El Tribunal de Juicio de la megacausa conocida como “El Sueño Entrerriano”, en la que se acusa al exgobernador Sergio Urribarri de diferentes delitos contra la Administración Pública, se excusó de resolver sobre la suspensión del juicio y de la unificación de causas que tiene en la Justicia el ahora embajador en Israel.
La decisión supone, en los hechos, la postergación de los debates en la megacausa del Sueño Entrerriano, que tiene fecha de inicio este 18 de agosto. Ahora, un tribunal deberá resolver sobre las excusaciones de los tres magistrados que debían juzgar a Urribarri.
El pedido de aplazamiento del juicio había sido formulado por los abogados de los acusados. Este jueves por la noche se conoció que el Tribunal integrado por Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gustavo Pimentel decidió apartarse y solicitar a la Oficina de Gestión de Audiencias que realice el sorteo para que otros jueces evalúen el asunto.
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Al fundamentar la excusación –apartamiento- señalaron que intervinieron en “la causa de la vaca” y en la del otorgamiento de pauta al empresario Germán Buffa en 2011.
Los defensores pretenden que se unifiquen la causa denominada «Sueño Entrerriano”, donde se investigaron contrataciones durante su campaña presidencial de 2015 y cuyo juicio tiene fecha de inicio el 18 de agosto; “la causa de la vaca”, en la que se investigaron supuestos direccionamientos de publicidad oficial entre 2010 y 2015; y la que tiene que ver con el otorgamiento de pauta a un empresario en 2011.
En la presentación, señalaron que existe prueba en común en los diferentes expedientes. Asimismo, cabe señalar que en todas ellas aparecen cuatro imputados en dos expedientes que se tramitaron bajo el nuevo Código Procesal Penal; y dos imputados en las tres causas informadas, en referencia a que Sergio Urribarri y su exministro Pedro Báez aparecen en todos los expedientes.
En la resolución a la que accedió Entre Ríos Ahora, los jueces señalaron que “el ordenamiento procesal prevé para los casos en que exista conexidad subjetiva entre diversas causas, que sea un único tribunal el que juzgue a las mismas, ya sea en un sólo legajo – acumulándolos- o de manera sucesiva y separada, garantía ésta que si bien puede ser dimitida, lo que sucedía hasta este momento, hoy expresamente las defensas optan por ejercer su derecho dejando en claro que interesan la unificación de la competencia del órgano que ha de juzgarlos”.
“Será en definitiva ese único tribunal debidamente integrado, quien decidirá si lleva adelante un único juicio o juicios sucesivos”, agregaron y remarcaron que “la excepción a las reglas de competencia de trato, obedece a garantizar una unidad de respuesta punitiva y juzgamiento -no fragmentar la continencia del juicio-, evitando sentencias contradictorias o eventuales condenas impuestas sin tener en cuenta nada más que el caso aislado; favoreciendo por el contrario la coordinación de las pruebas, la distribución de responsabilidades y la unificación y equilibrio de las penas”.
Finalmente, señalaron la imposibilidad para decidir al respecto y la necesidad de que otro Tribunal defina. “No puede dejar de advertirse que el tribunal que integra el presente legajo, se encuentra impedido de juzgar en la causa de transición N° 6.399, ya que los Dres. Alejandro Grippo y Gustavo Pimentel han intervenido como jueces en grado de apelación, y el Dr. Rafael Cotorruelo se ha excusado por encontrarse incurso en la causal del inciso 11 de mismo artículo”.
“Que, lo previamente expuesto, impone, a los efectos de encausar las presentes y determinar el tribunal que deba entender en las tres causas en las que existe conexidad subjetiva, que los suscriptos dejen planteada la excusación para seguir interviniendo, remitiéndose el legajo a O.G.A. para que integre el Tribunal a fin de resolver tal planteo”, finalizaron.
El sueño entrerriano
Como ya se ha contado, la causa del “Sueño Entrerriano” incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.
“La causa de la vaca”
Aquí están imputados Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y su esposa, Luciana Almada; Pedro Báez; Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi, Corina Cargnel, Alejandro Almada –cuñado de Aguilera-, y Maximiliano Sena.
En la investigación, los fiscales detectaron que para la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. Unos peritos del Poder Judicial determinaron que la misma vaca aparece en distintos carteles.
El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas vinculadas a Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
Aquí el Tribunal se encuentra integrado por Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola.
Pauta a Buffa
Se encuentra en trámite ante la Cámara Primera de transición. En el expediente, están imputados por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, Urribarri, Báez y el empresario Germán Esteban Buffa.
En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.
Aquí la Fiscalía reprocha a la administración Urribarri/Báez el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la firma Global Means SA, de Buffa. En febrero de este año, la Justicia puso fecha al juicio: será los días 26, 28, 28 y 30 de octubre. Los jueces designados para el debate son Carolina Castagno, José Chemez y Pablo Virgala.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora