Pablo Giampaolo, síndico de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), volvió a polemizar con la conducción del organismo, y refrendó las conclusiones a las que arribó en el informe que confeccionó y que elevó a la Legislatura, al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Y advirtió que la crisis económico-financiera que atraviesa la obra social merece un tratamiento “serio y responsable”.
El funcionario destacó que la información que da cuenta de tal crisis se encuentra en los estado contables que fueron rubricados por la intervención. Aseguró que no recibió respuesta a numerosos pedidos de información que instó y alertó sobre una serie de incumplimientos a la reciente Ley de la OSER.
Giampaolo, que fue designado como síndico por la oposición de acuerdo a la normativa que prescribe la Ley Nº 11.202 que en junio de 2025 creó la OSER, ratificó las conclusiones que presentó en el informe que elevó al Poder Ejecutivo, a las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia y al Tribunal de Cuentas.
Consultados sobre las declaraciones que realizó el vicepresidente de la OSER, Ricardo García, en relación con el informe que presentó, Giampaolo se mostró sorprendido: “No esperaba una reacción a través de la descalificación y la amenaza mediática. Si su intención era que contestara de la misma manera, eso no va a pasar”.
Luego, precisó que “la crisis económico -financiera e institucional de la Obra Social merece un tratamiento serio y responsable”. En ese sentido remarcó “la existencia de una crisis institucional, porque hasta ahora sólo he escuchado hablar de la situación económico- financiera, información que todos conocen ya que surge de estados contables firmados por el responsable de la intervención, sin existir nota a los estados contables que consigne un corte documental, ni estados contables de período especial”.
Giampaolo añadió que desde el Gobierno “no hablan de la falta de transparencia originada en la falta de publicación de datos para conocimiento público como lo dispone la nueva Ley de la Obra Social, la falta de contestación a los pedidos de información en contra de las disposiciones de la Ley de procedimiento administrativo, de la existencia de licitaciones públicas realizadas en contra de la normativa vigente e incluso adjudicadas a pesar de haberles advertido formalmente bajo expediente del incumplimiento”.
También enumeró la “inexistencia de licitaciones privadas a pesar del volumen de compras directas del Organismo, la falta de conformación del Consejo Consultivo habiendo pasado ya más de ocho meses de la aprobación de la Ley que así lo exige, la falta de reglamentación de la Ley de creación de la OSER, como tampoco se ha aclarado formalmente la situación laboral del síndico fiscalizador en cuanto a posible incumplimiento de los requisitos para su designación como la posible configuración de incompatibilidad en los términos de la Ley 7.413” de incompatibilidades en la función pública.
Respecto a las posibilidades de encontrar una solución conjunta que contemple el beneficio de los afiliados, el síndico opinó: “Si se refiere a la realización de aportes más allá de los resultados de los controles, sí por supuesto, desde el primer día he estado para hacer aportes positivos”. Indicó que “en más de una oportunidad he hablado con el presidente de la Obra Social sobre diferentes temas, es más, hemos tenido reuniones técnicas con varios miembros de su equipo por varios temas, como por ejemplo por los procedimientos de compras y contrataciones originadas en la realización de licitaciones públicas, la posible partición de compras ante la inexistencia de licitaciones privadas, también por la falta de determinación del patrimonio inicial de la OSER en contra de las disposiciones legales, en entre otros temas”.
Consideró que “el presidente de OSER posee capacidad de trabajo y sobre todo ha demostrado compromiso para concretar un cambio positivo en la obra social, pero lamentablemente muchos de sus colaboradores no están a la altura de las circunstancias y eso lleva a cometer este tipo de errores”.
El síndico añadió que “por otra parte, no creo que el gobernador esté de acuerdo con que un representante de la obra social haya apelado a la descalificación técnica y a la amenaza pública por no estar de acuerdo con mi informe” y ante la amenaza del vicepresidente de la OSER sobre el posible inicio de sumario administrativo en su contra, expresó que “es importante aclarar que soy personal de planta de la Contaduría General de la Provincia, quedando mi cargo en suspenso luego de la designación por decreto como síndico fiscalizador, a partir de lo cual pasé a ser funcionario fuera del escalafón. Por esa situación laboral y por existencia del artículo 23 de la Ley 11.202 no corresponde el inicio de información sumaria, sino la remoción del cargo en caso de configuración de alguna de las causales dispuestas por dicho artículo”.
Ante tal escenario entendió que las causales previstas en la norma “no se han configurado, por lo cual en caso de forzar alguna de ellas y teniendo en cuenta que provengo de una terna elevada por el bloque de senadores del Partido Justicialista y por supuesto la amenaza pública de la que ya hablamos, se podría interpretar como una persecución política y eso sí que generaría un conflicto real e innecesario”.
Aseveró que “seguiré trabajando, profundizando y ampliando los controles realizados hasta el momento. He pensado en comenzar a realizar circularizaciones a proveedores y prestadores, controles cruzados con órganos de control y seguimiento de las actuaciones iniciadas por el Tribunal de Cuentas”.
Finalmente adelantó que “también ampliaré los controles a temas pendientes como la compra de prótesis y medicamentos, cuidadores domiciliarios, internación domiciliaria, contratación por biopsias, amparos, metodología de cobro de los funcionarios y uso de las unidades de compensación económica, entre otros”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora