El exgobernador Sergio Urribarri no tiene sobre su cabeza sólo la espada de Damocles de la investigación judicial por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
La Justicia también está tras los pasos de otro delito: negociaciones incompatibles en el marco de las contrataciones de obras y servicios dispuestos durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná.
En esa causa no sólo el exGobernador está bajo la lupa de los sabuesos judiciales: la lista es amplia, e incluye al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.
La Cumbre de Presidentes del Mercosur se realizó en Paraná a mediados de diciembre de 2014 y demandó, de parte del Gobierno que entonces encabezaba Sergio Urribarri, una fenomenal inversión en obras y contratación de servicios.
Y todo eso se hizo sin licitación: mediante el caprichoso sistema de contratación directa. La Ley N° 10.327, promulgada el 20 de octubre de 2014, declaró de interés la 47° Cumbre del Mercosur, y facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, adquirir suministros y realizar toda otra compra u operación necesaria.
Ese intríngulis de contrataciones ultraveloces ya fue puesto al descubierto por Entre Ríos Ahora.
Pero conviene recordar cómo sucedió.
La autorización legal que permitió al Ejecutivo eludir los procedimientos naturales de licitación pública, cotejo de precios, pero bajo la exigencia de que lo contratado por vía directa sea lo estrictamente necesario para la organización y realización de la Cumbre.
En ese esquema, la administración Urribarri contrató la difusión de spots por redes sociales y Youtube, por más de $27 millones con la firma Nelly Entertainment, (de Jorge “Corcho” Rodríguez y Facundo De Vido –hijo del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido), para dar a conocer cuatro videos, de los cuales, tres no tenían absolutamente nada que ver con la visita de los presidentes del Mercosur.
Fue un trámite velocísimo el que logró la contratación de Nelly Entertainment. En cinco días hábiles (27 y 28 de Noviembre, y 1º, 2 y 3 de diciembre de 2014), el Expediente Nº 1656798 recorrió los despachos de diez funcionarios de los organismos de control (Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–) cosechando a su paso expeditos dictámenes favorables.
Claro, los diez funcionarios encargados de los controles dictaminaron sobre un proyecto del Ministerio de Cultura “en abstracto”, es decir, sin ver los materiales que el entonces ministro Pedro Báez pensaba difundir por contratación directa.
Con las ofertas recibidas para esa tarea de difusión, Báez y los funcionarios de su Ministerio decidieron que sólo dos cumplían con los requisitos. Así, en cinco días, el Gobierno Provincial publicó el aviso en EL DIARIO, recibió las ofertas, descartó las que no cumplían con sus requisitos y publicó el Decreto 4800/14. El 9 de diciembre de 2014, entre las 10 (hora de cierre de las presentaciones de los interesados) y las 13, con una intervención que quedará en los anales de la eficiencia estatal, el proceso de contratación recibió el aval del Director de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el Director General de Asuntos jurídicos del Ministerio de Comunicación y Cultura, el Ministro Pedro Báez, el Gobernador Sergio Urribarri y la Directora de Despacho (estos últimos para la elaboración del Decreto emitido ese mismo día).
Pero hay más.
Al acercar su oferta, Nelly Entertainment expuso en su carta de presentación su propuesta de “difusión de acciones comunicaciones que permitan instalar en todo el territorio nacional el resultado de la gestión de los últimos 7 años de Gobierno”. Hasta aquí, nada que tenga que ver con la Cumbre Mercosur.
Pese a que el sobre cerrado con la oferta de Nelly Entertainment ingresó a la Mesa de Entradas de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el 9 de diciembre de 2014 a las 7.31, ese mismo día, el escribano Antonio Miguel Berro Madero, de la localidad bonaerense de San Isidro, estaba certificando las copias que la empresa debía presentar en el marco de la convocatoria de la Resolución 54 de la Unidad Operativa.
Peor aún, el 10 de diciembre de 2014 –un día después de que la empresa presentó la oferta con las copias certificadas de sus estatutos y demás aspectos formales requeridos– el Colegio de Escribanos de San Isidro dio fe de que la firma del apoderado de la empresa y responsable de la presentación del sobre en Paraná, Pablo Carlos Guerrero, correspondía a ese notario, socio de Berro Madero en la Escribanía de calle 384 1º Piso Oficina 1 de la ciudad de San Isidro.
Los datos, las fechas y los apuros forman parte de una investigación judicial mucho más profunda y abarcadora que tiene en sus manos el fiscal Santiago Brugo.
Y que pondrá contra las cuerdas judiciales al exgobernador Sergio Urribarri, ya sometido a investigación por el delito de supuesto enriquecimiento ilícito.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.