El hotel de lujo en el que usualmente se alojaba la diva de los almuerzos de la TV, Mirtha Legrand, el Costa Galana, de Mar del Plata, acogió, en el verano de 2015, al exgobernador Sergio Urribarri, que ocupó habitaciones de categoría cuando estuvo en esa ciudad en oportunidad de la instalación de un parador de difusión de acciones de Gobierno que el Ministerio Público Fiscal reprocha como parte de las acciones tendientes a instalar la figura del extitular del Ejecutivo como precandidato a la Presidencia de la Nación, lo que se conoció como el «Sueño Entrerriano».
No sólo el exgobernador se alojó en el Costa Galana. También uno de sus hijos, Bruno. En el megajuicio que se sustancia en los tribunales de Paraná contra el ahora embajador argentino en Israel, este martes declaró el empresario publicitario Jorge Nigro, presidente de la firma PuntoAr, subcontratista de Nelly Entertainment SA, para la difusióni de cuatro spots publicitarios en 2014 en ocasión de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. El megajuicio involucra cuatro grandes investigaciones penales por causas de corrupción durante el urribarrismo. Una de esas causas, relacionada con el Sueño Entrerriano, abarca dos investigaciones, la contratación de Nelly Entertainment SA y la instalador del parador de Mar del Plata, sobre lo que declaró Nigro.
El dato que reveló el empresario es que cuando viajó a Mar del Plata Urribarri en 2015 para la inauguración del parador se alojó en el Costa Galana.
«En diciembre de 2015, yo hice una gestión porque el Gobernador quería unas habitaciones que no estaban disponibles en el Costa Galana. Y el Hotel es cliente nuestro. Hacemos varios eventos ahí. Y pudimos reservarle esas habitaciones», contó Nigro.
-¿Quién se contactó con usted por esto?
-Yo no recuerdo. Puede ser que haya sido Sergio. No me lo acuerdo.
-¿Quién era el gobernador?
-Sergio Urribarri.
-¿Qué tipo de habitación les pidió?
-La verdad que no me acuerdo. Sé que había una en tipo suite. El resto no me acuerdo.
-¿Y ese alojamiento recuerda quién lo abonó?
-Entiendo que lo pagamos nosotros.
-¿Más de una habitación o una sola?
-Me parece que eran más de una habitación.
El diálogo fue entre el fiscal Gonzalo Badano y el empresario Nigro, que declaró como testigo en el megajuicio. Detalló que Urribarri y parte de su familia se alojaron en el Hotel Costa Galana los días 2, 4, 10, 11, 15 y 19 de enero de 2015. Por esa estadía, hubo dos facturas: una por $200 mil pesos; otra, por $84 mil. Las habitaciones que ocuparon fueron «de categoría superior, presidencial, de lujo».
-¿Lo llamó por teléfono algún miembro de la familia Urribarri?
-Sí. En su momento, me llamó Bruno. La verdad que no me acuerdo los nombres de los chicos. Sé que alguien me llamó. Entiendo que era verano y necesitaba entrar a algún bar o boliche.
-¿Con Sergio habló?
-Sí, hablé. Quería ir a pescar.
-¿Con Aguilera?
-No, no recuerdo.
-¿En algún momento le devolvieron el dinero del Costa Galana?
-No.
Hotel Costa Galana, Mar del Plata.
Cumbre Mercosur y parador marplatense
Como reveló Entre Ríos Ahora el 11 de octubre de 2015, la oferta de la agencia porteña Nelly Entertainment SA presentaría deficiencias. Por ejemplo, que los documentos societarios que el “Corcho” Rodríguez debió acompañar para ganar el cotejo de precios, fueron certificados por un escribano público de Buenos Aires el mismo día en que se presentaron en Paraná, e incluso en algún caso, un día después.
El contrato original con Nelly Entertainment SA fue por $31 millones. Pero después el Gobierno salió a “corregir” esa cifra. A través del decreto Nº 5.364 se indicó que una de las agencias publicitarias contratadas para la difusión de la 47ª Cumbre de Presidentes del Mercosur comunicó “el día 11 de diciembre del corriente año, diferencias surgidas en la duración de los spots suministrados, así como algunos cambios de último momento en la grilla de los canales, lo cual generó una demora en el inicio de la campaña, que provocó la necesidad de reprogramar dicha grilla prevista manteniendo el mismo impacto comunicacional, lo cual a su vez se tradujo en una disminución del monto presupuestado, siendo el nuevo valor total” de $28.400.000.
El expediente administrativo Nº 1656798, llamado “Área Técnico Administrativa – Dirección General de Despacho – Subsecretaría de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos – Secretaría de Comunicación – Ministerio de Cultura y Comunicación – Poder Ejecutivo” ampara la contratación de los 4 spots publicitarios con Nelly Entertainment SA.
Sin embargo, el negocio millonario habría sido incorrectamente encuadrado en la autorización legislativa del artículo 2º de la Ley 10.327, que autorizó a la administración del gobernador Sergio Urribarri a contratar en forma directa, sin licitación. En esa norma, permitió al Poder Ejecutivo realizar contrataciones directas para obras, servicios y suministros “inherentes” a la reunión de Jefes de Estado que se realizó en diciembre del año pasado en Paraná, pero los videos que el Ministerio de Cultura hizo difundir en las redes sociales se referían a propaganda de la gestión de los siete años de gobierno de Sergio Urribarri.
Y hubo una celeridad pasmosa: el trámite de aprobación de la contratación consiguió el visto bueno de diez funcionarios del máximo nivel de los organismos de control interno del Estado Provincial en sólo 5 días hábiles.
No es menos llamativo que en sólo 4 días se haya realizado todo el procedimiento de compra, incluido el llamado a ofertar, que sólo se publicó en El Diario de Paraná y pese a ello concitó la atención de cuatro empresas de Buenos Aires.
Al acercar su oferta, Nelly Entertainment SA expuso en su carta de presentación su propuesta de “difusión de acciones comunicaciones que permitan instalar en todo el territorio nacional el resultado de la gestión de los últimos siete años de Gobierno”. Quizás el apuro, el entusiasmo o vaya a saber qué motivo, llevó a Rodríguez y De Vido a revelar el verdadero objetivo de la contratación directa, sin mencionar siquiera la 47° Cumbre del Mercosur.
El segundo detalle es más grave: pese a que el sobre cerrado con la oferta de Nelly Entertainment SA ingresó a la Mesa de Entradas de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el 9 de diciembre de 2014, a las 7,31, ese mismo 9 de diciembre de 2014, el escribano Antonio Miguel Berro Madero, de la localidad bonaerense de San Isidro, estaba certificando las copias que la empresa debía presentar en el marco de la convocatoria de la Resolución 54 de la Unidad Operativa.
Peor aún, el 10 de diciembre de 2014 –un día después de que la empresa presentó la oferta con las copias certificadas de sus estatutos y demás aspectos formales requeridos– el Colegio de Escribanos de San Isidro dio fe de que la firma del apoderado de la empresa y responsable de la presentación del sobre en Paraná, Pablo Carlos Guerrero, correspondía a ese notario, socio de Berro Madero en la Escribanía de calle 384 1º Piso Oficina 1 de la ciudad de San Isidro.
El detalle no es menor. Probaría que los requisitos para la presentación de la oferta fueron cumplidos un día después de que, según el expediente, se acercó efectivamente la propuesta de Nelly Entertainment. Es decir que, o son falsas las certificaciones de los documentos de la empresa publicitaria, o se falseó la fecha de su presentación ante la Unidad Operativa para incluirla entre las ofertas válidas.
La otra causa a la que se refirió de modo tangencial el empresario Nigro tiene que ver con la instalación del parador playero en Mar del Plata.
Sergio Daniel Urribarri se presentó el sábado 3 de enero de 2015 en la playa La Perla, de Mar del Plata, cuando inauguró el parador que mostraba gigantografías con su cara, en una estrategia más por instalar a nivel nacional el “Sueño Entrerriano”, con un guiño contra quien luego le arrebataría la candidatura presidencialista, el entonces gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. “Acá exprimimos la naranja –el color de campaña de Scioli-“, decía un cartel, con la leyenda “Gobernación Urribarri”. Y, claro, Urribarri exprimió una naranja, y se sacó una foto exprimiendo naranja junto a quien era intendente de la ciudad balnearia, Gustavo Pulti.
El viernes 15 de diciembre de de 2017, casi tres años después del montaje de aquel parador que le costó a la Provincia más de $14 millones, y que incluyó la extracción de 30 ejemplares de palmeras de la costa del Uruguay para que después languidecieran cerca del mar, Urribarri fue a rendir cuentas en la Justicia por aquel gasto. Pero lo hizo de un modo muy envalentonado: dijo que “la contratación fue absolutamente legal”, en clara alusión al pago que se hizo a la empresa “El juego en que andamos SRL”, que se había constituido apenas un año antes. Y que esa medida “no mereció objeción alguna de los órganos de control”.
Pero ninguno de los dos organismos jurídicos más importantes del Estado entrerriano, la Fiscalía de Estado, a cargo de Julio Rodríguez Signes, y la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, al comando de José Gervasio Laporte, tuvieron participación en el trámite del expediente Nº 1656830, que inició el 5 de diciembre de 2014 el Ministerio de Turismo, y que amparo el montaje del parador.
El 12 de diciembre de ese año se dictó el decreto Nº 4.804 que autorizó la “contratación de un servicio de instalación, montaje, logística y puesta en funcionamiento de un Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, para el mes de enero de 2015”.
El generador de aquel expediente fue el área legal y técnica del Ministerio de Turismo. Y según el registro de la página web del Gobierno, no muestra la intervención de ningún otro organismo más que el Ministerio de Turismo.
El 29 de diciembre de 2014, se dicta el decreto Nº 5.120 que aprobó “todo lo actuado en la Licitación Pública Nº 69/14” para instalar el mentado Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en Mar del Plata. Y adjudicó la contratación del servicio a la firma “El juego en que andamos SRL”, por un monto de $14.561.870, “por cumplir con los Pliegos de Condiciones, resultar el precio razonable y conveniente a los intereses del Estado y ajustarse a las característica del servicio requeridos de acuerdo a lo expresado en la oferta y la documentación aportada”.
La licitación resultó curiosa: se presentaron dos firmas nada más. “El juego en que andamos SRL” y “Castromil SRL”. Pero se rechazó la segunda “por no encontrarse inscripta en el Registro de Proveedores del Estado” y haber “cotizado por un precio más alto”.
Todo ese trámite, según Urribarri contó en una declaración pública que distribuyó a los medios tras su presentación en Tribunales este viernes, incluyó la intervención de distintos organismos. Dijo que “así como la Contaduría General de la Provincia se encarga de controlar previamente la legalidad del gasto público, el Tribunal de Cuentas también ejerce el control de forma posterior; y el Poder Legislativo aprueba, observa o desecha la denominada cuenta general del ejercicio. Del mismo modo, el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del poder público”.
Las dudas en torno a la rapidez del trámite y la falta de participación de organismos de control llegó al senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) a presentar una denuncia en la Justicia, que tramitan los fiscales Alejandro Cánepa, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano. Es el Legajo Nº 58383, caratulado “Urribarri Sergio Daniel, Marsó Hugo José María, Aguilera Juan Pablo, Cargnel Corina, Caruso Gerardo Daniel s/Peculado en concurso ideal con defraudación a la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
La tesis de los fiscales es muy otra que la que plantea el exgobernador.
La acusación de la fiscalía señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870,00 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a presidente en las elecciones generales de 2015. Como es sabido, esa pretensión se frustró cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner eligió como candidato del Frente para la Victoria (FPV) a Daniel Scioli.
Para el cometido, según la fiscalía, se utilizó una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al exdirector de Contenidos del “Fútbol para Todos”, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y la contadora de las empresas de éste. Los imputados por peculado, fraude al Estado y negociaciones incompatibles fueron citados a declarar en el siguiente orden: el 4 de diciembre será la indagatoria a Aguilera y la contadora Corina Cargnel; el 11, la de Marsó y Caruso; y el 15 será el turno de Urribarri. En principio, Marsó y Urribarri estaban citados para el 30 de noviembre y el 1° de diciembre, respectivamente, pero lograron aplazar la indagatoria.
El parador es sólo la punta del Icberg. Alrededor de los inflables, las palmeras en la arena y el cotillón, hubo otro montaje que en el Ministerio Público Fiscal comenzaron a desmantelar: las maniobras para redireccionar dineros de los entrerrianos a la campaña de Urribarri.
La operación se resume del siguiente modo: la Provincia convocó a una licitación pública con plazos reducidos; a la compulsa se presentaron dos firmas, “Castromil SRL” y “El Juego en que andamos SRL”. La primera perdió, porque, insólitamente, no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, requisito básico y conocido en ámbitos empresariales y públicos.
De modo que descartado el competidor –que en la Justicia consideran ficticio o simulado-, se contrató a la empresa que supuestamente se quería beneficiar desde el inicio. La maniobra continuó cuando la firma contratada gira una parte de ese dinero a la subcontratación de publicidad de campaña. Para hacer efectivo este paso fue indispensable de empresas intermediarias, entre las cuales se encontraban las del cuñado del gobernador.
“El Juego en que andamos SRL”, de la que es socio gerente Gerardo ‘Foia’ Caruso, fue la firma que levantó el parador. En la Justicia cuentan con elementos que probarían que una parte de los $14 millones que se le pagó fueron destinados a subcontratar a la cooperativa de trabajo “X la Plata Publicidad” Ltda. para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri como precandidato a presidente. Por el servicio de cartelería en el vía pública a esta firma se le pagaron $338.800.
La firma que integra Caruso, según la acusación de fiscalía, también habría hecho un “retorno” de dinero en efectivo al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera por $ 2.000.000, a través de transacciones bancarias a las empresas de su propiedad, Tep SRL y Next SRL, y a otras que actuaron como “intermediarias” como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por $2.468.700.
Además, señalan que la operación no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de Corina Cargnel, contadora de las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera. La profesional se habría encargado de confeccionar las facturas para las firmas y los retornos.
Los trámites para contratar a “El juego en que andamos SRL” se iniciaron el 5 de diciembre de 2014, cuando el entonces ministro Hugo Marsó interesó a Urribarri la instalación del parador para difundir la marca Entre Ríos como destino turístico en Mar del Plata. En el expediente de la causa por el parador, se considera que esa solicitud fue justificada de forma “ficticia”, ya que la verdadera razón era promover la precandidatura de Urribarri.
Según la acusación, Urribarri y Marsó tuvieron el “aporte imprescindible” de Gerardo Caruso, socio gerente de la firma contratada y, entonces, director de Contenidos del Fútbol para Todos. Los investigadores entienden que “Foia” contó con “información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”, y que tuvo la connivencia de Urribarri, Marsó y Aguilera. Y recalcan que la licitación pública N°69/14, fechada el 29 de diciembre de 2014, se realizó con una convocatoria con plazos reducidos.
La firma tiene su sede en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, en manos de los fiscales hay un documento en el que se consignó el domicilio del entonces Secretario de Justicia Rubén Virué, quien renunció al cargo el 5 de junio de 2015.
Ese dato llamó la atención a los investigadores al momento de analizar la documentación referida a la firma que integra Caruso. La dirección de la vivienda particular de Virué es calle Las Heras 207 en la ciudad de Larroque, departamento Gualeguaychú, y aparece en la documentación presentada en la provincia por “El Juego en que andamos”. La acusación fiscal consideró ese dato como ficticio.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.