El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos volvió a tener este viernes una jornada insólita, con la suspensión de una prueba de oposición que molestó a casi todos los concursantes que habían viajado desde distintos puntos de la provincia para someterse a examen en las dos sedes convocadas, la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Escuela de Comercio N° 1 Justo José de Urquiza.
El aplazamiento se dio cuando todos los concursantes estaban listos en las dos sedes convocadas, y a punto de empezar la prueba se enteraron que no estaba todo en regla como para que se lleve adelante el concurso. La principal falla la ausencia de uno de los jurados. En la prueba actúan tres jurados. Cada jurado presenta dos casos en sobre cerrado. De esos, se saca uno, y es el que se concursa.
Pero uno de los jurados faltó a la cita, el abogado concordiense Jorge Romero, en representación del Colegio de la Abogacía. Pero los concursantes llegaron a la prueba sin saber que no estaba todo listo. El Consejo de la Magistratura propuso llevar adelante el examen con 4 casos y no 6 como estaba previsto, ante el faltazo de uno de los jurados, pero entonces se generó una discusión. Uno de los que levantó la voz para plantear posibles nulidades en el proceso fue el juez de Garantías de Concordia, Darío Guillermo Mautone; otro, el abogado nogoyaense José Luis Fernández.
El aplazamiento de esta instancia del concurso molestó a varios de los concursantes, la mayoría con ajustes de agenda, gastos de traslado y estadía en Paraná y la necesidad de reacomodar agendas en los tribunales cuando se trata funcionarios judiciales. «Una habitación de hotel te cuesta $11 mil», se quejó uno de los que viajó a la capital provincial desde la costa del Uruguay.
La suspensión de este viernes no es la primera que se dispone en los concursos N° 252, 253, 254, 255 y 256, destinados a cubrir 3 cargos de juez de Garantías en Concordia; 2 cargos de juez de Garantías en Paraná; un cargo de juez de Garantías y Transición de Colón; 1 cargo de juez de Garantías y Transición de Nogoyá; y 1 cargo de juez de Garantías y Transición de Villaguay. En diciembre de 2021, el Gobierno provincial, mediante decreto, había suspendido tanto estos concursos, como asimismo los de fiscales, tras una presentación efectuada por alrededor de cincuenta postulantes que habían cuestionado una resolución del Consejo de la Magistratura que permitía el uso de computadoras personales, exceptuaba de participar del examen a dos aspirantes embarazadas y fijaba para ellas una fecha complementaria para que pudieran rendir.
El concurso de fiscales tuvo finalmente la prueba escrita el 10 del actual luego de aquella suspensión escandalosa. Un total de 120 postulantes atravesaron la prueba escrita en los concursos Nº 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 y 245 convocados por el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos para la designación de 32 fiscales auxiliares en distintos puntos de la provincia, trámite que había sido frenado por una polémica que surgió tras la decisión de darle un trato preferencial a dos fiscales.
Esos concursos fueron convocados en 2019 para la designación de 13 cargos de fiscales auxiliares en Paraná; 2 en Diamante; 1 en Feliciano, 2 en La Paz; 2 en Concordia; 1 en Chajarí; 2 en Concepción del Uruguay; 1 en Colón; 1 en Rosario del Tala; 1 cargo en Villaguay; 2 en Gualeguay; 2 en Gualeguaychú; 1 en Villa Paranacito; y 1 en San Salvador, para los cuales se habían presentado en un primer momento un total de 206 postulantes (118 mujeres y 88 varones).
A través de la resolución N° 1.144, dictada el 4 de noviembre de 2021, el Consejo de la Magistratura dispuso una excepción del Reglamento General de Concursos, solicitar que los postulantes asistan a la prueba de oposición con sus computadoras personales, implementar un protocolo tendiente a resguardar la integridad y el anonimato de la prueba de oposición; y receptó positivamente una solicitud de prórroga planteada por dos postulantes mujeres para la realización de la prueba por estar cursando sendos embarazos.
Enterados de esas decisiones, un grupo de postulantes reprochó lo resuelto por el Consejo de la Magistratura por entender que se producirían transgresiones al reglamento y se resentiría la garantía de igualdad, anonimato, imparcialidad y unicidad, y pidieron que se prorrogue la fecha de la prueba de oposición para todos los candidatos, que había sido resuelto para el 14 de diciembre último. El Consejo de la Magistratura rechazó esa petición mediante la resolución N° 1.145, del 24 de noviembre de 2021. Fue entones que el caso llegó en apelación ante el Ministerio de Gobierno, que a través del decreto N°3.853, del 6 de diciembre, revocó lo resuelto por el Consejo e instruyó al organismo “a adoptar las medidas tendientes a concretar la instancia de oposición en el primer cuatrimestre del año 2022”.
El Ministerio de Gobierno actuó guiado por un dictamen de Fiscalía de Estado y entendió que “la relevancia de los principios en juego en materia de selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, la necesidad de preservar los postulados y garantías involucrados y particularmente la interdicción de la arbitrariedad, cuya violación traería aparejado la proliferación de pleitos innecesarios con la generación de perjuicios patrimoniales al Estado, imponen a nuestro criterio una decisión contundente de este Poder Ejecutivo sobre el caso aquí examinado”.
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Ahora, la misma situación conflictiva rodea al concurso para jueces de Garantía.
Todo estaba previsto para que el proceso continuara este viernes 13. La nueva e insólita suspensión de este viernes, detalló el sitio El Entre Ríos, se debió a que el jurado en representación del Colegio de la Abogacía omitió presentar los dos casos que debía proponer para que sean resueltos por los concursantes. Fue así, que en vez de haber 6 casos en total (dos por cada uno de los tres jurados) entre los cuales se elegiría por sorteo uno de ellos, y sobre el que trabajarían los postulantes, sólo había 4.
¿Quién es el jurado por el Colegio de la Abogacía que incumplió con la presentación de los dos casos? Por lo que pudo saber El Entre Ríos, en principio el jurado designado era el Dr. Jorge Romero, de Concordia. Es más, en la página web oficial del Consejo de la Magistratura aún figura su nombre como “Jurado Técnico Titular” en “representación del estamento abogados”.
Pero los postulantes se enteraron este viernes de que el doctor Romero habría renunciado un mes atrás, dato que nunca les fue notificado. El suplente que debía ocupar su lugar es el Doctor Edgardo Garbino. Justamente él habría omitido la presentación de los casos, lo que derivó en la suspensión de la prueba de oposición.
La situación se volvió especialmente tensa cuando desde el Consejo de la Magistratura buscaron desligarse de la decisión de suspender y traspasarla a los concursantes. “Es una locura”, reaccionó uno de ellos, ante una consulta de El Entre Ríos. Como sea, lo cierto es que el examen no se llevó a cabo.
El enojo de los postulantes le apunta al Consejo de la Magistratura, al que consideran responsable del “papelón” y de múltiples irregularidades. No resulta fácil entender por qué el organismo responsable de los concursos no chequeó con suficiente antelación que estuvieran los seis casos presentados.
“El día anterior, si no tenían los casos por razones de salud de un jurado, deberían haberlo suspendido automáticamente, evitando que la gente viaje. Pero no, esperaron a que estemos todos sentaditos para rendir”, explicó uno de los postulantes.
Los reproches al Consejo de la Magistratura no acaban ahí. No se entiende por qué no se notificó a los concursantes la renuncia del jurado Romero, formalidad que sí se cumplió cuando la doctora Cecilia Goyeneche, luego de que el Jurado de Enjuiciamiento la suspendiera en sus funciones de Procuradora Adjunta, fuera sustituida por la doctora María Evangelina Bruzzo, como jurado del concurso en representación del estamento de magistrados.
Los postulantes han quedado sumidos en la incertidumbre. No hay nueva fecha definida, no se sabe si van a apartar al jurado. De haber nuevos jurados designados, tendrá que concederse un plazo para eventuales impugnaciones, y luego recién fijar nueva fecha de oposición, cumpliendo con el requisito de que haya un mínimo de 30 días entre que avisan y se sustancia la prueba. “Todo esto acarrea gastos económicos a los concursantes, además de que pone en duda la transparencia del concurso”, se quejó un postulante.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora