El jueves 14 de octubre, Gustavo Pereyra declaró en el megajuicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, y detalló de qué modo operaban, con una lógica cartelizada, según la acusación de la Fiscalía, las firmas Cinco Tipos, Formato Urbano, Tep SRL y Next SRL, todas que se adjudican a Juan Pablo Aguilera, cuñado del extitular del Poder Ejecutivo, en la contratación de publicidad estática en vía pública otorgada por el Estado provincial. Pereyra es empleado del Partido Justicialista (PJ) en el área administrativa, y desde ese lugar trabó relación con las empresas de publicidad, y él mismo se lanzó a ese negocio.

Entre 2014 y 2017, Pereyra tuvo una agencia de publicidad, Publicitar, y utilizó su lugar privilegiado de empleado administrativo del PJ, encargado de pagar las contrataciones de campaña, para ofrecer sus servicios publicitarios a los municipios. Pero también dio un dato llamativo: fue empleado de Cinco Tipos, la empresa predecesora de Tep SRL y Next SRL, y compartió uno de los locales donde funcionó su firma, en calle Irigoyen 885, para que sus “competidoras” en el negocio de la publicidad estática en vía pública la convirtieran también en su cuartel general.

Incluso, admitió que Juan Pablo Aguilera, quien ha sido sindicado por la Fiscalía como el verdadero dueño de Tep SRL y Next SRL, pagó parte de los gastos de los servicios de ese local de calle Irigoyen donde funcionó su empresa Publicitar antes de mudarse a calle Monte Caseros. Al tratar de explicar el porqué de sus redes de contacto con Cinco Tipos, la antecesora de Tep SRL y Next SRL, mencionó que todo se origina en la relación que el Partido Justicialista tenía con el estudio contable Ferreyra. En ese estudio contable se desempeñaba como pasante Corina Cargnel, luego convertida en contadora de las empresas Tep SRL y Next SRL.

En el alegato de clausura, este lunes la fiscal Patricia Yedro dijo que en realidad la empresa no era de Pereyra sino de Aguilera. Pero ese fue nada más que un detalle en un texto acusatorio que apuntó un poco más arriba: el exgobernador Urribarri y su exministro Pedro Báez.  En el direccionamiento de las contrataciones de publicidad en vía pública en favor de Tep y Next, operatoria de la que participaban Montaña, de Uruguay, y Bustamante, de Paraná, «no había ningún criterio. La decisión la tomaba el ministro (Báez) y nadie cuestionaba esa decisión. Tanta arbitrariedad y discrecionalidad tenía el ministro que incluso contrataron con la firma Tep antes de que estuviera inscripta en el Registro de Medios y también antes de que estuviera inscripta en Afip», dijo Yedro.

La fiscal retomó su extenso alegato luego de un cuarto intermedio en cuyo transcurso el tribunal -conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno  y Elvio Osir Garzón- rechazó un planteo de las defensas para que el Ministerio Público Fiscal no exhiba documentación a la audiencia.

Citó la orden de contratación de publicidad N° 183, del 25 de febrero de 2010, emitida por el exMinisterio de Cultura y Comunicación a favor de Tep SRL. La empresa todavía no tenía existencia legal, por cuanto la inscripción en Afip recién ocurrió en marzo de 2010.

«Urribarri no desconocía que las empresas (Tep SRL y Next SRL) eran de Aguilera. Y esto lo conocía por el vínculo familiar, porque Aguilera siempre trabajó a su lado. Pero fundamentalmente no lo desconocía porque el propio Urribarri lo había aconsejado respecto a que tuviera cuidado con ese emprendimiento privado», detalló Yedro.

La fiscal detalló: «Era tal la autonomía y la discrecionalidad de Báez y de Urribarri direccionando las ordenes a empresas allegadas a Aguilera, que se había naturalizado la contratación directa, trámites en los que ni siquiera se ocupaban de observar en lo más mínimo los procedimientos».

 

 

 

El eje

El megajuicio incluye tres grandes causas unificadas en un único expediente: e N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y  N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.

En el alegato de apertura, el 27 de septiembre último, la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, detalló de qué modo se operó con las publicidades estáticas en vía pública para beneficiar a dos empresas que adjudicó al cuñado de Urribarri, Tep SRL y Next SRL, y con qué dinámica actuaban en forma “cartelizada” con las firmas Fernando Montañana y Jesús Bustamante para la distribución de las pautas publicitarias, en maniobras delictivas “en continuado” entre 2010 y 2015.

En esas maniobras de cartelización, se habría sustraído del erario público la suma de $21,5 millones, que dolarizada al valor de entonces representaba 3.250.000 dólares.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de más de $20 millones a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro de Cultura Pedro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”.

Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.

En la trémite de la causa, la Fiscalía ha relatado de modo pedagógico la conformación de una organización delictiva para la captación de forma exclusiva de la publicidad oficial en vía pública entre Tep  y Next, de Aguilera, más Bustamante y Montañana, que ello sucedió así entre 2010 y 2015, y que para garantizar la permanencia en ese círculo cerrado era condición sine qua non el pago de sobornos. Señala que en ese período se perpetró una “maniobra irregular”, “sorteando la libre competencia”, y que el Estado pagaba contra la presentación de “ficticias constataciones” del trabajo realizado. O sea: se pagó por publicidad que jamás se hizo, y que se justificó su realización con, por ejemplo, fotos trucadas.

El encargado de chequear que la publicidad contratada efectivamente se hiciera era Gustavo Tamay, exfuncionario del Ministerio de Cultura, dependiente directo de Báez.

“Bustamente y Montañana participaron de ese mecanismo, siendo beneficiados en un porcentaje de la publicidad oficial, acordando previamente que, una vez cobrado el monto de la publicidad otorgada por el Estado, de ese total, un porcentaje era reembolsado a Aguilera, a través de la contadora Corina Cargnel, quien tenía a su cargo la gestión, seguimiento y control de los contratos, y la percepción de los retornos”, aseguró en algún momento el fiscal Gonzalo Badano.

En la investigación penal preparatoria, dijo el fiscal, quedó comprobado que Urribarri y Báez “sustrajeron fondos públicos mediante la contratación de publicidad que se direccionaba  hacia Aguilera, Bustamante y Montañana. Esta maniobra se realizó por medio de una organización cuyo fin era beneficiar a Aguilera y a sus testaferros. Las empresas Tep SRL y Next SRL se atribuyen a Aguilera. Encontramos evidencia suficiente para sostener que son de Aguilera”.

Pero la participación de Bustamante y Montañana en esa distribución direccionada de la publicidad entre 2010 y 2015 se hizo mediante un acuerdo previo: el pago de retornos. “Montañana y Bustamente se comprometieron a retornar parte del dinero que ganaban al señor Aguilera. Para eso tuvo intervención directa Corina Cargnel, que es contadora de Aguilera. Cargnel era el nexto entre el Ministerio de Cultura y las distintas empresas”, aseveró Badano.

Los secuestros llevados adelante en las oficinas de Tep SRL y Next SRL, en bulevard Racedo al 400, en agosto de 2016, permitieron incautar material y documentación que probarían, según la Fiscalía, el modus operandi de la organización y el pago de los sobornos. Lo más relevante resultó la información hallada en la oficina de la contadora. “Corina Cargnel estaba al tanto de los pagos del Ministerio de Cultura. Y le indicaba a Bustamante cómo debía presentar las facturas. A raíz de ese hecho, de saber cuándo Cultura abonaba las facturas a las empresas, apenas salía un pago, Corina Cargnel se comunicaba con Bustamante para que éste efectúe los retornos a la empresa de Aguilera. Ellos le denominaban el sistema de compensación”, detalló.

Las coimas que pagaba Bustamente a las empresas de Aguilera eran mediante la presentación de facturas por prestaciones “ficticias”. Dijo el fiscal Badano que las coimas no sólo iban a las cuentas de Tep SRL y Tep SRL, sino también a las de los proveedores de éstos.

 

La estructura de funcionamiento de ese mecanismo de pago de coimas quedó probado, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal, a partir de mails y comunicaciones vía whatsapp.

La logística implicaba que, por ejemplo, Bustamante dejaba en las oficinas de las empresas de Aguilera hojas membretadas en blanco, con su firma, para que la contadora Cargnel las completara, y presentara la oferta ante el Ministerio de Cultura en una determinada contratación que se sabía de antenamno que iría a cualquiera de los tres participantes.

Las pericias contables llegaron a determinar que entre 2010 y 2015 la empresa de Bustamente recibió contrataciones de publicidad en vía pública del Gobierno por un monto superior a los $6 millones, pero de esa cifra total, $3,3 millones habría sido pagado en forma irregular. Aunque al aceptar su participación en los ilícitos, el empresario publicitario sólo deberá hacer frente al pago de una multa de $90 mil, en cuotas de $15 mil.

Pasadas las 14,30 de este lunes se abrió un segundo cuarto intermedio y a su término, la fiscal Yedro continuará alegando.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora