el otorgamiento de una pauta publicitaria del Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; la “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, se quedó durante 5 años con la torta del negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; y la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra los fondos buitre; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millones; y el pago a la productora Nelly Entertainment de $28 millones para difundir tres spots en apariencia para difundir la Cumbre del Mercosur de 2014.
La tesis acusatoria es que en esas contrataciones se sortearon controles, se benefició a amigos y parientes y se utilizaron fondos del Estado para lanzar la precandidatura a presidente del exgobernador Urribarri. Según la cifra que contabilizó la Fiscalía, todas esas contrataciones distrajeron de las arcas del Estado 8,6 millones de dólares.
Al megajuicio llegaron 15 imputados, pero desde el vamos se bajó el empresario publicitario Hugo Montañana, que adujo problemas de salud y por eso será juzgado en forma separada; también en medio de los debates ocurrió el fallecimiento de Hugo Félix Céspedes, excoordinador de la Unidad Operativa Mercosur. De ese modo, serán 13 los imputados en el inicio de los alegatos de clausura.
De ese modo, a la instancia de los alegatos llegarán el exgobernador Sergio Daniel Urribarri, sus exministros Pedro Báez, de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, de Turismo; el cuñado Juan Pablo Aguilera, su esposa, Luciana Almada, y el hermano de ésta, Alejandro Almada, la contadora Corina Cargnel, y los empresarios Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, fundadores de Cinco Tipos y después de Tep SRL y Next SRL, el armador del pelotero en Mar del Plata, Gerardo Caruso, el empleado del Estado Gustavo Tamay, el empresario Germán Buffa y el excontador de la Unidad Operativa Mercosur, Gustavo Tórtul.
Pedidos de condena
La Fiscalía formalizó este jueves los pedidos de condena a cada uno de los 13 imputados, a saber:
Al exgobernador Urribarri, por la comisión en su calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, en 5 hechos, solicitaron la pena de 12 años de cárcel. Además, la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación, exdiputado provincial del PJ, por la comisión en calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, 4 hechos, le pidieron la pena de 10 años de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del Senado de Entre Ríos, como partícipe necesario de los delitos de peculado ynegociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, en dos hechos, le fue solicitada una pena de 10 años de prisión. Además, la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Corina Elizabeth Cargnel, contadora de las empresas Next SRL y Tep SRL, que se adjudican al cuñado Aguilera, se la acusa como partícipe necesaria de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en 2 hechos. Por esos hechos, la Fiscalía pidió para Cargnel 8 años de cárcel, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Al empresario Gerardo Daniel “Foia” Caruso el Ministerio Público Fiscal lo imputa como partícipe necesario en la comisión del delito de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal. Y pide la pena de 5 años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua.
Al exministro de Turismo de Urribarri, Hugo José María Marsó, acusado como autor del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, le pidieron la condena a 5 años de prisión más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Emiliano Oscar Giacopuzzi, acusado por Fiscalía de ser “testaferro” de Aguilera, se le imputa como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal y se pidió para él la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Gustavo Rubén Tamay, en carácter de partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, Fiscalía pide la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, también acusada de ser “testaferro”, le achacan en carácter de partícipe secundaria el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal y piden la pena de 3 años de prisión de carácter condicional, y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Alejandro Luis José Almada, cuñado de Aguilera, Fiscalía le achaca como partícipe secundario el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, y le pide la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. También, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Actualmente, es funcionario de la Cámara de Diputados.
A Maximiliano Romeo Sena, , otro “prestanombre”, según Fiscalía, como partícipe secundario del delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, pidieron 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Germán Esteban Buffa, el empresario suertudo que obtuvo una pauta publicitario del Estado antes de que pudiera constituir su empresa, Global Menas, y que fue parte del gerenciamiento de El Diario, de Paraná, como partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, Fiscalía pide una pena de 3 años de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
A Gustavo Javier Tórtul, funcionario del Estado provincial, como partícipe necesario del delito de peculado y de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora