El abogado penalista Rubén Pagliotto explicó que el embargo preventivo de $26 millones que le trabó la justicia al exgobernador Sergio Urrribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y al ex ministro y actual diputado Pedro Baéz, tiene como fin que los acusados no se deprendan de “los bienes mal habidos” antes de que el caso llegue al juicio oral y público.
La aclaración del letrado denunciante de varias causas de corrupción del gobierno urribarrista es en respuesta a los dichos del defensor de Urribarri, Raúl Barrandeguy, quien sostuvo que “no hay fundamentación jurídica para un embargo” y que “una medida cautelar se debe dar en el contexto de una sentencia”.
Rubén Pagliotto.
El fin de semana Entre Ríos Ahora informó que el 2 de febrero el juez de Garantías José Eduardo Ruhl dispuso un embargo de $26 millones a Urribarri en el marco de la causa que investiga el desvío de publicidad oficial, entre 2010 y 2015, en beneficio de empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, por un monto que supera los $24 millones.
La medida también alcanzó al exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial (FPV) Pedro Báez y al propio Aguilera, más los empresarios Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, también por $26 millones, más la inhibitoria general de bienes.
“La medida –el embargo- busca que cuando los imputados tengan una condena firme se le pueda extinguir el dominio. Es decir, que el Estado pueda recuperar los bienes mal habidos”, explicó Pagliotto en diálogo con Entre Ríos Ahora.
El abogado penalista resaltó que “por la naturaleza del delito donde se afectaron bienes públicos, la medida cautelar tiene por fin trabar un embargo por $26 millones, que es más o menos el monto del daño que hicieron y, por otro lado, una media inhibitoria que impida que se desprendan de bienes mal habidos”.
En relación a las declaraciones de Barrandeguy, que dijo que Urribarri no va a ser condenado, consideró que «no luce como un razonamiento feliz ni muy republicano, sobre todo en una provincia donde existen serias y fundadas sospechas de parte de la ciudadanía respecto a que el fuero penal fue armado y concebido por gente cercana al poder de turno. Más aún, cuando existe la sensación muy extendida de que el Procurador es un hombre cercano al exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputado, a quien autorizó a que declarara en hora inhábil de un día también inhábil para evitar ser entrevistado por la prensa libre”.
En esa dirección, aseguró que “salvo que algunos abogados tengan poderes extrasensoriales, estas expresiones sólo pueden ser producto del optimismo defensista o de algún oscuro como clandestino arreglo en instancias de muy arriba. Deseo fervientemente que sólo sea el deseo infinito del abogado defensor del exgobernador”.
Pagliotto remarcó que “en esta causa la fiscalía dice que se direccionó la publicidad callejera, entonces esta suma de dinero -$26 millones- hay que asegurarla para que en el caso de que los imputados sean condenados, la devolución de bienes no se torne ilusoria”.
En respuesta al defensor del actual presidente de la Cámara de Diputados, resaltó que “no es necesario que se tenga una sentencia para trabar un embargo, porque el carácter de la medida cautelar es preventiva y asegurativa. Se busca llegar a una sentencia con bienes mal habidos asegurados”.
“La causa busca dos efectos: condenar, y que se recupere el dinero, que se llama extinción de dominio. Si hay condena se extingue el domino de lo que tengan Urribarri, Aguilera y compañía, y se regresa al Estado lo que se sustrajo. La medida busca asegurar que de acá hasta que se realice el juicio los imputados no se desprendan de bienes simulando venta o directamente vendiendo”, concluyó.
Gonzalo Núñez
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.