La liquidación de los sueldos de los empleados de la Administración Pública volvió a ser un problema esta semana. El jueves último se conocieron nuevas quejas de docentes a la hora de cobrar sus haberes. El caso tuvo una repercusión tal que puso nuevamente en discusión un tema que viene siendo esquivo para el Gobierno provincial: si la empresa que se ocupa de las liquidaciones está trabajando correctamente.
La firma encargada del servicio de liquidación de sueldos es Lemondata SA. El caso es que, a pesar de las críticas, a Lemondata nadie la investiga. El Tribunal de Cuentas de la provincia, organismo encargado de fiscalizar las contrataciones que realiza el Estado, no tiene bajo la lupa ningún expediente con el membrete “Lemondata SA”.
Una alta fuente del organismo de control señaló que “aún no hay ninguna investigación sobre Lemondata”. Y agregó que en el Tribunal de Cuentas “no tenemos ningún expediente sobre esa empresa. No sabemos más que lo que salió en los medios. No hay ningún informe”.
La empresa tiene en sus manos, nada más y nada menos, que la responsabilidad de liquidar los sueldos de los trabajadores de la Administración Pública. Últimamente, viene siendo cuestionada por docentes que fueron de los primeros perjudicados por las falencias del sistema.
Un detalle no menor fue el hecho de que en la contratación de la empresa surge nuevamente el nombre del ex gobernador y hoy presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.
Urribarri, siendo gobernador, fue quien contrató los servicios de Lemondata, cuyo dueño es el empresario Diego Armando Cardona Herreros, según reveló la revista Análisis. Herreros también aparece en la firma Relevamientos Catastrales SA, a la cual se le adjudicaron contratos millonarios durante el Gobierno del hoy presidente de la Cámara Baja.
Rastros en el Boletín Oficial
Lo que se conoce de la empresa y el empresario se supo por investigaciones periodísticas, pero que aún parece no mover ninguna investigación en la administración pública.
En el Boletín Oficial de Entre Ríos, de fecha 6 de junio de 2012, se encuentra el decreto Nº 482 del 29 de diciembre de 2011, con el cual el entonces gobernador Sergio Urribarri y su entonces ministro de Economía, Diego Valiero, aprobaron el contrato de Relevamientos Catastrales SA para que brinde “un servicio de soporte técnico, operativo y de mantenimiento de software, por un período de dieciocho (18) meses, con opción a prórroga a favor del Estado por dieciocho (18) meses más, con destino a las Direcciones Generales de Ajustes y Liquidaciones y de Informática”. Por ese servicio se le pagó un importe mensual de ochenta mil novecientos (u$s 80.900) dólares, y “un importe total por dieciocho (18) meses de dólares estadounidenses un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos (u$s 1.456.200), por cumplir con los pliegos y resultar el precio cotizado conveniente a los intereses del Estado”.
En enero de 2014, el entonces ministro de Trabajo (y con un paso escandaloso por el Tribunal de Cuentas), Guillermo Smaldone, contrató a la misma empresa para la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” por un plazo de 3 años, a un precio mensual de $ 550.000. El monto total que se le pagó fue de $19.800.000.
El 21 de diciembre de 2015, el periodista y director de la revista Análisis, Daniel Enz, reveló que ese año el entonces gobernador Sergio Urribarri le adjudicó a Relevamientos Catastrales SA un contrato anual por $7.833.600 por la prestación de un servicio de soporte técnico operativo y de mantenimiento de software en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.
En esa publicación, Enz dio más datos sobre el empresario detrás de la empresa (y empresas) contratadas por Urribarri. Precisó que al firma tiene sede en Capital Federal, y estaba presidida por el empresario Diego Armando Cardona Herreros que “es amigo personal de Urribarri (hay quienes lo vinculan a ambos con la pasión por el fútbol y algunos negocios relacionados a ello) y a su alrededor giran por lo menos diez empresas que, en su mayoría, tienen el mismo domicilio: avenida Córdoba 1184, piso 4, en Capital Federal y, por lo general, se dedican a tareas de consultoría. Entre ellas aparecen TPI Invest SA; Organización Mesopotámica de Asesoramiento y Servicios; Economía y Regiones SA; Sistemas, Administraciones y Consultorías; Macadel SA; Novopharma SRL; Relevamientos fiscales SA; Mandatos y gestiones SA; Lemondata SA y Relevamientos Catastrales SA”.
Las preguntas sobre Lemondata, empresa encargada de liquidación de los sueldos de los empleados de la administración pública, llegaron a la Legislatura en abril de este año. Fue a través de senadores de Cambiemos, primero; y luego le siguieron los diputados.
Lo cierto es que la semana pasada, cuando se inició el pago de sueldos, el sistema volvió a fallar y Lemondata reapareció en boca de los docentes entrerrianos. Los interrogantes fueron siempre los mismos: ¿Por qué se contrató una empresa cuando el Estado cuenta con un sistema para liquidar los sueldos? y ¿quién controla a Lemondata? Esas preguntas seguirán, por ahora, sin respuestas.
Especial para Entre Ríos Ahora.