El diputado provincial José Ángel Allende (Frente para la Victoria) permitirá, ahora sí, tras años de espera, que la Justicia indague sobre la forma cómo se convirtió en millonario.
Allende es empleado público. Tiene un cargo improbable en la categoría 10 en la Dirección de Juntas de Gobierno. Pero desde 1999 ocupa, de forma ininterrumpida, una banca en la Cámara de Diputados, y desde 1998 preside la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
En ese tiempo, aumentó su patrimonio de forma llamativa. Es dueño de un haras con caballos pura sangre de competición en Nogoyá; posee dos pisos en el centro de Paraná, uno en calle Cervantes otro en 25 de Junio; una quinta en Sauce Montrull; una camioneta 4×4; un mansión de tres plantas sobre la zona más cara de Paraná, en barrancas del Parque Urquiza; un yate que descansa en el Club Náutico.
En 2011, la Justicia abrió una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y después, otra sobre negociaciones incompatibles con la función pública: siendo legislador, tramitó subsidios para la Fundación Esperanza, dirigida por su esposa, la arquitecta Adriana Satler, ahora funcionaria del Ministerio de Salud.
A finales de 2016, la causa por enriquecimiento comenzó a salir del letargo. Los fiscales Laura Cattáneo, Juan Malvasio e Ignacio Aramberry le pidieron al juez Gustavo Maldonado que apurara la instrucción. Así, la causa por enriquecimiento avanzó sobre el grupo familiar de Allende: quedaron imputados su mujer, Adriana Satler; su exmujer, Diana Traverso y sus hijos Julio, Victoria y Carolina Allende.
Y para el 23 de este mes, Allende está citado a prestar declaración indagatoria, aunque su abogado defensor, Marcos Rodríguez Allende, anunció que podría haber un “acuerdo” que permitiría a Allende y los suyos, en caso de comprobarse el delito, conseguir una pena más atenuada, mediante un juicio abreviado y la “entrega” de algunos bienes cuyo origen se sospecha.
Hay antecedentes al respecto: al exsenador Mario Yedro, condenado por enriquecimiento ilícito, le expropiaron un campo en el departamento Tala.
Rodríguez Allende hizo otro anuncio: que el legislador no se amparará en sus fueros y concurrirá a declarar a Tribunales. Un cambio de postura. La Cámara de Diputados hasta ahora ha hecho valer el espíritu de cuerpo y ha rechazado todo pedido de la Justicia por conseguir el desafuero de legisladores investigados en Tribunales.
Pero la posibilidad de que el diputado Allende pueda acceder al trámite de juicio abreviado fue duramente criticada por el abogado Rubén Pagliotto. Usó una frase cargada de ironía: “Es un juicio arreglado”
«En realidad, los artífices de este acuerdo, deberían llamar las cosas por su nombre: juicio arreglado. Se abrevió (o sea, se redujo) la suma a devolver de lo robado y se eliminó investigar a familiares de Allende que participaron de la trama delictiva. Esos son los arreglos de la Procuración, habilitados por el doctor (Jorge) García. Esta causa estuvo durmiendo años y años en su despacho. Y como aseguran muchos operadores judiciales, fue usada desde la Procuración General, subalternamente, para disciplinar al poder. El mensaje que se da a la sociedad es nefasto y desalentador: extinción parcial de dominio y devolver solamente una parte del botín saqueado a los entrerrianos. Fija un piso de política criminal a partir del cual quien roba sabe que puede zafar devolviendo algo de lo mal habido y reconociendo que se enriqueció ilícitamente. Una burla para todos los ciudadanos, inclusive en desmedro de los ladrones de gallinas”, dice Pagliotto.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.