El escándalo policial-judicial protagonizado por Emilio Aroldo Castrillón, miembro de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), la madrugada del domingo 28 de marzo, en La Paz, cuando protagonizó una trifulca con el dueño de un kiosco, no deja de generar chispazos hacia el interior del Poder Judicial.

En el caso intervino decididamente la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, que reclamó al titular del STJ, Martín Carbonell, que iniciara una investigación interna y evaluara la posibilidad de sancionar a Castrillón por su trato destemplado, su lenguaje soez y sus modos agresivos. La respuesta del máximo cuerpo incomodó a los magistrados, que no recibieron la contestación de buen grado.

Carbonell  respondió al pedido formulado por la Asociación de la Magistratura, que había solicitado la «apertura de una instancia disciplinaria» al vocal Castrillón a raíz de los incidentes policiales que protagonizó el domingo 28 de marzo último en su ciudad, La Paz, y la reacción que tuvo cuando conoció la posición de la entidad sobre esos hechos. Y les dijo que no tenía potestad para hacerlo.

La Asociación emitió este miércoles un documento en el que le reprochó a Carbonell su respuesta que, señalaron, «no se compadece con el compromiso expresamente asumido por ese mismo Alto Cuerpo al aprobar la Declaración Institucional contra la Violencia Laboral”, el último 20 de octubre de 2020.

La entidad que nuclea a magistrados y funcionarios del Poder Judicial hizo notar que «la respuesta emitida por el Alto Cuerpo frente a una concreta comunicación formal de actos susceptibles de ser atrapados en ese concepto, no condice con el contenido de la política institucional y el compromiso expresamente asumidos y en nuestra respetuosa opinión, tampoco se encuentra en consonancia con el art. 37 inc. 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 6902), que entre las atribuciones y deberes asignados al Superior Tribunal de Justicia incluye de modo expreso el contralor sobre la conducta de todos los miembros del Poder Judicial».

La Asociación de la Magistratura advirtió por eventuales interpretaciones que la sociedad podría hacer de la decisión del STJ de no investigar a sus propios integrantes. Y planteó que «pretendemos que la decisión adoptada por el pleno del STJER no sea leída o interpretada por el resto de quienes integran el Poder Judicial ni por la ciudadanía, en el sentido que los integrantes de ese Alto Cuerpo quedan excluidos de la posibilidad de ser investigados en el propio ámbito del Poder Judicial por posibles actos de violencia laboral o indisciplina, más allá e independientemente de la responsabilidad política y funcional que les pueda caber y que se dirime en el ámbito del juicio político».

En tanto, la Asociación de la Magistratura afirmó que en el comunicado emitido el 29 de marzo último, tras lo incidentes en La Paz, «el rechazo allí manifestado no refirió a los hechos que se encuentran sujetos a investigación judicial, sino a la ética judicial que allí se vio, a nuestro entender, claramente comprometida. Las exigencias éticas a la judicatura son mayores que las reclamadas a la ciudadanía y ello no implica una carga desmedida o una violación del principio de igualdad, sino una consecuencia que deriva de la alta tarea de juzgar que aquella
desempeña».

Asociación de La Magistratu… by Entre Ríos Ahora

 

Cruce

Enterado del primer posicionamiento público de la Asociación de la Magistratura sobre la batahola en la que se vio involucrado el magistrado, Castrillón habría dirigido sus dardos sobre dos integrantes de la entidad, las juezas Gabriela López Arango y María Andrea Morales. Según la entidad que reúne a los magistrados de Entre Ríos, el vocal le envió un mensaje donde «le agradeció en tono irónico ‘el odio de la comisión que presido’» y que en el caso de Morales «le endilgó ‘ser la autora de su difamación’».

El titular del STJ le respondió a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial que «de las atribuciones generales de Superintendencia previstas en el artículo 204 de la Constitución Provincial, no emerge potestad disciplinaria que pueda ejercer el Alto Cuerpo respecto de sus integrantes, estando solo prevista la misma respecto de empleados inferiores del Poder Judicial, conforme el propio texto constitucional».

Del mismo modo, aclaró -tras el tratamiento del tema en acuerdo general el lunes 5- «la potestad sancionadora prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 6.902 encomienda al Superior Tribunal el contralor de la conducta de todos los miembros del Poder Judicial en cuanto a la misma estrictamente se refiere al desarrollo de la actividad judicial y al ejercicio de la función».

“Por otra parte, es especifica atribución del Poder Legislativo la de juzgar en juicio político a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, no es de resorte de este Tribunal evaluar previamente, como Usted sugiere en sus líneas, si se está en una situación determinada frente a un caso que podría, o no, dar lugar a la remoción de un Vocal, para en este último caso someterlo a la pretendida potestad disciplinaria”, señala la respuesta del alto cuerpo a la titular de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial, Gabriela López Arango.

Al final, Carbonell le expresa a López Arango que en el marco del acuerdo general N° 08/21 «este Superior Tribunal consideró los sucesos acontecidos en la ciudad de La Paz y que tuvieron como protagonista a un integrante de este Alto Cuerpo, decidiendo que debía estarse a las resultas de las respectivas investigaciones» en relación a la investigación penal preparatoria que está a cargo del fiscal Facundo Barbosa.

a titular de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Gabriela López Arango, cuestionó que los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hayan evitado evaluar la conducta de Emilio Aroldo Castrillón, quien fue acusado de haber ejercido acoso laboral contra una integrante de la Comisión Directiva de la entidad. “Esto parece lo de Poncio Pilato: se lavaron las manos”, dijo López Arango en una entrevista radial.

La entidad había solicitado la «apertura de una instancia disciplinaria» al vocal a raíz de los incidentes policiales que protagonizó el domingo 28 de marzo último en su ciudad, La Paz, y la reacción que tuvo cuando conoció la posición de la entidad sobre esos hechos.

Enterado del primer posicionamiento público de la Asociación de la Magistratura sobre la batahola en la que se vio involucrado el magistrado, Castrillón habría dirigido sus dardos sobre dos integrantes de la entidad: las juezas López Arango y María Andrea Morales. Según la entidad que reúne a los magistrados de Entre Ríos, el vocal le envió un mensaje donde «le agradeció en tono irónico ‘el odio de la comisión que presido’» y en el caso de Morales «le endilgó ‘ser la autora de su difamación’».

Este lunes, el titular del STJ, Martín Carbonell, le respondió a la entidad que no tienen la facultad para evaluar la conducta de uno de los suyos. “De las atribuciones generales de Superintendencia previstas en el artículo 204 de la Constitución Provincial, no emerge potestad disciplinaria que pueda ejercer el Alto Cuerpo respecto de sus integrantes, estando solo prevista la misma respecto de empleados inferiores del Poder Judicial, conforme el propio texto constitucional”, indicó el magistrado.

La respuesta no conformó a Gabriela López Arango, quien en una entrevista en el programa Aire de Todos, que se emite por Radio Costa Paraná 88.1, sostuvo: “Me llama mucho la atención la respuesta del Superior. Esto parece lo de Poncio Pilato: se lavaron las manos. Todos integramos el Poder Judicial y nos debemos normas de conductas social e institucional. Pareciera que estamos en un reinado donde los reyes son intocables. Ahora se está elaborando un protocolo de violencia laboral,  y con esta respuesta parece que no es para los vocales del Superior, es para quienes estamos abajo”.

En esa línea, la magistrada entendió que la conducta de Castrillón no amerita un jury, sino una sanción por parte de sus colegas en el STJ. “Esto no es para un jury. Es para analizar una conducta inapropiada. Ellos integran el Poder Judicial pero no analizan su conducta. Lo que están diciendo es que ellos pueden tener conductas censurables o reprochables y no pueden tener ninguna actuación ni siquiera administrativa. La verdad que nos sorprendió la respuesta”, lamentó.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.