La Justicia de Villaguay comenzará a debatir este martes los dos planteos que hay en torno a la causa por abusos que se sigue al cura Marcelino Ricardo Moya.

La fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Juan Pablo Cosso y Florencio Montiel solicitaron la remisión a juicio, pero en cambio los defensores del sacerdote, Néstor Fabián Nicolás Paulete y Rubén Darío Germanier, la prescripción.

A las 9,30 de este martes las partes se convocarán en los Tribunales de Villaguay para presentar, cada uno, sus argumentos, frente al juez de Garantías, Carlos Ramón Zaburlín.

Se trata de un giro en la causa, y el golpe de timón ocurre después de que el cura resolviera el cambio de abogado defensor. Tras la renuncia de Gustavo Amílcar Vales, que lo defendió desde que se inició la causa, en junio de 2015, en la última semana Moya decidió contratar a un estudio de abogados de Colón. Sus defensores son ahora Paulete y Germanier.

El cura Moya está suspendido en su función de cura desde junio de 2015, cuando se abrió la causa penal en su contra, y está imputado por dos casos: uno es por promoción a la corrupción, y otro es un abuso sexual simple, en ambos casos, agravado por ser un ministro de la Iglesia Católica.

Moya fue apartado de todas sus funciones luego de que el 29 de junio de 2015 la Justicia comenzara a tramitar dos denuncias en su contra por abusos. La denuncia apuntó, en principio, a hechos ocurridos mientras Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997, donde además ejerció como docente en el Instituto La Inmaculada, aunque también fue capellán de la unidad del Ejército.

El arzobispo Juan Alberto Puiggari anunció entonces el inicio de las investigaciones preliminares según lo expresa el Código de Derecho Canónico en el canon nº 1.717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis».
Y «como medida cautelar, el sacerdote involucrado ha sido separado de la atención pastoral de la comunidad y se le ha impedido el ejercicio público del ministerio, según lo determina el Derecho Canónico, hasta que la Justicia se expida».

Hasta ahora, el cura había mostrado una actitud indiferente hacia la marcha de la causa en la Justicia. El 20 de diciembre de 2016, cuando fue citado a declaración indagatoria por la fiscal Benedetti, se negó a hablar.

Pero su caso reapareció de modo escandaloso el verano pasado cuando se supo que había sido ingresado al Servicio de Infectología del Hospital San Martín, y que fue tratado por la médica Laura Díaz Petrussi, directora del Programa Provincial de Sida. Enterada de quién era el paciente ingresado a su servicio, Adriana Bevacqua, jefa de Infectología del Hospital San Martín, se presentó en la Justicia y pidió ser relevada del secreto médico para brindar a la Justicia los pormenores del diagnóstico de Moya.

La información, sin embargo, quedó resguardada. Ni siquiera los querellantes pudieron acceder, a pesar de un planteo que hicieron. Primero fue rechazado por el juez Zaburlín, y tras la apelación, confirmada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.