“Venimos a mostrar todo lo que hicimos en Entre Ríos en estos siete años de gestión, en este lugar tan lindo y popular al que vienen a veranear miles de argentinos gracias a este modelo de crecimiento con inclusión social impulsado por Néstor y Cristina Kirchner”.

De ese modo, Sergio Daniel Urribarri se presentó el sábado 3 de enero en la playa La Perla, de Mar del Plata, cuando inauguró el parador que mostraba gigantografías con su cara, en una estrategia más por instalar a nivel nacional el “Sueño Entrerriano”, con un guiño contra quien luego le arrebataría la candidatura presidencialista, el entonces gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. “Acá exprimimos la naranja –el color de campaña de Scioli-“, decía un cartel, con la leyenda “Gobernación Urribarri”. Y, claro, Urribarri exprimió una naranja, y se sacó una foto exprimiendo naranja junto a quien era intendente de la ciudad balnearia, Gustavo Pulti.

Este viernes 15 de diciembre, casi tres años después del montaje de aquel parador que le costó a la Provincia más de $14 millones, y que incluyó la extracción de 30 ejemplares de palmeras de la costa del Uruguay para que después languidecieran cerca del mar, Urribarri fue a rendir cuentas en la Justicia por aquel gasto. Pero lo hizo de un modo muy envalentonado: dijo que “la contratación fue absolutamente legal”, en clara alusión al pago que se hizo a la empresa “El juego en que andamos SRL”, que se había constituido apenas un año antes. Y que esa medida “no mereció objeción alguna de los órganos de control”.

Pero ninguno de los dos organismos jurídicos más importantes del Estado entrerriano, la Fiscalía de  Estado, a cargo de Julio Rodríguez Signes, y la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, al comando de José Gervasio Laporte, tuvieron participación en el trámite del expediente Nº  1656830, que inició el 5 de diciembre de 2014 el Ministerio de Turismo, y que amparo el montaje del parador.

El 12 de diciembre de ese año se dictó el decreto Nº 4.804 que autorizó la “contratación de un servicio de instalación, montaje, logística y puesta en funcionamiento de un Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, para el mes de enero de 2015”.

El generador de aquel expediente fue el área legal y técnica del Ministerio de Turismo. Y según el registro de la página web del Gobierno, no muestra la intervención de ningún otro organismo más que el Ministerio de Turismo.

El 29 de diciembre de 2014, se dicta el decreto Nº 5.120 que aprobó “todo lo actuado en la Licitación Pública Nº 69/14” para instalar el mentado Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en Mar del Plata. Y adjudicó la contratación del servicio a la firma “El juego en que andamos SRL”, por un monto de $14.561.870, “por cumplir con los Pliegos de Condiciones, resultar el precio razonable y conveniente a los intereses del Estado y ajustarse a las característica del servicio requeridos de acuerdo a lo expresado en la oferta y la documentación aportada”.

La licitación resultó curiosa: se presentaron dos firmas nada más. “El juego en que andamos SRL” y “Castromil SRL”. Pero se rechazó la segunda “por no encontrarse inscripta en el Registro de Proveedores del Estado” y haber “cotizado por un precio más alto”.

Todo ese trámite, según Urribarri contó en una declaración pública que distribuyó a los medios tras su presentación en Tribunales este viernes, incluyó la intervención de distintos organismos. Dijo que “así como la Contaduría General de la Provincia se encarga de controlar previamente la legalidad del gasto público, el Tribunal de Cuentas también ejerce el control de forma posterior; y el Poder Legislativo aprueba, observa o desecha la denominada cuenta general del ejercicio. Del mismo modo, el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del poder público”.

Una fuente del Gobierno desmintió al exgobernador. “Del mero control de seguimiento de ese expediente, se puede observar que no pasó por la Fiscalía de Estado ni por la Secretaría de Legal y Técnica del Gobernación. Sólo intervino el Ministerio de Turismo. Y la Contaduría, porque realiza el control preventivo obligatorio”, dice la fuente.

Las dudas en torno a la rapidez del trámite y la falta de participación de organismos de control llegó al senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) a presentar una denuncia en la Justicia, que tramitan los fiscales Alejandro Cánepa, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano. Es el Legajo Nº 58383, caratulado “Urribarri Sergio Daniel, Marsó Hugo José María, Aguilera Juan Pablo, Cargnel Corina, Caruso Gerardo Daniel s/Peculado en concurso ideal con defraudación a la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

La tesis de los fiscales es muy otra que la que plantea el exgobernador.

La acusación de la fiscalía señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870,00 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a presidente en las elecciones generales de 2015. Como es sabido, esa pretensión se frustró cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner eligió como candidato del Frente para la Victoria (FPV) a Daniel Scioli.

Para el cometido, según la fiscalía, se utilizó una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al exdirector de Contenidos del “Fútbol para Todos”, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y la contadora de las empresas de éste. Los imputados por peculado, fraude al Estado y negociaciones incompatibles fueron citados a declarar en el siguiente orden: el 4 de diciembre será la indagatoria a Aguilera y la contadora Corina Cargnel; el 11, la de Marsó y Caruso; y el 15 será el turno de Urribarri. En principio, Marsó y Urribarri estaban citados para el 30 de noviembre y el 1° de diciembre, respectivamente, pero lograron aplazar la indagatoria.

El parador es sólo la punta del Icberg. Alrededor  de los inflables, las palmeras en la arena y el cotillón, hubo otro montaje que en el Ministerio Público Fiscal comenzaron a desmantelar: las maniobras para redireccionar dineros de los entrerrianos a la campaña de Urribarri.

La operación se resume del siguiente modo: la Provincia convocó a una licitación pública con plazos reducidos; a la compulsa se presentaron dos firmas, “Castromil SRL” y “El Juego en que andamos SRL”. La primera perdió, porque, insólitamente, no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, requisito básico y conocido en ámbitos empresariales y públicos.

De modo que descartado el competidor –que en la Justicia consideran ficticio o simulado-, se contrató a la empresa que supuestamente se quería beneficiar desde el inicio. La maniobra continuó cuando la firma contratada gira una parte de ese dinero a la subcontratación de publicidad de campaña. Para hacer efectivo este paso fue indispensable de empresas intermediarias, entre las cuales se encontraban las del cuñado del gobernador.

“El Juego en que andamos SRL”, de la que es socio gerente Gerardo ‘Foia’ Caruso, fue la firma que levantó el parador. En la Justicia cuentan con elementos que probarían que una parte de los $14 millones que se le pagó fueron destinados a subcontratar a la cooperativa de trabajo “X la Plata Publicidad” Ltda. para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri como precandidato a presidente. Por el servicio de cartelería en el vía pública a esta firma se le pagaron $338.800.

La firma que integra Caruso, según la acusación de fiscalía, también habría hecho un “retorno” de dinero en efectivo al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera por $ 2.000.000, a través de transacciones bancarias a las empresas de su propiedad, Tep SRL y Next SRL, y a otras que actuaron como “intermediarias” como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por $2.468.700.

Además, señalan que la operación no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de Corina Cargnel, contadora de las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera. La profesional se habría encargado de confeccionar las facturas para las firmas y los retornos.

Los trámites para contratar a “El juego en que andamos SRL” se iniciaron el 5 de diciembre de 2014, cuando el entonces ministro Hugo Marsó interesó a Urribarri la instalación del parador para difundir la marca Entre Ríos como destino turístico en Mar del Plata. En el expediente de la causa por el parador, se considera que esa solicitud fue justificada de forma “ficticia”, ya que la verdadera razón era promover la precandidatura de Urribarri.

Según la acusación, Urribarri y Marsó tuvieron el “aporte imprescindible” de Gerardo Caruso, socio gerente de la firma contratada y, entonces, director de Contenidos del Fútbol para Todos. Los investigadores entienden que “Foia” contó con “información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”, y que tuvo la connivencia de Urribarri, Marsó y Aguilera. Y recalcan que la licitación pública N°69/14, fechada el 29 de diciembre de 2014, se realizó con una convocatoria con plazos reducidos.

La firma tiene su sede  en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, en manos de los fiscales hay un documento en el que se consignó el domicilio del entonces Secretario de Justicia Rubén Virué, quien renunció al cargo el 5 de junio de 2015.

Ese dato llamó la atención a los investigadores al momento de analizar la documentación referida a la firma que integra Caruso. La dirección de la vivienda particular de Virué es calle Las Heras 207 en la ciudad de Larroque, departamento Gualeguaychú, y aparece en la documentación presentada en la provincia por “El Juego en que andamos”. La acusación fiscal consideró ese dato como ficticio.

Según supo Entre Ríos Ahora, Virué declaró como testigo en la causa hace dos semanas y aclaró por qué su domicilio aparece vinculado a la firma de Caruso. El exfuncionario señaló que se la habría proporcionado su hijo Fernando Virué, un periodista deportivo que trabajó como asistente de producción en “Fútbol para Todos”, donde “Foia” era su jefe.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.