El empresario Germán Buffa prestó declaración como imputado este jueves en el marco del megajuicio que se le sigue al exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, y otras 13 personas. En su alocución, negó ser el testaferro del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y afirmó que «una cadena de errores» en la contratación de una publicidad en 2011 lo llevó a estar imputado en la causa.
«Jamás se pudo comprobar que haya sido testaferro del ministro Báez. En todo caso soy un testaferro sin bienes, porque sólo tengo una moto y una camioneta a mi nombre», afirmó sobre el final de una extensa delcaración en la que no aceptó preguntas de los fiscales.
A Buffa se lo acusa de haber sido beneficiado con una publicidad oficial por $118 mil (cifra que dolarizada da la suma de 26.900 dólares), en julio de 2011. La imputación dice que Urribarri y Báez direccionaron esa pauta hacia Global Means SA, firma creada por Buffa, a sabiendas de que en ese momento esa empresa no tenía existencia real.
En la causa en la que declaró hoy el empresario se investigaron los supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública. El expediente se abrió a partir de una denuncia que hiciera en 2013 el diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D´Agostino.
Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Sin embargo, un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. La orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.
Megajuicio: Casaretto habló de fotos de Urribarri en el parador
Fueron dos avisos los contratados para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011. El primero fue bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil.
Qué dijo Buffa
El empresario comenzó su declaración contando sus comienzos en la actividad pública y privada. Primero como cadete de una oficina del Estado nacional y, luego, ya con el título de Contador Público en mano, desarrollando su actividad en diferentes rubros. «En primer témino quiero ratificar mi declaración de la etapa penal preparatoria y sostener mi inocencia de la imputación que se me hace en este juicio», arrancó y relató que nació en Rosario del Tala en 1974, se fue a estudiar a Buenos Aires en 1993 y que se recibió de contador en la Universidad de Buenos Aires en 2001.
Contó que trabajó en cadeterias de casas de comidas, en entidades financieras, entre otras, y que en 1999 ingresó como cadete en la Secretaría de Agricultura de la Nación. Agregó que en 1999 obtuvo más responsabilidad en dicha oficina, encargándose de contrataciones de técnicos, personal, compra de insumos, gestionando pasajes para funcionarios, organizando eventos y estrategias comunicacionales.
Señaló que luego se desempeñó en la Oficina de Recursos Humanos del área Comercial de Control Agropecuario; que fue Fiscalizador del Departamento de Tabaco, que controlaba el Fondo Especial del Tabaco; y que se desempeñó en la Oficina de Promoción de Comercio Exterior y Economías Regionales.
Explicó que producto de su trabajo generó una gran cantidad de contactos con productores y empresarios de todo el país. Luego, junto a un socio, fundó una empresa llamada Sistemas Empresariasl de Servicios Especiales, que hacía de nexo entre productores y compradores del exterior.
Así, llegó a Entre Ríos donde conoció a José Horacio Bechara, de Concordia, el empresario que luego crearía Innova Turismo. La empresa la integraría Sofía Riquelme, esposa del ministro Báez. Al respecto, Buffa aseguró que orientó al empresario en la creación de la firma, que se radicó en Buenos Aires. Y claró que no era parte de la empresa, sino que sólo fue auditor externo.
En ese marco, contó que conoció al minsitro Báez en un encuentro con los integrantes de la firma que se realizó en un hotel de Paraná. Continuó relatando que siguió con su actividad privada: puso un negocio de autopartes y una empresa de instalaciones de gas en Federal y siguió relacionándose con productores.
También dijo que financió progamas de comunicación en Santa Fe y Entre Ríos para dar a conocer su actividad y que así llegó al mundo de la publicidad que lo llevó a ser proveedor del Estado entrerriano: «En algún momento me puse a tratar de conseguir publicidades y en uno de esos lugares donde solicité fue en la provincia, en distintos organismos. Me inscribo como Germán Buffa ByP Consulting. Obtuve en 2010 mi primera orden de publicidad y ahí empecé a mantener contacto y generar los trámites para generación de propuestas y el cobro de publicidades. Conforme iba creciendo mi actividad, decidí crear en Buenos Aires la firma Global Means».
Enseguida, sostuvo que pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) la reserva de un nombre para su firma y que en paralelo se preinscribió en el Registro de Medios de Entre Ríos a través de un formulario online. Fue asi que, dijo, canalizó la publicidad que tenía como monotributista a través de la firma y afirmó que allí se dieron «una cadenas de errores» que «no constituyen delitos».
«En el ímpetu por tratar de generar cosas, presento una propuesta en la Dirección de Información Pública. Propuse la posibilidad de comunciación a traves del diario Agroempresarios, diario importante del sector. Lo conocía desde la Secretaría de Agricultura y tenía relacion con los dueños. La Dirección me emite la orden de publicidad para hacer dos publicaciones mensuales de media página por el importe de $118 mil pesos», manifestó y agregó que «en el ímpetu para desarrollar el negocio y no perderme esa oprotunidad, en el momento que estaba constituyendo Global Means, la inscribí cuando no tenía personeria jurídica».
Al respecto del desfasaje entre la fecha de creación de la firma y la orden de publicidad, expresó: «Fue un error administrativo generado por mi. Es una cadena de errores, en ningún momento constituyó un delito. No hubo un acuerdo previo para hacer esa publicación». Añadió que el cobró recién pudo hacerlo en abril de 2012.
Buffa señaló que tuvo mucha actividad con la publicidad, ya que se convirtió en un nexo entre varios medios de comunicación de Buenos Aires y el ministerio de Comunicación a cargo de Báez. Sobre Báez, dijo que éste «me llamaba todo el tiempo para exigirme que intercediera en los medios para que sacaran publicaciones referidas a actividades gubernamentales de la provincia en diferentes áreas». En ese punto, aclaró que «ni los medios publicaron todo lo que el ministro me exigía ni el gobierno contrató todo lo que los medios de comunciación me pedían que le proponga».
Contó luego que cortó con el negocio en abril de 2014 a raíz de que el ministerio de Báez se oponía a actualizar las tarifas de publicidad y su actividad dejó se ser redituable.
Sobre el final de su aloución se refirió a otra causa en la que está imputado el exministro Báez y en la que él es sospechado de ser su testaferro. Al respecto, aseguró que la Fiscalía buscó vincularlo de diferentes modos y que ese vínculo nunca existió.
En ese aspecto, se refirió a un vehículo que le habá prestado a la esposa de Báez, Sofía Riquelme, cuestión que es utilizada por la Fiscalía para sostener el supuesto vínculo de negocios. «A la mujer de Báez me la encontré un día y tenía una necesidad familiar. Ella no tenía medio de locomoción porque su marido estaba de viaje. Por una cuestión humana le ofrezco mi auto. Lo que hice fue acercarme a una escribanía y otrogarle la autorización de manejo. Tampoco fue utilizado ese auto. Eso quedó en los registros y fue interpretada de forma distinta a lo que fue la realidad. Fue utilizada para vincularme de que existió una acuerdo previo para hacer una publicación en 2011, cuando la autorización para usar el vehículo fue emitida en 2013», aseveró.
«No entiendo por qué el tema de querer vincularme con el ministro. Existió un allanamiento en el domicilio de mis exsuegros, en la causa de enriquecimiento ilícito de Pedro Báez, que creo que no tiene ningun movimiento hoy; me allanaron y secuestraron documentación, computadoras y diferentes cosas que querían utilizar para vincularme al ministro. Jamás se pudo comprobar que haya sido testaferro del ministro Báez. En todo caso soy un testaferro sin bienes, prorque sólo tengo una moto y una camioneta a mi nombre», ironizó.
Finalmente, afirmó que llegó al directorio de Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER), controladora de El Diario de Paraná, luego de conocer al empresario rosariono Ramiro Nieto y no por su supuesta relación con el ministro Báez. Tras ello, cerró su declaración respondiendo dos prguntas de los abogados defensores.
La megacausa
La causa megacausa del Sueño Entrerriano incluye los siguientes expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $28 millones; la difusión en diferentes medios de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones, y la presunta contratación amañada de la firma “Global Means”, en 2011.
La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”. Los delitos que se le imputan a Urribarri son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.
Además de Urribarri, también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de aquel y exsecretario del bloque de senadores del PJ; Gustavo Javier Tórtul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera; Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y al empresario Germán Buffa, de Global Means. Durante el juicio falleció el imputado Hugo Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.