El bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, según se desprende del dictamen de minoría en el intento, fracasado, de juicio político a la titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mónica Mizawak, se detiene en el desempeño en el mundo empresario de la magistrada. Y aunque no logran probar que sea “socia” del exgobernador Sergio Urribarri, sí se detienen en su participación en algunas firmas.
Al respecto, el dictamen en minoría sostiene que de la prueba colectada “puede inferirse que la magistrada estuvo al menos 6 meses en situación de incompatibilidad”, fundamento suficiente para apoyar el pedido de apertura del proceso de juicio político.
El artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “es incompatible el cargo de magistrado con la actividad comercial o profesional, salvo en causa propia, de su cónyuge, hijos menores o incapacitados y el desempeño de cualquier otra función o empleo, con excepción de la de miembro de comisiones sin carácter permanente y del ejercicio de la docencia universitaria y de nivel terciario”.
Al respecto, señalan que de la prueba informativa librada a la Inspección General de Justicia (IGJ) “surge de modo indubitado que desde el año 2003 Mizawak, junto a su esposo Raúl Arroyo, conformaron la sociedad Emprendimientos AyM SA, ambos socios con el 50% del capital social cada uno, integrando el Directorio Arroyo como Presidente y Mizawak como Directora suplente”.
De igual forma, agrega, surge que la conformación del directorio se mantuvo inalterada hasta julio de 2008, que ingresó para su registro el cambio de autoridades, registración que se perfeccionó recién en el mes de octubre del mismo año. “Es decir –dice el dictamen de minoría– que si Mizawak asumió como vocal el 26 de diciembre de 2007, no cabe duda alguna que durante el transcurso del primer año, más precisamente hasta el mes de julio de 2008 -que ingresaron un trámite para inscribir su renuncia al Directorio y designación de nuevas autoridades- ésta estuvo incursa en la causal de incompatibilidad”.
Y agrega que “hemos advertido serias irregularidades que echan por tierra el pretendido descargo de Mizawak, en el que llamativamente no precisa fecha alguna de su renuncia, pero con el cual incorpora documental con la que pretende hacernos creer que cesó en su cargo de directora suplente el 21 de agosto de 2006, antes de asumir su cargo como vocal del STJER”.
Según Mizawak, ella renunció al cargo de directora suplente el 21 de agosto de 2006. Sin embargo, dicen los legisladores de Cambiemos, “para sorpresa de quienes suscribimos este informe y dictamen, el acta presentada ante la IGJ figura realizada insólitamente el mismo día y a la misma hora que la realizada en esta ciudad, pero en la Capital Federal”.
“Ergo, ambos instrumentos que son de carácter privado y carecen de fecha cierta, son faltos de toda credibilidad por autocontradicción quedando en evidencia la falsedad ideológica de los mismos, desde que ambos socios, Mizawak y su cónyuge Raúl Arroyo, no pudieron jamás estar en ambos lugares a la vez, es decir el mismo día y a la misma hora en Paraná y simultáneamente en Capital Federal”, indica el dictamen.
Semejante desprolijidad –para ser cautos, apunta- dista notablemente de la irreprochabilidad y transparencia que se espera de un funcionario público en el ejercicio de tan alto cargo. Esta circunstancia tiñe por sí sola la credibilidad del acta asamblearia, por lo que resulta claro que no pueden ser valoradas con el fin de acreditar este extremo.
“Y ello, no solo por el cuestionamiento que merecen las actas, sino también porque lo relevante de la cuestión que aquí nos toca analizar no es la fecha de la supuesta asamblea de cambio de autoridades –que Mizawak con la documental que aporta en su descargo pretende ubicar el 21/08/06 – sino que lo trascendente es la fecha de ingreso del trámite ante la IGJ, acontecimiento que se produjo recién en el mes de julio de año 2008, esto es, ya con posterioridad a su asunción como Vocal del STJ”.
“En efecto, y más allá de las irregularidades señaladas en orden a la fecha, hora y lugar de confección del acta que acompaña la propia Mizawak, lo relevante es que recién se inicia su inscripción ante la IGJ en el mes de julio del 2008. Esta circunstancia se desprende claramente del citado informe de IGJ obrante a fs. 122/124. Allí se informa que el 2/7/2008 se inició el trámite de cambio de autoridades del Directorio de la SA –como trámite urgente-, habiendo la IGJ registrado el trámite y tomado razón de la modificación recién el 21/10/2008.”, apunta.
“De este modo surge diáfanamente que desde su asunción como Vocal del STJER -26/12/2007- hasta el 2/7/2008 –fecha en que ingresa a la IGJ el trámite de cambio de autoridades del Directorio- o hasta el 21/10/2008 –fecha en que la IGJ toma razón del cambio de autoridades del Directorio- Mizawak incurrió en la causal de incompatibilidad prevista en el art. 4 de la Ley Orgánica de Tribunales que prohíbe expresamente a los magistrados el ejercicio del comercio”, sostiene.
“En primer lugar, que no es cierto que Mizawak no haya sido miembro del Directorio de la SA. Tal como se argumentó sobradamente en este informe, existió contemporaneidad entre el ejercicio de la magistratura y su desempeño en el Directorio de la SA, al menos, durante 6 meses –apunta el dictamen de Cambiemos–. No le asiste razón a Mizawak –como tampoco al resto de los votantes en el Acuerdo STJ N° 22/2013- en cuanto interpretan que de conformidad a esas normas los magistrados estarían en condiciones de formar parte de cualquier tipo de sociedades a condición de no ser parte del Directorio y sin ningún tipo de control ni autorización”.
También le reprochan la participación no directa pero sí de los miembros de la familia en sociedades comerciales que son los mayores contratistas de obra pública del Estado provincial.
“En este contexto es imperdonable que el cónyuge de la Presidenta del STJER, su hija y su padre compartan cargos gerenciales o de Dirección en sociedades con los mayores contratistas del Estado provincial, quiénes por otra parte, como fue de público conocimiento, fueron cuestionados por el propio Tribunal de Cuentas por conformar una UTE para ganar licitaciones grandes (como la del Hospital del Bicentenario de Gualeguaychú) y luego presentarse cada una por separado en otras licitaciones como si fueran competidores».
Más imperdonable, agrega, es que se trata de familiares directos, cónyuge y cosanguíneos en línea recta, es decir de aquellas personas alcanzadas por la declaración jurada de bienes que debe realizar la Presidenta. Es más, en pos de la transparencia que otrora pregonara en la recordada audiencia pública ante el Senado para que le prestara acuerdo al Ejecutivo para su designación, la magistrada hizo referencia a su declaración jurada como Fiscal de Estado, la que acompañó también al presente, en donde no podemos dejar de señalar que se advierte que mintió al sostener al final de la misma, bajo juramento, que “… es completa la lista de personas con quienes tengo vínculo de parentesco consanguíneo en línea recta…”, cuando en ella omitió consignar a sus padres”.
Agrega más adelante que “no es un dato menor, puesto que su madre fue quien la reemplazó en el cargo de Directora Suplente de Emprendimientos AyM SA y su padre quien conforma sociedades con los máximos contratistas de la obra pública». Y abunda que «ante esta situación no puede escapar a la inteligencia de la más alta funcionaria del Poder Judicial que la conformación de la sociedad “Mandato Fiduciario SA” por parte de su cónyuge Raúl Arroyo, siendo además un alto funcionario provincial, y de su padre Jorge Abraham Mizawak, con Szczech Néstor Iván, uno de los máximos contratistas del Estado provincial para obra pública, constituye un hecho reprochable en sí mismo, que no requiere demasiada explicación. Pero amén de ello la estrecha vinculación de esta sociedad con el Poder Ejecutivo empaña o tiñe de sospecha la independencia e imparcialidad en el ejercicio de su función de máxima jueza y -peor aún- como Presidenta del STJ”.
Tal como se desprende de la documentación remitida por la IGJ, el padre de Mizawak «se desempeña como Presidente de la sociedad Mandato Fiduciario SA, siendo su vicepresidente Néstor Iván Szczech y su Director Suplente su esposo Raúl Eduardo Arroyo, descubren.
“Con ello, surge evidente que la magistrada aquí investigada se ha visto y está beneficiada directamente por los negocios de su marido con el Estado, en tanto conforman una comunidad conyugal, por lo que no resulta aceptable éticamente y genera sospechas fundadas sobre la ética en el ejercicio de su función judicial”, apunta el dictamen de Cambiemos.
Pero, como si esto aún fuera poco, existe además otra sociedad que conforman familiares directos de Mizawak. «Estamos hablando de la sociedad Residential SA –constituida el 4/02/2013- cuyo Presidente es Néstor Juan Szczech, los Directores Titulares son Miguel Ángel Marizza, Marcelo Javier Tórtul y Jorge Abraham Mizawak –padre de Mizawak- y los Directores Suplentes que conforman también el Directorio son Fabiana Marizza, Néstor Iván Szczech, Claudio Raúl Tórtul y Eugenia Ormache –hija de Mizawak–, apuntan los legisladores.
Señalan que llama poderosamente la atención que la hija de Mizawak -con escasos 20 y algo de años de edad al año 2013- y su padre Jorge Abraham Mizawak, conformen el directorio en la sociedad Residential junto a todos los mayores contratistas del Estado entrerriano, lo que de cara a la sociedad es altamente reprochable. Lejos, bien lejos, de la transparencia exigida por el art. 37 de la Constitución Provincial nos encontramos que confluyan parientes directos de Mizawak –su padre y su hija- en la conformación y dirección de una sociedad con los mayores contratistas de obra pública, dicen en Cambiemos.
La propia Mizawak en la entrevista mantenida en el Senado para lograr el acuerdo del Ejecutivo para su designación, como también a la hora de hacer su descargo, se cansó de señalar que la sociedad que conformaba con su marido -Emprendimientos AyM SA- no contrataba con el Estado, sabiendo que ello era altamente reprochable.
«Sin embargo, lesiona la inteligencia de la ciudadanía entrerriana al pretender que no resultaría reprochable que su marido y su padre conformen una sociedad –Mandato Fiduciario SA- y conformen su Directorio conjuntamente con uno de la mayores contratistas de obra pública de la provincia –Néstor Iván Szczech- y que, también, su padre y su hija conformen otra sociedad –Residential SA- y formen parte de su Directorio conjuntamente con Marizza, Szczech y Tórtul. Considerar que estas situaciones no le son éticamente reprochables, es mofarse de los entrerrianos», advierte Cambiemos.
La sociedad entrerriana está ávida de hechos y de acciones que demuestran la transparencia que se pregona. Precisamente Mizawak «en aquella entrevista donde logró el acuerdo del Senado hablaba de la recuperación del Poder Judicial, de enaltecer el servicio de justicia, de devolverle credibilidad y transparencia al Poder Judicial de cara a la ciudadanía. Sin embargo jamás el Poder Judicial estuvo más vapuleado, degradado y cuestionado en su credibilidad como en los tiempos que corren».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.