El armisticio que ahora se dio entre el Gobierno y los maestros sucede luego de un conflicto que insumió un total de 14 días de paro en las escuelas desde que se inició el ciclo lectivo 2017, el 6 de marzo último.

Pero de todas esas medidas de fuerza, la administración del gobernador Gustavo Bordet sólo aplicó descuentos por paros por la primera semana de huelga, al inicio del ciclo lectivo. O sea, sólo cinco días.

El resto de los paros entró en una “negociación”, junto con la pauta salarial: primero del 18%, el 22 de febrero; después, del 21%, el 18 de abril; luego, del 23,5%, el 2 de mayo. Fue la última oferta, aunque después, en dos sucesivas reuniones, se fue perfeccionando.

Un elemento clave que incluyó la última propuesta salarial, que se conoció el jueves 18, en Casa de Gobierno, durante una reunión que presidió el vicegobernador Adán Bahl, fue la inclusión de una cláusula que se convino de palabra: si los docentes aceptaban la oferta salarial, habría devolución de los cinco días descontados por paro en marzo.

Pero tanto desde el Gobierno como desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el mayor sindicato del sector, que este lunes decidió aceptar la propuesta oficial, dijeron que esa propuesta no quedaría incluida en ningún documento. Aunque dieron una fecha: este viernes comenzaría la devolución de los montos descontados por paro en el mes de marzo.

Según cálculos hechos por miembros de Agmer, en promedio, cada docente que soportó quitas salariales por adherir a las medidas de fuerza recibirá unos $3.000 de bolsillo en concepto de devolución. No serán todos, caro, los 40 mil maestros. Sólo aquellos a los que se les aplicaron quitas salariales por paro.

Por aquellos 5 días, un docente perdió el 21% de su sueldo.

Pero además de recuperar lo descontado, desde Agmer reclaman la derogación de las normas que amparan la aplicación de los descuentos por paro.

En marzo último, el Consejo General de Educación (CGE) accedió a dejar en suspenso la aplicación de la resolución Nº 2.566, del año 2016.

A través de la circular N° 11, fechada este martes 18 de abril último, Educación informó que queda “momentáneamente suspendida la aplicación de la resolución N° 2.566/16  en pos de encontrar y fortalecer soluciones a partir de la apuesta al diálogo dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial”.

Pero no es la única norma que legaliza las quitas salariales.

Los descuentos por días de paro que aplica el Gobierno se apoyan en una serie de directivas.

 

La principal, la directiva Nº 30, emitida en 2007 por el exgobernador Jorge Busti, que dispuso que los servicios administrativos contable sólo abonen los días efectivamente trabajados por los agentes del Estado.

 

Esa circular, la N° 30, impuso la determinación de “hacer cumplir el principio que se debe remunerar por prestaciones laborales efectivamente realizadas” por parte de los agentes del Estado.

 

El viernes 22 de agosto de 2008, la administración del exgobernador Sergio Urribarri reflotó la vigencia de aquella circular, a través del decreto N° 4.940, que estableció que el Ejecutivo podía tomarse hasta diez días para abonar los salarios a los activos, y hasta 20 días para los pasivos.

 

El artículo 4° de ese decreto “ratificó” la vigencia de la circular N° 30 dictada por Busti.

 

A esa disposición, le siguió el dictado de la resolución Nº 2.565, emitida por el Consejo de Educación en 2008, que creó el manual de funciones de los rectores y directivos de escuela, y les impuso como obligación, entre sus funciones, la de informar sobre ausencias por adhesión a las huelgas de parte de los docentes.

 

Luego, el 4 de agosto de 2016, aquella normativa se amplió con la publicación de la resolución Nº 2.566, también del CGE, que amplió el trabajo del personal directivo de las escuelas e incorporó un apartado en el que se incluyó entre “las funciones y responsabilidades del personal directivo”, la tarea de “realizar el control y carga de las asistencias del personal del establecimiento mediante el Sistema de Administración de Gestión Educativa (Sage)”.

 

La información que colecta el Sage sirve para la liquidación de los sueldos en forma mensual, y para el control de asistencia.

De momento, el Gobierno accedió a suspender la aplicación de la resolución Nº 2.566, del año 2016. Pero sigue en pie el resto del ordenamiento legal que sanciona los paros docentes.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

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