El abogado Rubén Pagliotto, uno de los letrados que promovieron el pedido de juicio político a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mónica Mizawak, no quedó conforme con el desempeño que tuvo hoy el titular de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Diego Lara (Frente para la Victoria). Pagliotto participó de la reunión de la comisión investigadora, junto a otros denunciantes, como María Emma Bargagna y Santiago Reggiardo.

Tras la reunión, Pagliotto sostuvo que Lara “actuó más como un defensor técnico de la doctora Mizawak que con la objetividad que tiene que actuar un presidente de una comisión acusadora”.

Rubén Pagliotto.

Rubén Pagliotto.

 

En cuanto a la no convocatoria a testigos, Pagliotto dijo que Lara “falta a la verdad cuando dice que sería sobreabundante citar personas que testimonien”.
“Hay una cantidad de antecedentes en la historia de distintas comisiones investigadoras que han convocado a ciudadanos a que depongan en calidad de testigos, porque sus testimonios puede llevar a conducirte a la vedad de un hecho”, agregó en diálogo con Entre Ríos Ahora.

Por otro lado, Pagliotto destacó la postura asumida por el diputado massista Alejandro Bahler, a quien vio “con mucha fortaleza” para defender la posición de la oposición. “También estuvo bien la diputada María Alejandra Viola. Pero en general a los opositores les falta más garra y pasión. Defender, argumentar y poner más énfasis en la defensa de las posiciones”, completó.

Por citar un ejemplo, Pagliotto comentó que en uno de los oficios librados a la Contaduría del STJ se le consulta sobre los “rubros” que se le liquidan a los vocales del STJ. “Precisamente, estos rubros que nosotros hemos llamado sobresueldos y montos en negro no se liquidan por los canales habituales porque es un rubro clandestino. Nunca terminó de explicarlo bien la presidenta Mizawak de dónde se extraían esos fondos”, comentó Pagliotto.

En relación a los “Gastos Protocolares”, como llamó Mizawak a los “gastos reservados”, Pagliotto dijo que “nunca sobre ese concepto hubo claridad sobre de dónde provenían y cuál era el concepto por el cual se lo pagaban y que no todos lo cobraban”. En cuanto a quienes no habrían cobrado ese concepto, mencionó a la actual fiscal general del STJ, Laura Zaccagnini de Gambino, y a la jueza Susana Medina de Rizzo.

Más adelante, opinó que el bloque oficialista de diputados “ha hecho una suerte de montaje para no ser tan groseros y obvios y que de alguna manera la gente piense que se abrió la investigación”.
En esa línea, dijo que no cree que el bloque del FPV “levante la mano a favor de la acusación de Mizawak” y que “allí se habrá comprobado la teoría de que el único objetivo subalterno y no escrito de juzgarlo a Chiara Díaz obedece a la necesidad imperiosa que tienen muchos exfuncionarios y algunos actuales de garantizarse su impunidad porque sus situaciones son cada día más delicadas”.

El abogado penalista consideró que si la comisión trabaja bajo el “lineamiento de amplitud probatoria” no debe haber motivo para no ampliar la investigación. Lo dijo en relación a la decisión del oficialismo de no ampliar la investigación sobre las sociedades comerciales que integran familiares de Mizawak: “tiene mucho que ver que un hijo, hija, padre y esposo de una vocal del STJ tenga que ver con empresas vinculadas a la obra publica. En definitiva, todo conflicto de intereses entre un contratista del Estado y el Estado mismo lo va a dirimir en última instancia el pleno del STJ que integra Mizawak, hija de uno de los dos integrantes de dos sociedades: de Construyendo SA y Residencial SA. Y más aun, en el orden de agravamiento, su esposo, el ingeniero Raúl Arroyo, secretario de Energía, integra la sociedad AyM, dentro de cuyo amplio objeto social está el vinculado con la obra pública”, concluyó.

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.