El contador Gustavo Tórtul, excoordinador contable de la Unidad Operativa Mercosur, que monitoreó los gastos del encuentro de presidentes del subcontinente que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, se defendió este lunes ante el Tribunal que lo juzga por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles y peculado, en caracter de partícipe necesario, por los gastos de la Cumbre y que conforma la tríada de causas agrupadas en el expediente sobre el «Sueño Entrerriano».
«Esto no ha sido gratuito para mi, me ha perjudicado significativamente», sostuvo en su declaración, donde además le pidió prudencia al Ministerio Público Fiscal «en los casos que tienen». En ese punto se refirió a su compañero Hugo Céspedes, excoordinador de la Unidad Operativa Mercosur, quien falleció el 10 de octubre tras batallar contra el cáncer. «Sin ser médico, me animo a decir que Hugo no aguantó todo esto. Él tenía otros problemas personales, pero creo que esto lo complicó más», afirmó.
Casi sobre el final de su declaración, el funcionario resaltó que siempre colaboró con la investigación, aportando documentos solicitados por la Fiscalía, y aseveró que el Estado ahorró alrededor de $4 millones con las contrataciones, puesto que una empresa presentó un presupuesto de poco más de $31 millones para difundir los spots publicitarios y el Estado terminó pagando $28 millones a la productora Nelly Entertainment SA, de Jorge “Corcho” Rodríguez.
La alocución de Tórtul se extendió por casi dos horas, en la que repasó su carrera en el Estado desde que ingresó en 2003, pasando por diferentes funciones siempre vinculadas con la adminsitración contable, hasta llegar al cargo que hoy ostenta. Reparó especialmente en 2014, cuando fue nombrado Coordinador contable de la Cumbre de presidente de la región y subrayó que las contrataciones que se le reporchan fueron realizadas legalmente, a través de concursos de precios y con el control de tres organismos del Estado: la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Sólo respondió las preguntas de los abogados defensores, especialmente de su representante, Miguel Ángel Cullen.
«La verdad no pensaba estar en una situación como la de hoy, de estar imputado por hacer mi trabajo. Con respecto a los hechos, en mi rol de Director de Adminsitración de la Gobernación, en ese momento tenía a cargo siete direcciones: Administración, Gobernación, Cultura y Comunicación, Turismo, Legal y Técnica y el Iprodi. Luego se me anexó como tarea la coordinación administrativa para la Cumbre del Mercosur. La verdad que fue una tarea que me hizo sentir orgulloso. Estuve acompañando por Hugo Céspedes en ese desafío que era, en tan pocos meses, cumplir con eficacia y eficencia la tarea para que los presidentes de todos los países vengan a Paraná», manifestó.
Enserguida, planteó una crítica a la Fiscalía: «Me hubiera gustado que el Ministerio Público Fiscal me hubiera consultado antes de hacer la imputación, porque los trámites administrativos son complicados de entender».
En esa línea, contó que recurrió a su amigo, el abogado Miguel Ángel Cullen, para que lo defienda en el proceso y se emocionó al recordar que llegó a la Administración Pública luego de estudiar la carrera de Contador en la Universidad Pública y que lo hizo cumpliendo con el anhelo de su padre, hoy fallecido.
Al hablar de la Cumbre y su trabajo en la Unidad desde la cual se realizaron diferentes contrataciones, señaló que por entonces en la ciudad no había un servicio de catering de calidad para atender a los visitantes y que por ello contrataron un servicio de Rosario. «Sigo siempre pensando en mi Paraná, para que crezca, que tengamos infraestructura y podamos contar con este tipo de encuentros», dijo.
Asimismo, afirmó que el 28 de septiembre de este año dejó de ser presidente del Club Paracao, de Paraná, y que esa determinación estuvo vinculada al proceso que se le sigue. «Esto no ha sido gratuito para mi; me ha perjudicado significativamente. Al Ministerio Público Fiscal le pido prudencia para los casos que tienen. Sin ser médico, me animo a decir que Hugo (Céspedes) no guantó todo esto. Él tenía otros problemas personales que creo que lo complicaron más. Pero pido que ese poder que tienen lo sepan ejercer de mejor manera», expresó.
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«Si mi delito fue haber ayudado a esta participación primaria, entonces también tienen que imptuar al presidente del Tribunal de Cuentas, a los vocales, al Contador General de la provincia, a la Fiscalía de Estado, al chofer que llevó una ordenanza. Fuimos unas 20 o 30 personas que estuvimos trabajando denodadamente para que la Cumbre del Mercosur salga pefercta, agregó luego.
Más adeltante, Tórtul puso énfasis en que los organismos de control dieron su visto bueno a las contrataciones. «Una mañana me llama Hugo a su oficina y me dice que teníamos que hacer una publicación de unos spots. Que se iban a publicar actos de gobierno en los medios de televisión, sobre por qué Paraná fue elegida para hacer la Cumbre del Mercosur. Le digo que bueno, que tendremos que ver la partida presupuestaria. Ahí fue que empezamos el proceso. Hubo me dice vamos a mandarle a consultar a los tres organismos de control y así se le pidieron informes al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía de Estado y a la Contaduría General de la Provincia. Los tres organismos nos dieron la aceptación. Pese a que con la Ley teníamos facultades para contratar de forma directa, con Hugo decidimos hacer una llamado a concurso».
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Sobre el final de su declaración, en respuesta a una pregunta de su defensor, afirmó que el Estado ahorró dinero con las contrataciones, puesto que una empresa -Aldea Comunicaciones- presentó un presupuesto de $31 millones para difundir los spots publicitarios y el Estado terminó pagando $28 millones a la productora Nelly Entertainment SA, de Jorge “Corcho” Rodríguez.
El exminsitro García defendió el ‘Sueño entrerriano’
Antes de la declaración de Tórtul, pasó por el salón de Tribunales el exministro de Infraestructura de la provincia, Juan Javier García. Su comparecencia como testigo no arrojó mayores datos relevantes, ya que el exfuncionario se limitó a defender la campaña del «Sueño entrerriano», que buscaba posicionar a Urribarri como precandidato a presidente. Y contó que la idea surgió tras la muerte del presidente Néstor Kirchner, en 2010.
En cuanto a los imputados, dijo conocer de la política a Juan Pablo Aguilera y al diseñador Emiliano Giacopuzzi, ambos imptuados en la causa de las imprentas, pero no aportó información relevante para el caso en cuestión.
La megacausa
La causa megacausa del Sueño Entrerriano incluye los siguientes expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $28 millones; la difusión en diferentes medios de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones, y la presunta contratación amañada de la firma “Global Means”, en 2011.
La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”. Los delitos que se le imputan a Urribarri son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.
Además de Urribarri, también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de aquel y exsecretario del bloque de senadores del PJ; Gustavo Javier Tórtul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera; Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y al empresario Germán Buffa, de Global Means. Durante el juicio falleció el imputado Hugo Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.