El abogado penalista Guillermo Mulet, uno de los principales impulsores de denuncias contra la corrupción durante el gobierno de Sergio Urribarri, es uno de los nombres que suenan con fuerza para integrar la Cámara de Casación Penal con asiento en Concordia.

La novedad fue dada a conocer por el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos), en una entrevista en la radio RD, en la que reconoció que el apellido del reconocido letrado surgió en un diálogo con el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón.

Consultado al respecto por Entre Ríos Ahora, el legislador dijo: «Lo hablamos con Castrillón y fue él quien me pidió el CV de Mulet y fue quien dio a los medios la noticia».

La Ley N° 10.049, sancionada en 2011, creó la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, una con asiento en Paraná, y con competencia territorial en los departamento Feliciano, La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay y Nogoyá; y otra con asiento en Concordia, con competencia en los en los departamentos de Federación, Concordia, Colón, Uruguay, Gualeguaychú, Tala, Villaguay, San Salvador, Federal e Islas del Ibicuy. Cada sala, estableció la ley, estará integrada por tres miembros y un secretario, contando con un Jefe de Despacho y tres escribientes.

Lo cierto es que desde aquella vez sólo funcionó la Sala de Paraná. Después de seis años de espera, entre septiembre y octubre de este año se pondría en funcionamiento la Sala de Casación de Concordia.

La integración de la Sala debe ser definida en acuerdo por los vocales del STJ. Pero no votarán los nueve miembros, sino ocho, puesto que Leonor Pañeda, que integra la Sala N° 2 en lo Civil y Comercial, se jubiló meses atrás.

Los otros dos postulantes que suenan para la Cámara de Casación son Martín Francisco Carbonell, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, y Darío Gustavo Perroud, juez de Garantías de esa localidad. Fuentes políticas y judiciales coincidieron en señalar que el primero sería impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, mientras que el segundo sería propuesto por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, que dirige Gabriela López Arango.

Un grupo de abogados, entre los que se cuentan a Rubén Pagliotto, impulsa que Mulet integre la Sala en representación del Colegio de Abogados de la provincia. El Colegio, que dirige Enrique Marciano Martínez, aún no expresó su apoyo a esta postulación. En la faz política, Cambiemos ve con buenos ojos que el letrado asuma ese cargo.

Perroud, Mulet y Carbonell.

 

Los votos en el STJ

Fuente tribunalicias plantean un posible escenario en la votación. De momento, Mulet contaría con tres votos en el STJ: un voto en la Sala del Trabajo y dos en la Sala Penal.

Los dos vocales de la Sala Penal que apoyarían la designación interina de Mulet son Daniel Omar Carubia y Miguel Ángel Giorgio. Claudia Mizawak votaría en contra.

El abogado también contaría con el voto de Germán Carlomagno, integrante de la Sala N°3 del Trabajo. “Es muy probable que lo apoye”, dice un abogado, aunque esa probabilidad suena a duda.

Si Susana Medina de Rizzo, Bernardo Salduna –ambos de la Sala Laboral- y Juan Ramón Smaldone –Sala en lo Civil y Comercial- votan en contra, se daría un empate en tres votos. El desempate quedaría en manos de Emilio Castrillón, presidente del STJ, que daría el visto bueno a Mulet.

El voto de Mizawak en contra de Mulet se da por descontado. Y es que el abogado fue un fuerte crítico de la gestión de la vocal al frente del STJ. En 2016, cuando el entonces vocal Carlos Alberto Chiara Díaz, fue llevado a juicio político –que cayó por la renuncia del alto magistrado-, Mulet firmó un pedido de juicio político también para Mizawak.

Mulet es visto como una renovación en la Justicia entrerriana. No es para menos: es uno de los principales abogados que denunció la corrupción de la gestión del exgobernador Sergio Urribarri.

Entre algunas de las causas que impulsó, se encuentran las de las “Cosechadoras Truchas”, “el Jardinero K” y el “Audi de Urribarri” y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exmandatario, por nombrar algunas.

A mediados de 2012, Mulet fue quien presentó una denuncia para que se investigue a dónde fueron a parar los millones que le dio el Estado entrerriano a la empresa Grandes Máquinas, del grupo Senor, para la construcción de 18 cosechadoras.

Esa causa aún espera resolución: actualmente están imputados por el presunto delito de defraudación a la Administración Pública los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; el exministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa) y el ex ministro de Producción, Roberto Schunk; y Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción.

En mayo de 2013, Mulet fue quien, tras una publicación periodística, denunció al jardinero K Ricardo Barreiro, por ostentar un cargo en el Centro Experimental de Industrias Culturales (Ceicer), dependiente del ministerio de Culturara y Comunicación, en tiempos de Pedro Báez, y a la vez haberle cobrado $220.000al Estado por el traslado de estudiantes secundarios a Tecnópolis con su empresa RP Transporte SA. El jardinero fue condenado en mayo del año pasado por el delito de falsificación ideológica de documento público.

Junto a su colega Rubén Pagliotto, Mulet también denunció a Sergio Urribarri por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. En 2016, ambos letrados también denunciaron al exgobernador por haber recibido un Audi A1 modelo 2015 por parte del dueño de Canal 9, Jorge Aníbal Pérez. En octubre de 2017, Pérez fue sobreseído y su socio, Gustavo Velázquez, de Kaskira SA, accedió a una probation.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.