Luego de la decisión de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) de ir a un paro de 48 horas, entre miércoles y jueves, en demanda de la aplicación de la Ley de Enganche Salarial, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos reaccionó y volvió a pedir a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se «garantice» la prestación del servicio de justicia en la Provincia.
El reclamo de los profesionales no es nuevo. Ahora, el presidente del Colegio de Abogacía, Alejandro Canavesio, presentó una nota al STJ en la que expresa “la incertidumbre e intranquilidad” ante las “medidas de fuerza extremas, como un paro de 48 horas” por parte del gremio de empleados judiciales y solicita que “arbitre todos los medios y facultades, ordinarios y extraordinarios, que posee a fin de evitar la suspensión del servicio de justicia”.
La decisión del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos de peticionar ante las máximas autoridades de la justicia entrerriana por el paro de los judiciales surgió de la reunión del Consejo Directivo realizada el día sábado pasado en Colón y fue apoyada por los presidentes de Sección.
En la nota se manifiesta la “incertidumbre e intranquilidad que padecemos los profesionales del derecho entrerrianos ante la decisión de realizar medidas de fuerza extremas, como un paro de 48 hs. sin asistencia a los lugares de trabajo y con quite de colaboración el miércoles 1° y el jueves 2 de septiembre próximos, por parte del gremio Asociación Judicial de Entre Ríos, lo que implica, ni más ni menos, la paralización total de servicio de justicia y la consecuente privación de la tutela judicial continua y efectiva en nuestra provincia.”
Además, se remarca que desde el Colegio de la Abogacía se “ha intentado, desde el mes de junio pasado con la convocatoria a una Mesa de diálogo, que todos los actores del servicio de judicial entrerriano podamos superar la difícil situación de salubridad, social y económica que afecta a nuestro país y a nuestra provincia”.
“No podemos perder de vista que estas decisiones gremiales afectan a los ciudadanos que peticionan justicia, pero fundamentalmente a los sectores socialmente más vulnerables”, sostienen los abogados en la nota.
Por esto, desde el CAER peticionan “que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos arbitre todos los medios y facultades, ordinarios y extraordinarios, que posee a fin de evitar la suspensión del servicio de justicia, en especial las audiencias y la atención de los profesionales y que las resoluciones y sentencias decisiones peticionadas por las partes sean “decididos en tiempo razonable, sin dilaciones indebidas”.
El reclamo de los judiciales
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El 26 de octubre de 2011, la Legislatura sancionó la Ley N° 10.068 que estableció que “a las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional,, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente”.
Es lo que se conoce como Ley de Enganche Salarial. La vigencia de la Ley de Emergencia Solidaria, que la Legislatura sancionó en julio de 2020 y que tuvo vigencia hasta junio último, dejó en suspenso la aplicación de esa ley y por tanto los salarios de los judiciales fueron resueltos por el Poder Ejecutivo. Pero sin Ley de Emergencia, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) salió a alertar que la Ley de Enganche sigue suspendida, y por eso resolvieron ir al paro en los Tribunales de la Provincia.
Tras conocer el texto del decreto N° 1.805, del 15 de julio último, a través del cual el Gobierno dispuso un aumento de salarios del 8% sobre los haberes de febrero «al Escalafón Judicial y del Tribunal de Cuentas», los trabajadores decidieron iniciar medidas de fuerza para reclamar la restitución de la aplicación de la Ley de Enganche.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora