Milton Urrutia, uno de los siete querellantes en el juicio oral por abusos y corrupción de menores que se le sigue al cura Justo José Ilarraz, está distanciándose de su eje. Deja el lugar de representante de los denunciantes -uno, porque el resto fue distanciándose cuando asumió la defensa del cura Juan Diego Escobar Gaviria, condenado a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores- para recostarse en una teoría del caso que responde más a la hipótesis de la defensa de Ilarraz, que representa le tucumano Jorge Muñoz.

Urrutia habla ahora de «supuestos abusos no probados», y carga contra el grupo de sacerdotes «sediciosos» que, según su hipótesis, estarían tras el objetivo de la «destitución» del arzobispo Juan Alberto Puiggari, exrector del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, que es el lugar donde ocurrieron los abusos denunciados en la Justicia. Se refiere al grupo de religiosos que en 2010 firmó una carta dirigida al entonces arzobispo Mario Maulión en la que pidieron que denunciara a Ilarraz ante la Justicia, y que fueron los impulsores de la ventilación del caso.

Dice Urritua que Puiggari «jamás encubrió nada, no ocultó nada».

Eso lo dice ahora, inmerso en los debates del juicio oral a Ilarraz, una causa que se abrió paso en la Justicia en septiembre, cuando se inició la investigación de oficio tras la publicación de los hechos en la revista «Análisis».

Dos meses después de que el caso estallara públicamente, y hundiera a la Iglesia Católica de Paraná en el descrédito y el escándalo, en octubre de 2012, Urrutia concedió una extensa entrevista a El Diario y habló muy de otra forma de Puiggari.

«Monseñor Karlic es responsable hasta el tiempo que él actuó. ¿Por qué cargo contra Puiggari? Porque era el que nos cuidaba en tercero, cuarto y quinto año, y si él sabía, tenía que denunciar. Nosotros confiábamos en él, y las familias confiaron en él. Monseñor Maulión no sabía nada de esto, y cuando se enteró hizo todo lo que pudo hacer», dijo entonces.

Urrutia alguna vez pensó ser sacerdote, y cursó el Seminario Menor pero a mitad de camino se encontró con lo que se encontró: los abusos de Ilarraz. Y torció el rumbo: concluyó quinto año de la secundaria en el denominado Seminario Menor y salió. Se anotó en la carrera de Leyes y se recibió de abogado en Santa Fe.

«Yo pertenecía al curso de ellos -contó Urrutia en aquella entrevista de 2012-. Y a medida que avanzábamos, seguían siendo abusados, en tercero, cuarto y quinto, y por eso era la pelea interna entre Juan Alberto Puiggari y Justo Ilarraz (el primero, director espiritual del Seminario Mayor; el otro, prefecto de disciplina del Menor, N.delR.). No había ninguna animosidad entre Ilarraz y Puiggari. Pero Puiggari sí lo celaba mucho, porque los chicos ya llegaban ´contaminados´ por Ilarraz. Estaban en tercero, cuarto y quinto, y seguían teniendo como guía a Ilarraz, que en realidad era responsable de primero y segundo. Lo buscaban a ´papá´ Ilarraz, porque era el que les había dado todo el amor, entre comillas; con el que compartían todo. Nadie obedecía a Juan Alberto. Incluso, cuando Juan Alberto amenazaba con expulsiones, Justo Ilarraz era quien defendía a los chicos en las reuniones. Y eso creaba una especie de devoción hacia él, hacia Ilarraz».

Después, no se atrevió a responder una pregunta incómoda:

«–¿Ilarraz intentó hacer con vos lo que hizo con otros seminaristas?

–No voy a contestar esa pregunta. El tema es el siguiente. Las víctimas, entre ellas, no sabían lo que le pasaba al otro. Si yo sabía algo, no lo sabía el otro. Nadie sabía nada, nadie contaba nada. Compartíamos la misma mesa, cada uno tenía su propio sufrimiento interior, pero eso no lo contábamos. Expresábamos alegría, pero una alegría ficticia. Así como me pasó a mí, le pasó a un montón. A los que estaban cerca de Ilarraz, les decían la mucamita del cura. Mirá lo que decían en esa época, y por eso nadie contaba nada.»

El cambio de posición de Urrutia, de defenestrar a Puiggari a defenderlo en el juicio oral a Ilarraz podría tener consecuencias para él.

El artículo 271° del Código Penal dice: «Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil, e inhabilitación especial de uno a seis años, el abogado o mandatario judicial que defendierre o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente o que de cualquier otro modo perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada».

Así como el juez, el abogado también puede incurrir en prevaricato.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.