El Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, defendió el rol de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal en medio de las denuncias en su contra por presunto mal desempeño. Lo hizo este jueves en el marco del acto de juramento a los fiscales que concursaron a través del Consejo de la Magistratura.
En el acto juraron en sus cargos los fiscales Nadia Paola Benedetti, de Villaguay; Fernando René Martínez, de Gualeguay; Facundo Javier Barbosa, asignado a Gualeguay aunque se mantendrá, por seis meses en La Paz; Matías Raúl Argüello de la Vega, de Chajarí; y María José Labalta, de Concepción del Uruguay.
“Nos bancamos la mala prensa y el enojo. Nos bancamos las denuncias difamatorias porque en realidad esas denuncias no están dirigidas contra nosotros, contra los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Para nosotros es un elogio que personas de laya moral muy baja nos denuncie”, dijo García en la ceremonia que fue trasmitida vía Zoom y la cual presenció Entre Ríos Ahora. A su lado, estuvo la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.
Las palabras del Jefe de Fiscales parecen aludir a la presentación de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet ante el Jurado de Enjuiciamiento, donde solicitaron un jury contra él y la Procuradora Adjunta.
Goyeneche ya tiene una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento formulada por el abogado Carlos Reggiardo, que ya intentó, sin éxito, remover al Procurador.
El 30 de julio, Pagliotto y Mulet sorprendieron con una presentación de 100 páginas, donde desarrollan sus cargos contra el Procurador y la Procuradora Adjunta, a quienes reprochan mal desempeño, incumplimiento de deberes funcionales y graves desórdenes de conducta, lo que también podría llegar a constituir, eventualmente, conductas tipificadas en el Código Penal, lo cual abriría la posibilidad de iniciar una Investigación Penal Preparatoria a ambos altos funcionarios.
Este jueves pasado el mediodía, durante el acto de jura de los fiscales, el Jefe de los Fiscales afirmó que el fin de los integrantes del Ministerio Público Fiscal es lograr “una decisión judicial” que es “la norma legítima y que tiene la aspiración de justicia”.
En esa línea, sostuvo: “Por eso hacemos todo lo que hacemos. Y por eso nos bancamos la mala prensa y el enojo. Nos bancamos las denuncias difamatorias, porque esas denuncias no están dirigidas contra nosotros, los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Para nosotros es un elogio que personas de laya moral muy baja nos denuncien. En realidad están indirectamente direccionadas a provocar en el ámbito de los magistrados el miedo a la decisión autónoma, a la decisión libre y justa. Por eso yo y todos nosotros nos sentimos muy contentos por quienes no nos sorprenden que han ganado los concursos, porque han demostrado a través de estos años que han estado trabajando en el Ministerio Público cuál es su probidad. Los concursos han sido una ramificación de lo que ya conocíamos de cada uno de ellos”.
Acusación de Pagliotto y Mulet
A Goyeneche le endilgan su participación en la causa Contratos en la Legislatura, siendo a la vez socia de uno de los investigados. «Concretamente se acusa a la Dra. Cecilia Andrea Goyeneche por las causales previstas en el art. 15º inc. 6 y 9 de la Ley Nº 9283 y al Dr. Jorge Amílcar Luciano García de estar encuadrado en la causal del art. 15º inc. 4° y 9° de la citada ley -falta de vigilancia del movimiento general de la causa a cargo de su subalterna, y de no ejercer los inexcusables deberes a su cargo al no apartarla para que continuara con la investigación» de la causa Contratos, expediente «del cual objetivamente surgía que tenía intereses y como se desarrolla más abajo en este memorial, comportamiento omisivo que también encuadra en mal desempeño en sus funciones, a tenor del inc. 9 del art. 15º de la ley de enjuiciamiento».
La acusación dice: «En fecha 7/12/2018, en ocasión de llevarse a cabo ante la jueza María Carolina Castagno la audiencia pública y videograbada para tratar el recurso de apelación deducido por las defensas técnicas de los ciudadanos imputados Gustavo Pérez y Ariel Faure con motivo de haberse dictado la prisión preventiva de ambos por parte de la jueza de Garantías Marina E. Barbagelata, la Procuradora Adjunta Cecilia A. Goyeneche, fungiendo a unísono de Fiscal Anticorrupción (designada por el propio Procurador General, obviando la clara manda constitucional local del art. 208º), enfáticamente niega, a la vista y oídos de todos, tener vínculos comerciales o societarios de ninguna naturaleza con el imputado en esa causa, Cr. Pedro Eduardo Opromolla, a raíz de una nota publicada en fecha 05/12/2018 en el matutino El Diario de Paraná (escrita por el periodista Néstor Bellini) en la que se daba cuenta de que el aludido encartado y la referida Procuradora Adjunta, eran condóminos o copropietarios de un inmueble (departamento) sito en calle 9 de Julio Nº 165 de la ciudad de Paraná, lo que la Dra. Goyeneche atribuyó enfáticamente a una furibunda campaña de desprestigio montada contra los investigadores de este caso por parte de las defensas y ciertos medios de prensa, habiendo usado en la ocasión la estridente frase: ´Es falso su señoría´, discurso que es de público y notorio conocimiento y que se acompaña como prueba con este memorial de promoción de Jury».
Pagliotto y Mulet sostienen en su escrito que “se pudo acreditar que la mendaz y negadora Procuradora Adjunta, no será socia, copropietaria o condómina en una sino en dos propiedades, con lo cual, al inmueble de calle 9 de Julio Nº 165 se le sumaba un departamento del fideicomiso Baucis, emplazado en calle La Paz, lo que quedó palmaria y apodícticamente demostrado con prueba instrumental e informativa, suministrada por el propio Registro de la Propiedad Inmueble al responder un pedido de inhibición o embargo promovido por Fiscalía. Concretamente y sin entrar en largos y complejos detalles, pues todo lo que estamos afirmando surge prístino e incontrastablemente de las piezas del propio legajo y las evidencias allí producidas, en cambio sí es preciso destacar para no extraviarnos por arcanos andariveles de lo anecdótico, perdiendo de vista lo sustancial, que la Procuradora Adjunta, a la par de desempeñarse nada más y nada menos que como Fiscal Anticorrupción (o a cargo de ella), sabiendo y conociendo perfectamente de que compartía en condominio o sociedad dos (2) propiedades con el Sr. Pedro Eduardo Opromolla, imputado en la causa, lo negó rotundamente, incluso luego de haber concurrido a la inmobiliaria de otro de los imputados, Sr. Renato Mansilla, donde en el carácter de locadores (Goyeneche y Opromolla), suscribieron a favor de un tercero un contrato de Locación de uno de los inmuebles (el ubicado en calle 9 de julio), con lo cual no podría jamás desconocer y menos aun siendo abogada de fuste, la existencia de ese vínculo comercial con uno de los imputados y de la flagrante incompatibilidad que ello le generaba para seguir estando en el principal lugar de pesquisa, lo que mantuvo en bochornoso y desleal secreto y bajo estridentes negativas desde el mismo día en que se imputó en la causa al Cr. Pedro Opromolla, no sólo su socio comercial y amigo, sino que amigo íntimo y socio también en el Estudio Contable de su esposo, Cr. Luis Sebastián Orlando Bertozzi, emplazado en calle Misiones Nº 276 de esta ciudad, lo que está absolutamente probado por testimonios, prueba documental y otras evidencias en el propio legajo de la IPP, que se solicitará sea remitido íntegramente fotocopiado y certificado por quien funja de actuario/a”.
En el escrito, piden «la remoción contra la Dra. Cecilia Andrea Goyeneche y el Procurador General Dr. Jorge Amílcar Luciano García, solicitando se le dé trámite y dada la relación de dependencia funcional y jerárquica, además de haber sido designados por fiscales en actividad por el Dr. García, se los excluya de actuar como Procurador General subrogante y se proceda a requerir al Superior Tribunal de Justica que designe un Procurador General para asumir el cargo y actuar en el trámite de esta causa en el Jurado de Enjuiciamiento, el que se deberá sortear de la lista de abogados de la provincia, de modo público y ante notario, a fines de aventar cualquier sospecha de parcialidad hacia determinada abogada o abogado del foro».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.