Los propietarios del inmueble donde se encuentra la Dirección de Obras Sanitarias de Entre Ríos, en Paraná, presentaron una demanda de desalojo. La denuncia se tramita en el Juzgado Civil y Comercial N°2, a cargo de la jueza Gabriela Sione,  quien deberá  resolver si el organismo público debe ser desalojado o no.

En el proceso judicial ya hubo una audiencia en la que el Estado y el dueño del edificio no llegaron a un acuerdo y por eso el caso está camino a tener una sentencia. Estiman que la resolución se conocerá entre febrero y marzo de 2018.

Obras Sanitarias de la provincia fue quizás el organismo que más expuesto quedó a partir del proceso judicial que tiene como imputado a su extitular del organismo, Hugo Righelato. El ahora ex funcionario está imputado de los supuestos delitos de peculado de bienes y servicios, ya que habría utilizado maquinaria y personal de esa repartición para fines particulares.

Ahora se supo que Obras Sanitarias, que se encuentra en calle 25 de Mayo 328, de Paraná, enfrenta una demanda de desalojo. El organismo había renovado el contrato en 2015, y ello fue aprobado mediante el decreto provincial N°2834, del 26 de septiembre de 2016.

En ese acto se renovó el contrato de alquiler del inmueble que ocupa la Dirección de Obras Sanitarias con la señora María Edith Bracco (fallecida). En un primer momento, la propietaria solicitó el pago de $50 mil por mes, pero el Consejo de Tasación redujo ese valor a $32 mil mensuales.

Bracco rechazó esa propuesta hecha por el área estatal encargada de analizar los contratos de alquileres que celebra el Estado y, finalmente, tras idas y vueltas en las negociaciones, el 2 de julio de 2015 el Consejo de Tasación subió el valor: $37 mil para 2016 y $47 mil para 2017. Ese fue el pago que se acordó.

El contrato llegó a su fin en abril de este año, pero Obras Sanitarias sigue ocupando las instalaciones. A raíz de esa situación, el propietario inició la demanda para que se le restituya el inmueble y, a su vez, la dirección a cargo de Sergio Pascual comenzó a buscar un nuevo edificio para funcionar.

Desde la Fiscalía de Estado se confirmó que en el proceso judicial sólo hubo una audiencia preliminar donde “no hubo conciliación y la juez pasó autos a sentencia”. En dicha audiencia, señalaron, estuvieron los abogados Tomas Quinteros y Ariel Bracco, en representación de la Fiscalía de Estado y del demandante, respectivamente. “Por ahora no hay sentencia, ni a favor ni en contra del Estado provincial”, remarcaron oficialmente.

Desde el área que comanda Julio Rodríguez Signes se detalló que la demanda de desalojo ingresó a la Fiscalía de Estado el 11 de septiembre de este año y fue presentada por Rómulo Risso, hijo de la fallecida María Edith Bracco, propietario original del inmueble.

“Tenemos otros casos donde administrativamente le encontramos una solución, este es un caso particular. Ellos lo único que demandan es el desalojo, es decir que se le restituya el inmueble”, señalaron desde la Fiscalía de Estado. Ante la consulta sobre supuestas deudas, se resaltó que la demanda es sólo por desalojo y que no existe reclamo de dinero.

No obstante, fuentes cercanas al demandante indicaron a Entre Ríos Ahora que “hay una deuda pendiente pero no se reclama en este juicio, porque el tema de la deuda se está arreglando. La deuda se comenzó a generar en abril, cuando venció el contrato. De todos modos se está hablando”.

Pascual: “Estamos obligados a alquilar algo nuevo”


Consultado por Entre Ríos Ahora, Sergio Pascual, actual titular de Obras Sanitarias de la provincia, confirmó que están en la búsqueda de un nuevo inmueble. “Estamos con contrato vencido y estamos obligados a alquilar algo nuevo”, dijo aunque evitó referirse a la demanda.

“Hemos decidido hacer un llamado a licitación que lo lleva adelante el departamento de Asuntos Contables y en consulta con el Consejo de Tasación que nos asesoran de los precios que hay en el mercado”, agregó el funcionario.

Preguntado sobre cómo recibió la Dirección tras la salida de Hugo Righelato, sostuvo: “Encontré una dirección a mi gusto algo desordenada. La fui ordenando y readecuando de a poco el espacio para que trabajen más cómodos”.

En esa línea, señaló que algunas de las dificultades se ocasionaron ante la falta de algunas herramientas que fueron secuestradas por la justicia en el marco de la investigación a Righelato.

“Me encontré con cosas que no estaban y luego fuimos recuperando algunas. Por ejemplo, a una perforadora la encontramos en un depósito en Victoria y a un camión se lo ubicó en Oro Verde. Lo encontraron durante los allanamientos. Al camión ya pedí recuperarlo para tenerlo a disposición. Ahora me faltan las computadoras y unos expediente secuestrados”, precisó.

Así las cosas, de momento Obras Sanitarias sigue funcionando en el edificio ubicado en calle 25 de Mayo 328, a la espera de la sentencia de desalojo  y en búsqueda de un edificio para seguir trabajando.

 Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.