El gobernador Gustavo Bordet sorprendió este lunes por la noche cuando dio la orden para dar la “buena nueva” a su equipo de comunicación: la aceptación de la renuncia de Jorge Rodríguez, quien se venía desempeñando como sub interventor del  Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE), cargo al que arribó luego de haber comandado la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) durante el urribarrismo.

Rodríguez es otro de los ahora ex funcionarios de Bordet que tienen que rendir cuentas ante la justicia. El 27 de octubre le aceptó la renuncia a Mauro Urribarri, quien dirigía los destinos del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia y también está en la mira de la justicia. En su lugar ubicó a la diputada provincial Rosario Romero, también esposa de José Carlos Halle, ex intendente de Paraná y hoy presidente del EPRE. Rodríguez era el segundo de Halle en el organismo. Pero ahora fue eyectado.

El ahora ex sub interventor del organismo tiene un asunto que aclarar en la justicia. Se trata de la causa por la “escuela de Vialidad”, y por la que fue denunciado en 2015 y cuyo expediente fue elevado a juicio en febrero de este año. Una serie de recursos interpuestos por sus abogados impidieron que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) le ponga fecha al juicio.

Como ha contado Entre Ríos Ahora, a Rodríguez se lo acusa de haber utilizado fondos del DPV para la construcción de la escuela pública de gestión privada de Vialidad, Nº 235, denominada Heraclia Ruiz Díaz, inaugurada en 2014. El delito que se le endilga es el de peculado.

La última novedad en la causa fue en agosto, cuando sus abogados defensores Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli presentaron un recurso de impugnación extraordinaria ante la Cámara de Casación Penal para que su planteo de sobreseimiento sea tratado por la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), que preside el vocal Daniel Omar Carubia, y que integran Claudia Mizawak (presidenta del STJ) y Miguel Ángel Giorgio. A dicho recurso adhirió Javier Martínez, abogado de Néstor Kemerer, actual subadministrador del DPV; y Mario Heyde, ex director de Suministros de Vialidad, también imputados de peculado.

Los letrados ya presentaron otros recursos para que se revea la resolución del juez de Garantías Eduardo Ruhl, quien el 17 de febrero de este año elevó la causa a juicio oral y público, tal como lo habían solicitado las fiscales Patricia Yedro y Carolina Castagno. En esa audiencia, el magistrado se declaró incompetente para expedirse sobre el pedido de sobreseimiento de los defensores.

La causa contra Rodríguez , Kemerer y Heyde se inició a fines de septiembre de 2015 tras la demanda penal presentada por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná, mandato cumplido) y Jorge Monge (UCR-Diamante, integrante ahora del bloque Cambiemos), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. La acción se llevó a cabo tras la publicación de la investigación periodística de Jorge Riani, de la revista “Análisis”.

La denuncia y la acusación de la fiscalía toman como una de las pruebas un informe de la asesora jurídica del Tribunal de Cuentas, Nanci Vinagre, emitido el 5 de marzo de 2015 en el que destacó varias irregularidades en la creación de la escuela vial.

Para la fiscalía, el delito de peculado se consumó cuando se usaron fondos públicos asignados para Vialidad para construir una escuela privada, violando la Ley de creación de la DPV, Nº 2.936, que señala que el organismo debe ocuparse de la construcción y mantenimiento de los caminos y rutas de la provincia; pero no de construir un establecimiento educativo.

En la audiencia del 17 de febrero, cuando el caso se elevó la causa a juicio, la fiscalía también cuestionó que cuando el Consejo General de Educación (CGE) aprobó la creación del establecimiento escolar, los imputados formaron una Asociación Civil sin fines de lucro denominada Los Viales, con el fin de administrarla. La asociación fue presidida por Kemerer y Rodríguez fue designado secretario.

A su vez, consignaron que en agosto de 2014 “Kemerer, representando a la Asociación Civil Los Viales y actuando en connivencia con Rodríguez y con Heyde, sin observar el procedimiento previsto la Ley de Contabilidad Pública, celebraron un contrato de comodato por el cual DPV le cedió a la Asociación Civil el predio donde funciona la escuela, consistente en una porción de terreno de 150 metros cuadrados cubiertos, ubicado sobre calle Saraví, entre Brasil y JM Esquiú de Paraná, dentro del predio de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, Departamento Almacenes de la DPV”.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.