«Los tiempos son complicados», admite Oscar Muntes, titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), respecto de la convocatoria que hizo el Gobierno para el martes 21 para discutir la pauta para octubre.

ATE irá con la demanda de que se acuerde octubre y noviembre. El Ejecutivo ha dado hasta ahora un aumento anual del 110%, pero la inflación acumulada en 2023 es del 120%, según la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, Muntes sostuvo que se pedirá un 17% para octubre -el 10% de desfase más el 7% por encima de la inflación- y además un 10% de anticipo por noviembre.

«Pero es muy difícil todo. Entendemos que debemos contar con una propuesta acordada antes del 22 porque de otro modo no va a entrar en la liquidación del salario de octubre. Si no acordamos octubre y noviembre, y se deja noviembre para cuando se conozca el índice de inflación, va a ser el próximo gobierno el que tenga que definir el aumento. El trabajador no entiende que se tenga que esperar tanto. El compañero quiere el aumento ya y no seguir esperando», planteó.

Hasta septiembre, el Gobierno otorgó una mejora general en los salarios para estatales y docentes del 110%, mientras que la inflación acumulada en los primeros nueves meses de 2023 fue del 103%. El Indec difundió este miércoles que una familia tipo necesitó $345.295 para no quedar bajo la línea de pobreza.

“Mantenemos el compromiso de seguir trabajando para que los salarios le ganen a la inflación, y teniendo en cuenta el contexto actual y la transición de gestión, tomaremos decisiones con responsabilidad”, había dicho el ministro de Economía, Hugo Ballay al término del último encuentro con ATE y UPCN que se desarrolló en el Salón de Gobernadores de la Casa Gris. Sin embargo ratificó que a partir del 1º de noviembre las asignaciones familiares de la provincia se equipararán a las nacionales.

El dato de octubre del Indec, que se conocerá este lunes, confirmará el nuevo piso, en torno de las dos cifras mensuales, en el que se ubicó el alza del costo de vida tras las PASO y la devaluación del tipo de cambio oficial que convalidó el Gobierno. Las consultoras privadas estimaron la inflación del mes pasado en alrededor del 10%, algo que se confirmó en el último dato oficial publicado. Se trata del IPC porteño publicado esta semana, que estimó un 9,4% en el mes, con subas del 9% en alimentos y del 10,1% en la inflación núcleo.

Hasta septiembre, la gestión Fernández-Kirchner acumula un 744% de inflación, según las mediciones del Indec desde diciembre de 2019 hasta el último dato disponible. Y, al cotejar esa variación con presidencias anteriores, los números dan cuenta de un fracaso sostenido en el manejo de esta variable en las últimas décadas, que cruza distintas administraciones.

 

En igual cantidad de meses transcurridos desde su llegada a la Casa Rosada, el gobierno de Cambiemos (Mauricio Macri) acumulaba 260% de inflación. Ese número, a su vez, es mayor al que marcó el alza del costo de vida durante las dos presidencias de Cristina Kirchner (116% y 172%, respectivamente), según las estimaciones del analista Salvador Vitelli, director de Research en Romano Group. Y este último punto incluye un asterisco: se consideró la variación del IPC de San Luis porque desde 2007 el Gobierno manipuló las estadísticas del Indec, justamente para intentar ocultar la aceleración inflacionaria consecuencia de la política macroeconómica.

Con una tendencia alcista en los últimos años, el ritmo de ajuste de los precios internos se incrementó fuertemente en los últimos meses, después de las primarias y el salto cambiario. Aun con el tipo de cambio fijo desde entonces en $350, acuerdos de precios en alimentos y otros rubros “pisados” o congelados (tarifas de servicios públicos, transporte, salud privada), la inflación se aceleró en distintas categorías y profundizó una silenciosa brecha que se esconde detrás del índice de precios al consumidor (IPC).

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora