Rubén Pagliotto, abogado de Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, presidenta de Las Margaritas SA, acusó a Dolores Etchevehere de haber «invadido un campo sobre el que no tiene derecho».
Lo dijo en el marco de la audiencia de apelación de la causa por el campo Estancia Casa Nueva, ubicado cerca de Santa Elena, y que desde el jueves 15 es motivo de disputa entre la familia Etchevehere. Ese día, Dolores ingresó a la estancia junto a integrantes del Proyecto Artigas, vinculados al abogado Juan Grabois, y anunció el inicio de un proyecto agroecológico.
Su madre la denunció por el delito de usurpación y pidió el desalojo. El tema se discutió, primero, ante el juez de Garantías subrogante de La Paz, Raúl Flores, quien rechazó el pedido de los fiscales y la querella.
Tanto los representantes del Minsiterio Público Fiscal como el abogado de la familia Etchevehere apelaron la resolución.
Este miércoles, en su exposición ante la jueza de Paraná María Carolina Castagno, Pagliotto explicó que Dolores Etchevehere cedió hace dos años sus acciones de Las Margaritas a la sociedad anónima Mirus, por lo cual ya no tenía representación en el directorio de la firma de los Etchevehere, que regentea el campo en disputa. «Invadió un campo sobre el que no tenía derecho», aseveró.
En primer lugar, el letrado sostuvo: «Vinimos a discutir en grado de revisión algo que el señor juez de Garantías no supo, no quiso o no pudo resolver en los claros tiempos el artículo 75 del Código Procesal Penal (NdelaR: desalojo) y en los claros términos del artículo 181».
En esa línea, afirmó que se está ante «un caso espejo» donde «muchos ven cómo se van desarrollando sus instancias, para entender qué es lo que puede venir en los próximos tiempos en una Argentina que transita dificultades económicas».
Afirmó que Dolores Etchevehere «de golpe y porrazo irrumpió en el campo con 35 o 40 personas que no eran de la zona» y que esa acción se encuadra en el «modo comisivo de clandestinidad».
«No es entrar a hurtadillas o encubiertos, significa ingresar a un predio eludiendo a quien tiene derecho a repeler su ingreso», explicó.
Más adelante, puso énfasis en un hecho que calificó como «superlativo» para considerar que se está ante el delito de usurpación por parte de Dolores y otras personas: «Un 16 de octubre de 2018, acompañada por su abogado de confianzas, Santiago Yofré Solanet, la señora Dolores Etchevehere de Güiraldes, se apersonó en el estudio notarial del escribano público nacional José Luis Zufiaurre, y le pidió que le comunicara a la presidenta de la sociedad Las Margaritas, su madre, Leonor Maria Magdalena Magdalena Marcial de Etchevehere, que había cedido la totalidad de sus acciones a una sociedad anónima llamada Mirus, que tendría domicilio societario en la provincia de Buenos Aires».
Resaltó que esa comunicación fue ante un escribano que dio fe de ese acto, y que luego se asentó la decisión en el libro de acciones de la sociedad anónima de los Etchevehere, que pasó por los controles de la Inspección General de Personas Jurídicas de Entre Ríos.
Luego expuso otro hecho que llamó su atención. «Para nuestra sorpresa, en otra escribanía de la Capital Federal, en el año 2017, Dolores Etchevehere, hace un mutuo con Mirus. Hubo dos préstamos en dólares que le hizo Mirus a Dolores Etchevehere. ¿Con qué garantizó el préstamo? Con la totalidad del 12,5% de las acciones de Las Margaritas».
Asimismo, subrayó que en noviembre de 2018, Dolores consolidó la cesión de todas sus acciones en Las Margaritas SA a favor de Mirus SA, y que se hizo ante una escribana pública que «eligió voluntaria y libremente».
«El acto está protocolizado y asentado en los libros notariales y pasó por el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», remarcó.
«Lo que hizo la señora es que ejerció un acto invasivo sobre algo que no tenía ningún derecho. Es como que le regale un auto al colega Juan Grabois, que hace dos años le vendí a una concesionaria como parte de pago para sacar uno nuevo», ironizó.
En la parte final de su alocución para solicitar que se anule la resolución del juez Flores, refirió que Dolores Etchevehere también firmó en 2018 un documento en el que desistió de la demanda penal contra su familia, que tramita en el Juzgado de Transición de Paraná a cargo del juez Carlos Ríos.
«Con sus abogados, presentó un escrito dando cuenta del desistimiento del proceso y del cese de las medidas cautelares habidas en auto. Dolores dice que no hay razones suficientes como para proseguir con el trámite en sede penal como querellante. Y pide que se proceda a dictar el sobreseimiento de los cuatro imputados», completó Pagliotto.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora