El médico César Pazo, cuya última militancia lo ubica dentro de las filas de la Red de Familias Entrerrianas, entidad con férrea oposición a la legalización del aborto, pero que ha transitado por distintos espacios políticos, escribió una carta pública dirigida al gobernador Gustavo Bordet, con un pedido específico: que se lo designe en el cargo de jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San Martín, de Paraná.
«Me dirijo a Usted con el fin de que vea la posibilidad de que pueda asumir el cargo que debería estar dirigiendo, desde 2015 en forma interina, y desde el 1° ae Agosto de 2020 en forma definitiva. Según la Ley 9.892, artículo 23 y otros, para poder realizar los controles cardiovasculares, en equipos en la periferias, y en localidades con bajo nivel de complejidad médica que son presas del temor», dice el texto que publicó Pazo.
La carta está fechada el 15 de julio «vísperas de Ntra. Señora del Carmen de Nogoyá» y dice: «Las características de la pandemia hacen que tengamos que utilizar todo el ingenio para la protección de la salud de la población que tenemos a nuestro cargo». Y agrega: «Para eso existen equipos médicos de diferente nivel de complejidad de acción sobre las distintas pero complementarias actividades de prevención, curación, y rehabilitación de la salud en las diferentes franjas etareas».
Después de reprochar a Bordet el manejo de la pandemia -asintió los lineamientos de la Nación, pero sin que se hayan bajado recursos, observa Pazo-, ingresa en un territorio de lenguaje bélico. «Como en toda guerra (porque esto es una guerra mundial contra un virus y todas sus consecuencias, sociales, económicas, alimentarias, educativas, de salud, de seguridad, etc); debe existir una complementariedad organizada, de agrupaciones múltiples, Ejército, Fuerza Aérea, Marina, etc, En el caso de la pandemia, la potencia de una acción reside mucho más en la complementariedad, y en dar una respuesta acertada a las exigencias múltiples de la realidad política y social», postuló.
Pazo plantea luego: «Nuestra provincia, nuestros pueblos, no se inventaron ayer, Están, han perdido muchos valores, y ahora son golpeados por la epidemia, de la economía, que es un complemento mortal de la pandemia por el Covid- 19».
¿Quién es Pazo?
Su última aparición pública fue en noviembre de 2019, durante las audiencias públicas en el Concejo Deliberante para elegir el nuevo Defensor del Pueblo. En ese proceso de selección, Pazo se postuló, aunque luego el trámite no prosperó y no hubo elección de Defensor del Pueblo.
Militó en el Partido Popular de la Reconstrucción (PPR), que fundara el líder carapintada Mohamed Alí Seineldín, estuvo con el bustismo, luego se alineó con el partido de Sergio Massa, el Frente Renovador, en 2015 apoyó la fórmula de Alfredo de Ángeli para la Gobernación, y de Sergio Varisco para la intendencia, y más tarde se arrimó al calor de los grupos «provida» que durante todo 2018 batallaron contra la legalización del aborto.
Su nombre, además, quedó registrado en un expediente judicial.
El 7 de noviembre de 2018, la Fiscalía de Estado de Entre Ríos presentó el comprobante de depósito de la suma a la que lo condenó la Justicia en el marco de una causa civil iniciada por una mujer, a la que le fue negado el acceso a la práctica de un aborto no punible, fue obligada a continuar con su embarazo, dio a luz fuera de la provincia y como consecuencia sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) cuyas secuelas la acompañan de por vida.
El monto global que depositó la provincia en la Justicia es de $646.720,25, “correspondiente al pago total de capital condenado ($460.32,25) y honorarios regulados en primera y segunda instancia al doctor Martín Rodrigo Navarro ($91.750) y $41.300, respectivamente) y doctor Arsenio Aditardo Navarro en primera instancia ($18.350) y los honorarios de la Perito Médica Nadina Desiree Schumacher ($35.000)”, según el texto de la presentación que hizo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
El 10 de septiembre de 2018, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, con el voto del juez Oscar Benedetto, al que adhirió Eduardo Romeo Carbó, con la abstención de Graciela Aída Basaldúa, confirmó un fallo que había dictado un año atrás, el 22 de septiembre de 2017, el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 7, Martín Furman, que condenó al Estado a pagarle a MG, una mujer oriunda de María Grande, una indemnización por los daños ocasionados al negarle una práctica que había recomendado un comité de profesionales del Hospital San Roque, pero que le fue negada en el Hospital San Martín.
La Cámara Civil consideró “reprobable y antijurídica” la actitud del Estado al haber impedido a una mujer “corregir su patología cardíaca de base y negarle la posibilidad de concretar la ligadura de trompas como medio anticonceptivo lícito sin justificación alguna, ambos derechos humanos fundamentales: al disfrute del más alto nivel posible de salud y a decidir no tener más embarazos; todo lo cual desembocó en la gravidez cuya interrupción había consentido y tampoco pudo llevar a cabo por los motivos expuestos, y en la posterior cesárea y el accidente cerebro vascular”.
En primera instancia, el juez Furman condenó al Estado a pagarle $448.000,00 más $12.320,25 por daños y perjuicios.
El día 9 de agosto de 2011, MG fue evaluada por la médica residente Romanela Montenegro. Esa profesional solicitó una interconsulta con Cardiología. El día 10 la atiende otra residente, María Gimena Fernández, que también pidió interconsulta con Cardiología. Ese mismo día la vuelve a controlar Montenegro, y también la doctora Lucía López. Y después, la doctora María Belén Montero.Entonces, aparece la intervención del médico César Pazo, un militante pro vida que ahora se muestra junto a la Red de Familias Entrerrianas, una ONG antiaborto. En la historia clínica de MG “obra un asiento, sin fecha” de la intervención de Pazo. ¿Por qué intervino y provocó que MG no accediera al aborto recomendado por el ateneo interdisciplinario del Hospital San Roque? El juez Furman entendió que su intervención fue “por motivos ideológicos y no estrictamente médicos”.“Es importante recordar -sostiene el magistrado- que el aborto era legítimo porque se justificaba para proteger la salud y la vida de la mujer embarazada. Así, es claro que Pazo interfirió indebidamente en una decisión legítima que la paciente ya había tomado para proteger su salud y su vida, violando su derecho humano a gozar del más alto nivel posible de salud”-Conseguida la interrupción del aborto y de la cirugía de ligadura de trompas, MG fue devuelta al Hospital San Roque y, desde allí, derivada al Hospital Posadas, de Buenos Aires. “Entonces, es evidente que la actora sí consintió la cancelación del aborto y que ella decidió continuar con su embarazo. No fue alegado que haya viajado a la Provincia de Buenos Aires privada ilegalmente de su libertad ni que así haya estado durante su internación.
Ahora bien, ese consentimiento y esa decisión están viciadas”, dice el fallo.Para la Justicia, lo “concreto y no controvertido es que el embarazo continuó y que la actora sufrió el ACV el día 2/12/2011, es decir, en el séptimo día post cesárea, y estando todavía internada. No lo sufrió antes de estar embarazada ni tampoco un año después del parto, sino, insisto, siete días después. Y, como también dijo la experta, en las mujeres embarazadas que sufren la Tetralogía de Fallot no corregida, los cambios hemodinámicos pueden agudizarse. En otras palabras, también es posible y probable que el ACV haya sido consecuencia de no haber interrumpido el embarazo”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora