Los intendentes de Cambiemos han puesto bajo la lupa las cuentas de sus municipios que, hasta diciembre pasado, fueron administradas por intendentes K.
El que más revuelo produjo fue Darío Benedetti, jefe comunal de Larroque, que denunció sobreprecios en una obra pública, y logró que hasta el presidente Mauricio Macri lo felicitara.
Benedetti resolvió devolver a la Nación $15 millones que, a su criterio, fue un sobreprecio que el jefe comunal anterior, Raúl Riganti (FPV), pretendió pagarle a la empresa constructora Organización Integral Constructora SA (OICSA) por una obra de construcción de 14 cuadras de pavimento financiadas por el gobierno nacional.
La gestión Riganti acordó el pago de unos $21 millones por esa obra. Su sucesor de Cambiemos encargó una auditoría que determinó que la obra costó $5 millones. La empresa cobró hasta ahora $8 millones y Benedetti pretende que devuelva los $3 millones que sobran.
En Crespo, otro intendente de Cambiemos, Darío Schneider, se puso a investigar los números de su predecesor, Ariel Robles (K), y también descubrió irregularidades.
Schneider contrató a los abogados Rubén Pagliotto, Guillermo Mulet, Damián Pettenatti e Iván Vernengo quienes ya presentaron en la Justicia cuatro denuncias que involucran a la administración K. Estas son las cuatro denuncias, según reveló el sitio Paralelo 32, de Crespo.
Robles, junto a la exministra K Débora Giorgi.
1) Centro Integral de Estudios y Capacitación (CIEC): están imputados el exintendente, el exsecretario de Gobierno, Jorge Waigel; el exsubsecretario de Integración y Participación Ciudadana, Daniel Reato; el exresponsable de Cultura, César Román Escudero, y el empleado municipal Mariano Gottig. No hay rendición de gastos ni de ingresos, tampoco contratos con la institución de capacitación de Rosario que realizaba cursos de capacitación a distancia. Las figuras penales involucradas son peculado de servicios e incumplimiento de deberes de funcionario público.
2) Escuela Municipal de Música “Don Ramón Avero”: están denunciados Robles, Reato, Román Escudero y Hernán Brambilla, coordinador de la escuela. Se cobraban cuotas a los alumnos, pero los fondos no eran ingresados en las cuentas presupuestarias de la Municipalidad. No había partidas oficiales de ingreso y destino de los recursos. En base a las cuotas determinadas en la investigación y la cantidad de alumnos, se calculó una irregularidad total en torno a 400 mil pesos.
Darío Schneider.
3) Incompatibilidad: están involucrados Robles y la exsecretaria de Economía, Hacienda y Administración, contadora Leonor Winderholler. Según las normas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, un profesional no puede ejercer a nivel privado en la jurisdicción donde es funcionario público, en este caso el municipio de Crespo. Siendo secretaria, Winderholler atendía en su estudio a proveedores del Estado municipal, integraba como funcionaria las comisiones de estudios de licitaciones donde se presentaban presuntos clientes privados, manejaba los talonarios de facturas de clientes de su estudio que eran contratados por la Municipalidad. También en esta denuncia se pide que investigue a Robles porque a juicio de los profesionales no podía ser ajeno a las irregularidades, y porque no tomó cartas en el asunto ante la incompatibilidad de su funcionaria del gabinete. Consideran que durante cuatro años, Robles no pudo estar en desconocimiento sobre la intervención de Winderholler desde su estudio y como funcionaria con proveedores y contratados por el Estado municipal.
4) Subsidios: en principio, fueron imputados el exintendente Robles, y los secretarios Waigel y Winderholler. La denuncia se podrá ampliar a funcionarios y empleados que resulten responsables en la cadena de toma de decisiones. Se detectó que la mayoría de los subsidios analizados fueron entregados sin relevamientos socioeconómicos de sus beneficiarios. Dada la gran cantidad de beneficios entregados durante la gestión anterior, la investigación se hizo con muestras al azar sobre los dos últimos años de la gestión, 2014 y 2015. Los subsidios entregados iban de 2 mil a 20 mil pesos, en su mayoría. Se detectó mucha informalidad, falta de informes socioeconómicos, sin patrones objetivos para otorgarlos, se acrecentaron en época previa a las elecciones. En estos casos, se plantea la posible malversación de fondos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.