El defensor Juan Méndez realizó su alegato de refutación a la acusación que pesa sobre su defendido, Gustavo Tamay, para quien el Ministerio Público Fiscal pidió la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, acusado de partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal.
A Tamay se le reprocha que, en su rol de certificador de las publicidades en vía pública, no cumplía su labor de forma eficiente y permitía que se trucharan fotos de la cartelería en rutas por las cuales el Estado pagó, entre 2010 y 2015, u$s 3.250.000. Dijo Méndez al respeccto: «Lo que hacía era tomar nota de la ubicación del cartel y cuando llegaba a su oficina, y llegaba la documentación de la empresa, él certificaba que había pasado y había visto el cartel. No certificaba si estaba el árbol, la sombra, el pajarito o la vaca. No lo podía certificar porque no estaba cuando la empresa iba y sacaba la foto del cartel».
Se trata de una de las cinco causas que sentó en el banquillo de los acusados al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri. En forma corriente se la conoce como «la causa de la vaca», y alude a la tesis de Fiscalía respecto a que, en el períod0 2010 a 2015, hubo un direccinamiento en las pautas de contratación de publicidad en vía pública por parte del Gobierno de entonces: todas quedaban en manos de la empresas Tep SRL y Next SRL, que se ajudican a Juan Pablo Aguilera. Tep y Next habrían tenido una participación dominante en el mercado, mediante un sistema «cartelizado» a través del pago de coimas con otras dos firmas, Hugo Montañana y Jesús Bustamente.
No sólo eso. También reprochó que no había certificación de que la cartelería en vía pública que se contrataba por parte de la Provincia efectiamente se hacía. La tesis de la Fiscalía es que la simulación era así: una vez que se conseguía la contratación, se realizaba un diseño digital sobre el cartel donde debía aparecer la publicidad, y luego se presentaba el “photoshop” como comprobante para cobrar la orden de publicidad. El encargado de certificar dichos trabajos era Gustavo Tamay, quien estaba a las órdenes del ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez.
En el expediente, los imputados son: Urribarri, Báez, Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel.
En el alegato de apertura, la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche se refirió a la “causa de la vaca”: el direccionamiento de las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento “cartelizado” en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios “prestanombres”, en palabras de Goyeneche, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano.
“Un delito continuado”, calificó la fiscal a la maniobra, que ocurrió entre 2010 y 2015. Durante esos años, señaló, “se desarrolló una maniobra sistemática destinada a favorecer a un grupo de empresas dedicadas a realizar publicidad estática en vía pública”. En esos años, y con esas maniobras, se manejaron pautas de publicidad por $21.500.000, cifra que dolarizada, da la suma de 3.250.000 dólares. Goyeneche habló de “el dueño” para referirse al cuñado Aguilera, cuestión que “siempre se mantuvo oculta” para los organismos de control. “Tep y Next manejadas desde las sombras por Juan Pablo Aguilera, mientras que Montañana y Bustamante lo hacían con un previo acuerdo espureo de cartelización con el señor Aguilera”, lanzó.
Las empresas Tep SRL y Next SRL fueron creadas en 2009 por Aguilera con el objetivo de centralizar las contrataciones de publicidad estática en vía pública por parte del Gobierno provincial, afirmó la Procuradora Adjunta.
Megajuicio: Tamay se declaró inocente y habló de las fotos de la vaca
Cuando declaró en el juicio, Tamay contó cómo ingresó al Estado y su rol en el área de Certificación de Publicidad callejera. «No fui partícipe de ningún delito, ni de desvío de fondos públicos, ni de falsificación y certificaciones ficticias. De nada de lo que se me acusa en este juicio», manifestó al término de su alocución.
En su comparecencia, señaló que ingresó al Estado en 1997, en la Subsecretaría de Turismo, con un contrato de locación de servicios; que luego fue despedido durante el gobierno de Sergio Montiel (UCR) y que trabajó durante un periodó de tiempo como maestranza en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Allí, se recibió como Martillero Público y fue reincorporado al Estado entrerriano en 2004 y que en 2007 se sumó al equipo de Báez en la Dirección de Información Pública, que luego se trasnformaría en el ministerio de Cultura y Comunicación.
Sobre su rol en el área de Certificación de Publicidad en Vía Pública, explicó: «Mi tarea era mirar distintos carteles publicitarios por las rutas de la provinica. Me alcanzaban una fotocopia de la orden de publicidad y yo aprovechaba cada viaje para ir mirando los carrteles mientras manejeaba y veía si se cumplia con la orden de publicidad».
Afirmó que «la mayoria de las veces no encontré ningun inconveniente» pero que «si había una tormenta los carteles se rompian o en otros casos los lugareños arrancaban los carteles para hacer ranchos, corrales o criadores de gallinas». Entonces, indicó que al regresar a Paraná «las empleadas de publicidad me acercaban el expediente que tenía que firmar en el que decía que yo me había constituido in situ en el kilómetro tal».
Su defensor, Juan Méndez, alegó en su defensa este martes, respondió la aseveración de Fiscalía respecto a que Tamay producía «falsas certificaciones».
«Me poregunto cómo se sostiene esta afirmación, aventurera, sin pruebas de que Tamay firmaba certificaciones falsas, como afirma Fiscalía. Tamay firmaba certificaciones que en su recorrida y en sus anotaciones tenía certificado que había pasado y en los que podía certificar que los carteles estaban. No hay prueba de que Tamay no realizaba su tabajo. El fondo de la cuestión es si hacía o no hacía su tabajo. No hay prueba de que no realizara su trabajo. Acá habla partiendo de la base de que Tamay no realizaba su trabajo, y estaba en complicidad con las empresas. Pero Tamay no tenía ninguna relación con ninguna de las empresas», planteó.
En esa línea de razonamiento -Tamay no sacaba fotos, sólo hacía recorridas por las rutas y verificaba, in situ, si el cartel estaba donde debía estar-, Mendez explicó que su defendido «nunca supo si las fotos que presentaban las empresas eran veraces o falsas. Lo que certificaba era que el cartel que se había contratado estaba colocado. Incluso, en su exposición de defensa, manifestó que muchas veces se comunicaba con la empresa, a tavés de los empleados, para decirles que determinados carteles estaban rotos o vandalizados o habían desaparecido. Más que certificar, Tamay verifidaba que la campaña y los carteles estuvieran donde debían estar».
«En base a la acusación genérica que hace Fiscalía, no sabemos de qué defender a Tamay. Se le pretende imputar una irregularidad que no tiene un momento preciso de su intervención. No se dice cuándo él interviene irregularmente. Se habla genéricametne respecto de que su participación era irregular. Me parece que eso no se condice con una actuación, una denuncia», planteó.
«Decir que Tamay no cumplía con su trabajo no es ninguna prueba. No tiene más valor que quien lo dice», refutó Méndez. «Son conjeturas de las que ha pretendido valerse Fiscalía para demsotrar que Gustavo Tamay es partícipe necesario en la comisión de un delito. Pero Fiscalía no tiene el monopolio de la verdad. Con decir que Tamay no realizaba el trabajo no alcanza para imputarlo y menos para pedirle 4 años de condena», agregó.
Al final, solicitó la absolución de Tamay, «y que se deje constancia que la acusación no afecfta su buen nombre y honor, aunque creo que esto ultimo es nada más que una formalidad porque no se vuelve atrás en semejante acusación».
Ese nombre
¿Cómo es que la causa de las imprentas comenzó a llamarse mediáticamente como «la causa de la vaca»?
Durante una audiencia que tuvo lugar en Tribunales el 18 de noviembre de 2o16 se depuró la prueba colectada, y el fiscal Santiago Brugo hizo un comentario hilarante que, con el tiempo, resultó ser una prueba incontrastable de las irregularidades en esas contrataciones. «Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”, dijo Brugo.
Desde entonces, la investigación penal la Fiscalía estableció que el volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponían: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función públiva, peculado y fraude a la Administración Pública.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
En la apertura de la causa, la fiscal Patricia Yedro planteó que se investiga si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.
Y agrega: “Así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…), posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública.”
Esas simulaciones, y la puesta de la misma vaca en la distintas fotos como certificación de que la publicidad en vía pública se había hecho, y la posterior pericia que determinó el fraude llevó a que el caso adquiriera el hilarante nombre de la «causa de la vaca».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora