El viernes 12 de noviembre de 2004, a casi un año de gestión del gobierno de Julio Solanas, los ediles oficialistas del justicialismo declararon la muerte del Ingreso Ciudadano para la Niñez de Paraná (Incinipa), un programa de avanzada, similar a la Asignación Universal por Hijo (AUH) instrumentado en 2009 por el gobierno nacional kirchnerista.
En esa sesión de noviembre, controvertida y caldeada, no sólo quedó derogada la ordenanza N° 8.382, que creó el Incinipa en 2002 a instancias del mecanismo de consulta popular, sino que también se eliminó un artículo medular de otra ordenanza que buscaba garantizar la participación ciudadana: la N° 8.350, también de 2002. Esa norma, en su artículo 3°, creaba una “Mesa de Acuerdo integrada por empresas y trabajadores, usuarios y multisectorial de Paraná, en paridad más autoridades municipales» (…) La Mesa de Acuerdo realizará un seguimiento y evaluación permanente del Sistema del Transporte Público con el objeto de garantizar su funcionamiento”.
Eso decía el artículo que fue derogado en noviembre de 2004 por la ordenanza N° 8.473. Y la Mesa de Acuerdo del Transporte público pasó a la historia sin más, como el Incinipa.
Aunque la decisión del gobierno de Solanas de dejar sin efecto el Incinipa, un sistema que había empezado a instrumentarse en 2003 de manos de un ente constituido por una veintena de instituciones y organizaciones de la ciudad, que al momento de la derogación tenía 2500 beneficiarios (embarazas y niños hasta los 14 años en situación de indigencia), monopolizó la atención pública de ese momento.
El oficialismo argumentó la caída del Incinipa en la carencia de fondos para solventarlo, al tiempo que calificó de inconstitucional la iniciativa: propende a la «democracia participativa» y no a la «democracia representativa», decía entonces el concejal solanista Humberto Gracia.
En cuanto a la Mesa de Transporte, el oficialismo consideró que las facultades del ámbito colisionaban «con las que les son propias a los órganos Ejecutivo y Legislativo del Municipio, que con exclusividad tienen la obligación de controlar el cumplimiento de los contratos de concesión con las prestatarias».
La posibilidad del funcionamiento de un espacio similar surgió recién ocho años después, de la mano de la intendenta Blanca Osuna. El 18 de julio de 2012, el Ejecutivo municipal emitió el decreto N° 1.057, instaurando una Mesa para tratar temas relacionados al transporte de pasajeros. Hubo dos reuniones y dos días después, con fecha 20 de julio, fue autorizado un aumento de boleto por el Ejecutivo. Tras esa decisión, la Mesa no volvió a reunirse pese a los pedidos reiterados de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná.
En junio de 2013, a casi un año de la primera y única convocatoria, el edil Enrique Ríos, por entonces hallista, integrante del bloque de la minoría Frente Entrerriano Federal-Eva Perón, ingresó un pedido de Informe al Concejo sobre el funcionamiento de la Mesa. Dos meses más tarde, Ríos se volvió oficialista: se sumó al bloque mayoritario del FPV, y no se lo escuchó referirse al tema hasta ahora, que conforma el bloque de la primera minoría en el Concejo Deliberante junto a Cristina Sosa, entre otro ediles. Ríos y Sosa, quienes participan del gobierno de la ciudad desde 2007 (Sosa como edil en tres períodos y Ríos como vicentiendente en uno y en dos como legislador), ahora, paradójicamente, se constituyeron en las principales voces de reclamo en materia de transporte en el ámbito del Concejo.
A ese pedido se sumó el de vecinos, usuarios de colectivos, que vienen bregando por un espacio de participación y decisión.
Finalmente, la administración del intendente Sergio Varisco comunicó este viernes la decisión de conformar la Mesa de Transporte. Lo hizo mediante una comunicación al Concejo Deliberante: la primera reunión constitutiva ocurrirá el miércoles, a las 10. Habrá representantes de empresas prestatarias del servicio, empleados, usuarios, del Concejo Deliberante y del Ejecutivo municipal.
Ya nadie recuerda aquella ordenanza, su derogación y el silencio que hubo en la temática del transporte público, cuya concesión, entregada a los privados en 1984 y nunca discutida en más de 30 años, vence en octubre próximo.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.