El jueves 16, a las 8,30, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, José María Chemez, resolverá la situación del expresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Eduardo Castrillón, denunciado por un kiosquero de La Paz luego de la gresca callejera que protagonizara su señoría la noche del último domingo de marzo de 2021.
En el marco de la investigación penal que llevó adelante el fiscal Oscar Sobko, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, rechazó, el 16 de mayo último, elevar a juicio la causa. En vez de eso, el magistrado concluyó que el conflicto entre Castrillón y sus denunciantes deberá concluirse a través de una mediación penal.
Pero el fiscal Sobko, quehabía solicitado que el exmagistrado sea llevado a juicio por presuntos delitos de daños y amenazas simples, con un pedido de pena de 1 año de prisión condicional, no quedó conforme con lo resuelto por el juez, y apeló la decisión y por eso el caso llegó para su resolución de los Tribunales de La Paz al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.
En su resolución, el juez Carballo hizo lugar al pedido de Emiliano Castrillón, abogado defensor y sobrino del exmagistrado, petición a la que adhirió Hernán Aimone, abogado de quienes denunciaron al exvocal del STJ.
Pelea en La Paz: piden llevar a juicio a Castrillón y la defensa exige conciliación
Eran dos legajos los que se habían acumulado, uno iniciado por dos comerciantes y un empleado de un kiosco con quienes Castrillón tuvo un altercado el domingo 28 de marzo de 2021 siendo todavía juez del máximo tribunal de la Provincia; y otro que se abrió por la denuncia de Carlos Miguel Barbosa, padre del fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, hoy en Gualeguay.
En la resolución a la que accedió Entre Ríos Ahora, el juez Carballo consideró que la Fiscalía actuó por «inobservancia de los derechos y garantías, no observándose los derechos de las víctimas» por no haber encuadrado el caso en el Reglamento de Mediación Penal, siendo que las víctimas lo solicitaron expresamente en la investigación.
Así las cosas, ahora el expediente debe ser girado a la Oficina de Mediación de la jurisdicción de La Paz para que se le dé tratamiento y se termine el conflicto.
Por su parte, el abogado Hernán Aimone, representante del kiosquero Mariano Lukacs, denunciante del exmagistrado, indicó que si bien no participó de la audiencia de hoy está en conocimiento de la resolución y que se atendió el pedido que hizo tanto su cliente como la defensa del exjuez.
Este viernes, durante la audiencia ante el vocal Chemez, Castrillón se ubicó del otro lado del mostrador, ya no como juez surpemo sino como acusado, y alificó la investigación como «burda y absurda, sin los más mínimos elementos investigativos», según recogió el sitio Análisis Digital.
«Llegamos a esta situación porque yo era Vocal del STJ. Ahora bien, cuando yo duermo con mi señora no le digo: ‘Acostate conmigo porque soy Vocal del STJ’. Cuando despertábamos a mi hijo, no es que yo le digo: ‘Andá a dormir porque oy el Vocal del STJ’. Me fui a quejar por el volumen del kiosco y no les dije que lo hacía en carácter de Vocal del STJ» (sic), espetó Castrillón.
Ese kiosco tiene cámaras, justo ese día no andaban. Porque ahí se hubiese demostrado como fue la discusión, que realmente me fui a quejar por la música. Con tono alto. Había una sola persona que era el que me atendía todos los días. No se como salí de ahí porque me agarraron a patadas, perdí dos veces el conocimiento», describió el exjuez.
Ahí, Castrillón contó que interpeló a un Policía que estaba en el lugar y le preguntó por qué no actuaba para defenderlo. «Ahí me dice que le tiene que dar la orden el fiscal y que el fiscal estaba en el auto. Estaba el padre del fiscal, en el auto del hijo, junto a sus otros dos hijos pero el fiscal no estaba», relató.
Según Castrillón, esa situación motivó los mensajes de Whatsapp que configuran una amenaza para el Ministerio Público Fiscal. «Yo en los mensajes lo que le digo es que se lo hice poner Coke (Jorge Amilcar García) al hijo como Fiscal Auxiliar cuando recién se recibió pero me persiguen a mí, me lesionan y nadie investiga nada y están jodiendo por una caramelera».
Además, dijo que nunca hubiese amenazado con incendiarle el kiosco al dueño: «No puedo creer que lo haya amenazado de incendio porque el no tiene ni reboque en la pared, se prendería fuego mi garage. Es inexplicable. Una amenaza debe ser creíble y no podría incendiar el kiosco sin incendiar mi garage».
Acto seguido, Castrillón se victimizó: «Soy un pobre infeliz, un jubilado. Producto de esto, armado, me jubilaron. Porque siempre defendí las garantías y no la Procuración». Luego, mandó a leer la Constitución al fiscal presente en la sala, Álvaro Piérola.
Posteriormente, volvió a cargar contra García y apuntó contra Cecilia Goyeneche: «El sistema acusatorio era viable si le ponés término a los cargos de la Procuración, sino se puede crear un monje negro».
«Este es un delito de instancia privada. Que yo haya sido público y me despidieron porque fui impulsivo, no éticamente correcto, es mucho más leve que lo que han hecho en los canales nacionales, las marchas de ustedes -apuntó contra Piérola- de ‘Todos somos Cecilia’. Yo no soy Cecilia Pro», afirmó en tono descolocado.
El fiscal Oscar Sobko, que investigó los hechos que se vertieron en la audiencia, también fue víctima de los dichos del exmagistrado: «Sobko me dijo que iba a volver a la política ¿Qué le importa a Sobko que hago como jubilado? No puedo ejercer abogacía por ley y tampoco quieren que me meta en la política ¿Qué quieren?¿Que me mate? Voy a agarrar una caña de pescar. El me respondió eso porque yo le critiqué que vivía en otra ciudad a la que trabaja».
Para finalizar, Castrillón volvió a apuntar contra el periodismo: «A mi me avisan los medios de las audiencias». En conclusión, el exjuez espetó: «Mantener esto elevado a juicio significa perder tiempo, darle pasto a las fieras, que sigan mansillando mi nombre y por eso le digo: No hacen justicia, no buscan con objetividad e imparcialidad, lo que estan buscando es una persecusión deliberada para hacerse propaganda cuando hay muchos delitos más importantes que este que no son investigados».
Foto: Análisis Digital
De la Redacción de Entre Ríos Ahora