El exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial (Frente para la Victoria), Pedro Ángel Báez, designó a los abogados defensores para que lo representen en la causa que, de momento, salpica sólo al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri y actual funcionario del Senado, Juan Pablo Aguilera.
La causa, que tramitan los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo, está caratulada “Aguilera Juan Pablo y Otros S/ Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la Función Pública, Fraude a la Administración Pública, Peculado, Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público, Falsificación de Documentos Públicos”.
A Aguilera los investiga la Justicia en su doble rol de proveedor del Estado, a través de la empresa Tep SRL (Antes Cinco Tipos) y funcionario ya que era, primero, secretario de la Cámara de Senadores y, después, titular de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, durante la administración del marido de su hermana, Ana Lía Aguilera, el exgobernador Urribarri.
A la cabeza del equipo de letrados de Báez está Ignacio Díaz, expresidentes de la sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos, y que ya tiene experiencia en transitar Tribunales con causas que involucran a exfuncionarios. Tuvo a su cargo la defensa de Roberto Forta en la causa en la que resultó condenado a prisión el exsenador Abelardo Pacayut por el desvío de 14 millones de dólares de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) destinado al Puerto Ibicuy.
También Díaz ejerció la defensa de otro exfuncionario, Gustavo Borrajo, condenado a dos años de prisión condicional como autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones. Borrajo llegó a Tribunales acusado de haber direccionado una operación de auditoría convenida entre el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima y el gobierno de la provincia, en favor del estudio jurídico “Sábato-Rioja & Asociados”, en Capital Federal, y del cual él mismo sería integrante.
Borrajo fue, además, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Provincia.
Junto a Díaz, el abogado José Velázquez se sumó a la defensa del exministro Báez.
A mediados de septiembre último, la fiscal Yedro resolvió caratular una causa que, en principio, fue impulsada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. La fiscal Yedro consieró que “los Sres. Sergio Daniel Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar. Así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente”.
La fiscal le pidió a Urribarri y Báez que designaran abogados. Al exgobernador lo representa Marcos Rodríguez Allende; el legislador Baez ahora también designó a sus propios defensores en una causa que promete dar que hablar.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.