La Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por los jueces Marcela Davite, Hugo Perotti y Marcela Badano, le denegó el recurso extraordinario al extitular de Vialidad, Jorge Rodríguez, quien pretendía que su planteo de sobreseimiento sea tratado por la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ). Es en el marco de la causa conocida como la “Escuela de Vialidad”, que fue elevada a juicio en febrero de este año, y en la que Rodríguez, hoy subinterventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), está imputado por el delito de peculado junto a otros dos funcionarios.
El 17 de febrero, la causa fue elevada a juicio pero Rodríguez y los demás acusados interpusieron diferentes recursos para evitar llegar al debate oral y público. Además del extitular de Vialidad, también están imputados por el supuesto delito de peculado, Néstor Kemerer, actual director subadministrador del DPV, que en el momento de la denuncia se desempeñaba como director de Mantenimientos y Suministros; y Mario Heyde, ex director de Suministros de Vialidad.
El recurso recientemente rechazado fue interpuesto el pasado 14 de agosto por los abogados del actual subinterventor del EPRE, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, que cuestionaron la resolución del 27 de julio cuando la misma Cámara declaró “inadmisible” el recurso de Casación interpuesto contra el pronunciamiento del Vocal del tribunal de Juicio y Apelaciones, Pablo Vírgala, del 29 de mayo.
Entre Ríos Ahora accedió a la resolución N°255, de fecha 18 de septiembre, en la que los jueces Davite, Perotti y Badano denegaron el recurso de Rodríguez y compañía para llegar al STJ. En el mismo, toman como criterio la postura que estableció el STJ en otros casos: “Las resoluciones que declaran improcedentes recursos interpuestos ante tribunales provinciales, por supuestos incumplimientos de los requisitos de admisibilidad establecidos en los códigos de procedimiento local, no justifican en principio la apertura de la vía extraordinaria federal prevista en el art. 14 de la ley 48, salvo que se constate la existencia de un censurable exceso ritual susceptible de frustrar la garantía de defensa en juicio, lo que no se desprende ni remotamente de la compulsa de las constancias de estas actuaciones ni de las alegaciones de la recurrente. De ahí que la C.S.J.N. expresamente determinó que las cuestiones relativas a la admisibilidad de los recursos locales no son, por regla, revisables en esta instancia extraordinaria, ya que por su naturaleza procesal no exceden el marco de las atribuciones propias de los jueces de la causa”, se cita en la resolución de Casación.
En ese sentido, agregan que “si bien los impugnantes intentan dotar de sentido constitucional el libelo impugnativo a efectos de procurar la habilitación de la instancia extraordinaria provincial, de la lectura del escrito recursivo se desprende que la defensa vuelve a enunciar la configuración de un supuesto de gravedad institucional sin detenerse a formular una crítica precisa de los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta la resolución de esta Cámara para refutar tal afirmación”.
Párrafo siguiente señalan que los “agravios formulados resultan insuficientes para habilitar la revisión extraordinaria pretendida, por cuanto no se desarrollan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la resolución recurrida, sino más bien que se plantea un mero disenso con lo resuelto por este Tribunal, lo cual, si bien constituye una característica del debate dialéctico, no lo es de la expresión de agravios propia de la actividad recursiva tendiente a demostrar precisamente el desacierto del pronunciamiento que se recurre y las razones por las que se lo considera erróneo”.
La causa por la “Escuela de Vialidad”
La causa ya es conocida. Se inició a fines de septiembre de 2015 tras la demanda penal presentada por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná, mandato cumplido) y Jorge Monge (UCR-Diamante, integrante ahora del bloque Cambiemos), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. La acción se llevó a cabo tras la publicación de la investigación periodística de Jorge Riani, de la revista “Análisis”.
Las fiscales Patricia Yedro y Carolina Castagno acusan a los funcionarios de haber utilizado fondos de Vialidad para la construcción de la Escuela Privada Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz, inaugurada en 2014, apartándose de las funciones que establece la Ley de creación de Vialidad, Nº 2.936.
Toman como prueba un informe de la asesora jurídica del Tribunal de Cuentas, Nanci Vinagre, emitido el 5 de marzo de 2015, en el que destacó varias irregularidades en la creación de la escuela vial.
El caso fue elevado a juicio oral y público por el juez de Garantías N°2 Eduardo Ruhl el 17 de febrero de este año. En esa audiencia, las fiscales les imputaron a los funcionarios el delito de peculado, ya que habrían utilizado “fondos públicos cuya administración, les había sido confiada, con destino a poner en funcionamiento, a partir del mes de febrero de 2014, una escuela pública de gestión privada que lleva el Nº 235, denominada Heraclia Ruiz Díaz”. Y, entre otras cosas, señalaron que para sostener la escuela, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) pagó, desde su creación, 3 millones de pesos a personal docente y cerca de 900 mil pesos en obras de refacción y construcción del edificio escolar.
También sostuvieron que: “Cuando el Consejo General de Educación (CGE) aprobó la creación del establecimiento escolar, con el único propósito de simular que la escuela iba a ser administrada y sustentada económicamente por una institución privada, formaron una Asociación Civil sin fines de lucro denominada Los Viales, presidida por Kemerer y en la cual Rodríguez fue designado secretario”.
“Kemerer, representando a la Asociación Civil Los Viales y actuando en connivencia con Rodríguez y con Heyde, sin observar el procedimiento previsto la Ley de Contabilidad Pública, celebraron un contrato de comodato por el cual DPV le cedió a la Asociación Civil el predio donde funciona la escuela, consistente en una porción de terreno de 150 metros cuadrados cubiertos, ubicado sobre calle Saraví, entre Brasil y JM Esquiú de Paraná, dentro del predio de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, Departamento Almacenes de la DPV”, agregaron en la acusación.
En aquella audiencia, la fiscalía adelantó que solicitará 7 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, para Rodríguez y Kemerer; y 4 años de prisión, más la inhabilitación absoluta perpetua, para Heyde.
Recursos de la defensa
Tras la elevación a juicio, los abogados de Rodríguez, Kemerer y Heyde (estos dos últimos asistidos por Javier Martínez) presentaron un recurso de queja solicitando el sobreseimiento de sus clientes. El 29 de mayo, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Pablo Vírgala, declaró bien denegados los recursos de apelación contra la resolución del Juez Ruhl, que se había declarado incompetente para expedirse sobre el pedido de sobreseimiento. No obstante, sí concedió que vayan en Casación. En esta instancia, el 27 de julio los jueces consideraron mal concedido el recurso de Casación y lo declararon inadmisible.
En esa resolución la Cámara de Casación reseñó los argumentos de la defensa técnica, que consideraron que el 17 de febrero, en la audiencia de remisión de la causa a juicio, se configuró un supuesto de gravedad institucional, cuando el juez de Garantías Eduardo Ruhl se declaró incompetente para tratar el pedido de sobreseimiento.
En relación a ese punto, la Cámara resaltó que el artículo 405 del Código Procesal Penal de la provincia “es determinante al establecer la irrecurribilidad del Auto de Remisión a Juicio, dejando sólo a salvo la posibilidad de impugnación de la sentencia definitiva que se dictare luego del contradictorio”.
“Entendemos que el ordenamiento procesal garantiza el derecho de defensa que le asiste al imputado, pues prevé la posibilidad de efectuar nuevamente el planteo respectivo en la instancia plenaria, próxima a celebrarse”, completaron aquella vez los jueces Davite, Perotti y Badano.
El pasado 7 de agosto la fiscal Yedro solicitó a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que fije fecha para el debate al entender que la defensa agotó todos los recursos posibles. Sin embargo, todavía el calendario de juicio no contempla el de Rodríguez y compañía.
Especial para Entre Ríos Ahora.