El médico dermatólogo y excandidato a concejal de Paraná, Jorge Luis Daichman -integró la lista que impulsó en 2019 el dirigente Jorge «Kinoto» Vázquez-, obtuvo una nueva resolución judicial adversa en el marco de la causa por presunto abuso sexual que lo tiene como imputado. El nuevo rechazo a su pedido de sobreseimiento provino de la Cámara de Casación Penal de Paraná.
El galeno busca su sobreseimiento, amparándose en distintos artículos del Código Procesal Penal que determinan que la Fiscalía no puede continuar investigando cuando se vencen los plazos para hacerlo.
La defensa del galeno, a cargo del abogado Hernán Lellu, se apoya en un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que dispuso el sobreseimiento de Juan Alfonso Blason Lorenzatto, imputado en una investigación por supuestos contratos truchos mientras se desempeñó en la oficina del exdiputado radical Ricardo Troncoso, por considerar que el Ministerio Público Fiscal alargó los tiempos de la investigación sin argumentos, cuestión que, dice la Sala, no fue advertida ni por el juez de Garantías, el Tribunal de Juicios y Apelaciones ni la Cámara de Casación Penal.
El 20 diciembre de 2021, el juez de Garantías Mauricio Mayer rechazó el pedido de sobreseimiento de Daichman y la decisión fue confirmada el 7 de febrero por la vocal del Tribunal de Jucios y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno.
Ahora, Entre Ríos Ahora supo que el 22 de marzo la Cámara de Casación Penal de Paraná rechazó por inadmisible el recurso interpuesto por la defensa del médico dermatólogo.
En su recurso de apelación contra la sentencia de Castagno, la defensa de Daichman solicitó que «se declare el sobreseimiento de su asistido por aplicación armónica y sistemática de las normas contempladas en el Código Procesal Penal, concretamente, artículos 192, 223, 395 y 397 inciso 6».
«Ello, en virtud de pecar la sentencia impugnada, de falta de fundamentación razonada y suficiente; y violar los siguientes principios: de inocencia, in dubio pro reo, el principio de debido proceso y de plazo razonable», agregó.
Para el defensor técnico, la jueza Castagno incurrió «en afirmaciones dogmáticas o de fe, inobservando así las reglas básicas de la sana crítica racional para concluir asertivamente acerca de la posibilidad concreta del Ministerio Público Fiscal de continuar la investigación una vez vencidos los plazos previstos para ella, con un marcado tinte de parcialidad al permitir y consentir una actividad procesal respecto de la cual carece de facultades».
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En ese sentido, subrayó que «el legislador es absolutamente claro en cuanto al cómputo del tiempo, el cual cuenta desde la declaración de imputado, y que quedarían vacías de contenido las manifestación sobre la perentoriedad de los plazos, porque no hubo inicio del mismo».
Señaló que la resolución cuestionada «se ampara en la interpretación literal y aislada del artículo 223 del Código Procesal Penal de Entre Ríos y omite la consideración esencial del caso, cual es determinar si la inacción del Ministerio Público Fiscal – incluyendo aquí también a la querella – tiene o no consecuencias jurídicas, esto dicho en conexión sistémica con otras normas que regulan el universo del discurso, de lo que se puede colegir – entiende- que la solución propuesta por la sentencia impugnada ha sido parcial, limitada y violatoria del derecho de defensa al no ‘oír’ un argumento esencial».
Sin embargo, el recurso defensivo no tuvo buena acogida por parte de la Cámara de Casación Penal, que integran los jueces Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti.
«En principio, la decisión cuestionada no se trata de una sentencia definitiva ni puede ser equiparada a ella, en tanto conlleva para el justiciable la obligación de seguir sometido a proceso», señalaron y agregaron que «este fundamento, resultaría en principio suficiente para declarar la inadmisibilidad del Recurso de Casación impetrado», resolvieron, según el fallo al que accedió Entre Ríos Ahora.
No obstante, la pelea judicial seguramente continuará, puesto que el defensor hizo reserva de continuar apelando. La próxima instancia es la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), donde surgió el fallo que en diciembre de 2021 dispuso el sobreseimiento de Blasón Lorenzatto -acusado en causa contratos del exdiputado Troncoso- por extinción de las facultades investigatorias y acusatorias del Ministerio Público Fiscal.
Las acusaciones
La primera denuncia contra el médico fue a mediados de mayo de 2020 y la realizó Candela, una joven de 20 años que había asistido a una atención en el consultorio ubicado en calle Corrientes al 500.
El caso lo dio a conocer en un posteo en Twitter y en una entrevista con Entre Ríos Ahora. “Fui a una consulta al médico y jamás imaginé que me iba a pasar una situación similar a esta. Fui por unos sarpullidos en los brazos y por ende me tenía que sacar la camisa. Quedé en corpiño. Él salió con otro tema fuera de lugar y me tocó las tetas; quiso correr mi ropa interior y demás cosas que no puedo contar. Por suerte no llegó a mayores; no hubo violación, fue un abuso”, contó Candela el 14 de mayo de 2020.
Tras conocer la historia de Candela, otra mujer se acercó al Ministerio Público Fiscal y denunció a Daichman por tocamientos ocurridos durante una atención en el consultorio del médico. Mencionó dos hechos ocurridos en 2017 y uno en 2018.
El médico tiene su consultorio en calle Corrientes, donde jurídicamente figura el Centro de Especialidades Médicas SRL, el cual integra. Es especialista en dermatología y también un hombre de la política: en 2019 ocupó el séptimo lugar en la lista de concejales de Fuerza Justicialista.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.