Oscar Muntes, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) tiene tres preocupaciones: resolver le negociación salarial con el Gobierno, ordenar las finanzas de su sindicato, seriamente comprometidas por un arrastre histórico y acordar una convivencia pacífica con su adjunto, Francisco Garcilazo, a quien la comisión directiva del gremio le aplicó una suspensión de 45 días, y quien batalló en la Justicia, sin éxito, por revertir la sanción.

De momento, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no ha sido convocada por el Gobierno para discutir salarios. La primera negociación, con los docentes, entró ahora en el terreno judicial, y tiene final abierto. La segunda convocatoria debería ser a los estatales, pero ese llamado todavía no llega. Muntes sabe que hay interna ahora en su gremio, que en septiembre de 2019 irá a elecciones. “Cuando llegas a ATE, sabes al sindicato que llegas, que pasa por su autonomía, que se defiende todos los días, y que cuesta”, dice.

“Nos cuesta financieramente sostener un sindicato tan grande. Estamos muy complicados financieramente, debido a la situación que atravesamos. El Gobierno no cumple con el pago del subsidio para sostener el jardín maternal, que tiene 23 años de existencia. Al no cumplir con el pago de ese subsidio, tenemos un inconveniente financiero muy grande. Esa plata que pagamos todos los meses a los trabajadores, nos genera un déficit grande”, asegura.

“Nos cuesta financieramente sostener un sindicato tan grande. Estamos muy complicados financieramente, debido a la situación que atravesamos. El Gobierno no cumple con el pago del subsidio para sostener el jardín maternal, que tiene 23 años de existencia. Al no cumplir con el pago de ese subsidio, tenemos un inconveniente financiero muy grande. Esa plata que pagamos todos los meses a los trabajadores, nos genera un déficit grande”, asegura.

Aunque enseguida aclara que si bien sostener el jardín maternal Acunate los pone en aprietos financieros, “a pesar de todo seguimos funcionando, seguimos trabajando. A la ATE no te venis a enriquecer. No es una forma de vida. El sindicato no debe ser una forma de vida, aunque cueste estar al frente del sindicato, más en este momento, de terrible y brutal ajuste”.

Acunate

ATE tiene un ingreso mensual de $1,3 millones, y de costo de funcionamiento y pago de sueldos tiene una erogación de $1 millón. “Es imposible que el sindicato pueda funcionar de esta forma.  Vamos haciendo lo que podemos para que el sindicato no pierda la escencia. Y eso hay que solucionarlo. No se puede tener a los trabajadores de rehenes. Hemos resuelto que el jardín no se toca. Pero también decimos que hay discutir cómo seguimos. El sindicato queda comprometido y si no buscamos alternativa, estamos en situación compleja, difícil, que por más maravillas que hagas. Es lindo hacer sindicalismo como lo hacemos nosotros, pero se nos hace cada vez más difícil seguir adelante”, asegura.

En realidad, existe un acuerdo desde hace más de dos décadas por el cual el Gobierno provincial asume el pago del alquiler de la sede del jardín maternal Acunate, los gastos de funcionamiento y el pago de salarios. Lo hace a través de un subsidio, que ahora se paga de modo muy espaciado. “Nosotros perdimos la casa que era nuestra y que ahora es del juzgado de paz. El Superior Tribunal de Justicia dispuso pagar el alquiler, pero después, a través de una acordada,  resolvió que no pagaba más. Y el sindicato tuvo que hacer frente al pago del alquiler, y no cerrar el jardín porque es un ejemplo. Pero tenemos que encontrar una solución de fondo a este tema. Es una cuestión que nos genera atraso, inconvenientes, desazón en toda la provincia para ver cómo funcionamos. Nuestro sindicato es muy grande, tiene mucha demanda, y sigue creciendo”, plantea.

 

Garcilazo

El otro asunto sin resolver en ATE es la situación del secretario adjunto, Francisco Garcilazo, después de la sanción de 45 días que le impuso el consejo directivo provincial por haber participado de las elecciones de Iosper, de las que el gremio se mantuvo al margen.

Respecto de Garcilazo, dice: «Tenemos responsabilidad de llevar adelante la institución. Al secretario adjunto se le aplicaron  45 días de suspensión, una medida que se definió por amplia mayoría en la conducción. Acá no hubo nada tomado de forma caprichosa. Cada uno sigue con sus funciones, que son las que define el estatuto. Cada uno cumple su función como quiere. Algunos con mayor ánimo, otros de otra forma. Algunos tenemos proyecto general, y otros, proyecto individual».

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.