La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), el gremio al que responde el desplazado presidente del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Isaías Cañete, rechazó la intervención del organismo dispuesta este miércoles por el Poder Ejecutivo.

El sindicato de los judiciales manifestó “su firme apoyo y respaldo al hasta hoy presidente y a todo el directorio obrero de la obra social provincial, fundamentalmente al compañero representante de esta Asociación Fernando Cañete”.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció este miércoles la intervención del Iosper lo que supuso el desplazamiento de los siete directos que habían sido elegidos por el voto directo de los afiliados en 2022.

«Mariano Gallegos se hace cargo de la intervención durante el plazo que la ley plantea. Esta intervención no es solo una medida de tipo administrativa, sino una respuesta a más de un año de trabajo en donde con enorme dificultad la Comisión Fiscalizadora (de Iosper), y las auditorías que implementamos intentaron recabar información sobre el manejo de la obra social -dijo Frigerio al hace el anuncio este miércoles en Casa de Gobierno-. En esos meses, lo que quedó claro es la obstaculización permanente que sufrió la Comisión Fiscalizadora en su trabajo de tratar de poner luz donde había oscuridad. A pesar de esos obstáculos, quedó claro en los informes que recibimos las deficiencias prestacionales de nuestra obra social, el déficit creciente de $20 mil millones, con un déficit promedio de $2 mil millones por mes, sin contar la enorme cantidad de prestaciones que se dilatan mes a mes, en áreas sensibles, como discapacidad y prótesis».

La AJER hizo saber de su “más enérgico rechazo a la intervención del Iosper dispuesta por el Gobernador, ya que se trata de un verdadero atropello a los trabajadores que somos los legítimos dueños de la obra social”.

“La sorpresiva intervención, intempestiva y ejecutada en forma agresiva, genera gran incertidumbre sobre el futuro del Iosper y a las prestaciones que día a día requieren sus 300.000 afiliados, a la vez que representa un golpe institucional innecesario e injustificado, máxime cuando de parte del directorio siempre se buscó una instancia de diálogo en cada uno de los conflictos”, señaló el gremio de los judiciales.

También, manifestó: “En esa dirección y en la búsqueda de acciones totalmente democráticas se puso a disposición la renuncia de la presidencia y la decisión de convocar rápidamente a elecciones de directores en representación de todos los sectores, para la renovación de la conducción del organismo y así facilitar una instancia de acercamiento con el Poder Ejecutivo. Finalmente esto no sucedió. Esta acción del Gobierno vulnera un principio democrático que nunca debió ser avasallado. Frente a esta situación AJER se declara en estado de alerta a fin de seguir el desarrollo de los acontecimientos”.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora