La Cámara de Casación Penal declaró «inadmisible» el recurso que planteó el abogado Patricio Cozzi, defensor de Dolores Etchevehere, que planteó la recusación de los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bezza, que llevan adelante la investigación penal a partir de la denuncia por usurpación de la estancia Casa Nueva, en Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena, que presentó la empresa Las Margaritas SA.
Se trata del tercer revés que soporta la mujer, que quedó envuelta en una denuncia penal formulada por su propia madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial. Todo se desató luego de la espectacular ocupación por Dolores Etchevehere junto a militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois, del campo Casa Nueva el 15 15 de octubre de 2020. Sus hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, más su madre desplegaron movilizaciones multitudinarias para exigir el desalojo hasta que consiguieron que el 29 de octubre la camarista María Carolina Castagno ordenase el desalojo.
Se abrió una causa por usurpación a Dolores Etchevehere y al abogado Ernesto Facundo Taboada.
El 4 de junio de este año los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, de la Unidad Fiscal de La Paz, solicitaron la remisión de la causa a juicio, con un pedido de condenada de un año de prisión condicional –no irán presos- para Dolores y el abogado Facundo Taboada. Pero la remisión a juicio no pudo darse por cuanto Dolores Etchevehere recusó a los fiscales que la acusan.
Fue entonces que la defensa planteó la recusación de los fiscales por entender que Fiscalía perdió objetividad durante la tramitación de la causa. Consideraron que el fiscal se adelantó a determinar en varios pasajes del escrito de remisión a juicio que Dolores carece de derechos hereditarios sobre el inmueble en conflicto. Resaltaron los defensores que ello «lo debe determinar el juez de la sucesión del patrimonio de Félix Etchevehere».
Plantearon que el fiscal partió de un «prejuicio» contra Dolores, ya que la tildó de mentirle a las personas que la acompañaron en el ingreso a la estancia de que tenía derechos sobre el campo. Para los defensores esa postura revela una «falta de perspectiva de género» y aseguraron que cuando Dolores se entrevistó con el fiscal en Casa Nueva le pidió que investigue que estaba siendo violentada por sus hermanos y los ruralistas. Recordaron que Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere cerraron con candado la tranquera de ingreso al campo y que un grupo de ruralistas incluso ingresó al predio y le propusieron «un salvoconducto para salir de la provincia».
Los abogados de Dolores y Taboada también pusieron en conocimiento del juez que en la causa por estafa y vaciamiento de El Diario de Paraná, Dolores fue aceptada como querellante; y que en dicho proceso la jueza Parola Firpo la convocó para que ratifique un convenio por la división de las acciones de Las Margaritas SA, y este no fue ratificado.
Asimismo, cuestionaron que el fiscal no haya investigado la denuncia de violencia de género que formuló Dolores, a pesar de que existen procesos como el que lleva adelante el fiscal federal porteño Federico Delgado, que investiga a los hermanos Etchevehere por supuesta «extorsión y violencia económica».
En tercer lugar, recusaron al fiscal porque entendieron que en la investigación cometió una falta de criterio porque pretende llevar a juicio un delito de usurpación que generalmente se resuelve por salidas alternativas. «Es inédito en la provincia y en el país elevar a juicio un conflicto entre hermanos por un bien que está indiviso. Es un acto discriminatorio contra Dolores», manifestó el abogado Cozzi.
Primero, el planteo fue rechazado por el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo. Luego, el 22 de octubre, la medida fue refrendada por la vocal María Carolina Castagno, la misma jueza que el 29 de octubre de 2020 resolvió ordenar el desalojo de Dolores Etchevehere de la estancia Casa Nueva, que dio lugar a la causa por usurpación y, después, por desobediencia judicial, cuando se negó a cumplir la medida.
En la resolución a la que accedió Entre Ríos Ahora, la magistrada sostiene que «al ingresar al examen de admisibilidad del medio impugnaticio articulado por el recurrente», dice, «advierto claramente que la decisión impugnada no resulta susceptible de apelación, por cuanto la norma (…) dispone que sólo lo son aquellas resoluciones que expresamente así se declaren o que causen un gravamen irreparable».
Ahora, igual camino siguió la Cámara de Casación Penal. En un fallo del 26 de noviembre último, los camaristas Marcela Davite y Hugo Perotti declararon «inadmisible» y «en consecuencia mal concedido el recurso de Casación articulado por el Dr.Patricio Nicolás Cozzi – en ejercicio de la defensa Dolores Etchevehere y Facundo Taboada- contra la resolución dictada por la Dra. María Carolina Castagno de fecha 22/10/2021».
De igual modo, la discusión no se ha agota en esa decisión judicial por cuanto la defensa de Dolores Etchevehere hizo reserva del caso federal por lo cual la discusión en torno a la recusación de los fiscales Sobko y Bessa llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es incierto cuándo ocurrirá la audiencia de la remisión a juicio de la causa por usurpación del campo de Paraje Quebracho.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora