El testigo Adrián Marcelo León Elberg declaró este martes en el megajuicio que tiene como principal imputado al exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, que el disco rígido hallado en un allanamiento el 1º de agosto de 2016 no habría sido secuestrado por personal policial y judicial siguiendo los procedimiento de rigor.
Su testimonio fue visto con buenos ojos por los defensores, quienes desde el incio del juicio buscan anular el disco rídgido como prueba. Y es que en el aparato se halló información sensible para la causa imprentas, en la que están imputados Juan Pablo Aguilera, su esposa Luciana Almada y su hermando Alejandro; la contadora Corina Cargnel y los empresarios Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi.
En dicha causa la Fiscalía sostiene que hubo negocios amañados con imprentas vinculadas con Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario. Ahora, el testimonio de Elberg dio cuenta de cómo se procedió en el allanamiento que se realizó el 1º de agosto de 2016. Al respecto, dijo cuando salía de trabajar del área de mantenimiento de jardines maternales fue detenido por la policía, que le requirió que sea testigo del procedimiento que se estaba desarrollando en una vivienda en calle Irigoyen al 800, contiguo a los galpones de Tep SRL, firma que la Fiscalía vincula a Juan Pablo Aguilera.
Allí, se le explicó que una vecina entregó a la policía un disco rígido que fue encontrado por su empleada doméstica, Teresa Pot. Según la Fiscalía, la mujer halló el aparato mientras hacía la limpieza de la casa.
Elberg refirió que participó como testigo del procedimiento entre las 11 y las 11,30. En ese punto, el abogado Emilio Fouces le exhibió el acta policial en el que se consigna que ocurrió a las 13. «Fue entre las 11 y las 11,30, porque a esa hora salía de trabajar», aclaró el testigo, con lo cual puso en duda la hora consignada en el acta policial.
Luego señaló que vio el disco cuando ya estaba cerrado en una bolsa utilizada para preservar evidencias. «Cuando me muestran el aparato ya estaba adentro de una bolsa», indicó.
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Testimonios inadvertidos
Antes de la declaración del empleado municipal, pasaron Luis Esteban Plugoboy, coordinador de la Secretaría General de la Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos, que reconoció un informe elevado en 2017 a la Contaduría General de la provincia, en el que le indicó que «no obran antecedentes respecto a actos adminstrativos emanados de la entonces Direccion de Informacion Pública y luego Ministerio de Cultura y Comunicacion». También testificó Carola Vitar, Gonzalo Fernández y Flavio Zárate, testigos para el resguardo de información virtual; y Román Jalil, a cargo de Recursos Humanos del Gobierno provincial.
La megacausa
La causa megacausa del Sueño Entrerriano incluye los siguientes expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $28 millones; la difusión en diferentes medios de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones, y la presunta contratación amañada de la firma “Global Means”, en 2011.
La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”. Los delitos que se le imputan a Urribarri son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.
Además de Urribarri, también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de aquel y exsecretario del bloque de senadores del PJ; Gustavo Javier Tórtul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera; Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y al empresario Germán Buffa, de Global Means. Durante el juicio falleció el imputado Hugo Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.