Carlos Alfredo Rossi fue designado juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú en 2000.
El decreto de su designación fue firmado por el entonces gobernador Sergio Alberto Montiel. Desde entonces, y durante 17 años, se ha mantenido en el mismo cargo, idéntica función.

El decreto N° 3.520, del 18 de agosto de 2000, dispuso nombrar con acuerdo del Senado a Rossi, clase 1963, domiciliado en Gualeguaychú.

La norma, firmada por Montiel, señala que Rossi «reúne los requisitos legales y personales para desempeñar las funciones».

Rossi ahora carga sobre sus espaldas con varios pedidos de conformación de un tribunal de enjuiciamiento para apartarlo de su cargo luego de haber firmado, el 1° de julio de 2016, una resolución por la dispuso dejar en libertad a Sebastián Wagner, principal acusado por el femicidio de Micaela García, en Gualeguay. Todos los bloques de la Legislatura de Entre Ríos han dicho este sábado, cuando se conoció la noticia de la aparición del cuerpo de Micaela Garcia, que avanzarán en el apartamiento del magistrado del cargo que ocupa desde 2000.
Los pedidos si bien se han formalizado desde la Legislatura provincial, también han surgido desde el ámbito nacional, entre ellos, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina.

La diputada Rosario Romero (Frente para la Victoria), una de las impulsoras del jury al juez Risso, ha dicho que el juez Rossi ha incurrido en mal desempeño producto de la «falta de idoneidad para el cargo».

Wagner, señaló Romero, «no había demostrado ningún progreso en cuanto a su problemática específica, la que lo llevó a tener una condena de 9 años de prisión» y aún así fue puesto en libertad.

«Decimos que hay falta de idoneidad, porque todo juez de Ejecución debe ponderar armónicamente las disposiciones de la Ley Nacional 24.660, que establece un régimen de cumplimiento de la pena y, en todos los casos, la recuperación de libertades, es un proceso acorde con que el individuo penado acredite la conducta adecuada a su reinserción social. Cuando hablamos de interpretación armónica, lo hacemos sosteniendo que nuestra Constitución Nacional y Provincial, también recogen los derechos de las víctimas y de la sociedad toda, a tener un sistema judicial penal que procure evitar la nueva comisión de delitos, dentro del cual las evaluaciones de los especialistas no pueden ni deben ser desoídas por los jueces, como ocurrió en el caso presente».

«Visto está que Wagner nada había cambiado: salió, agredió sexualmente y mató a Micaela García, un episodio que por completo se hubiera evitado de continuar cumpliendo su condena en la Unidad Penal N°6 de Gualeguaychú, Entre Ríos», sostiene la legisladora entrerriana.
Ahora, sólo resta esperar que todos los pedidos que se anunciaron prosperen finalmente, y el Jurado de Enjuiciamiento pueda analizar cada una de las presentaciones que se anunciaron.

 

 
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.